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Versiones taquigr√°ficas 2002

Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor presidente: voy a fundar mi voto favorable al dictamen en minor√≠a, porque me parece que la consideraci√≥n de este asunto no puede quedar sin un an√°lisis de la postura que est√° reflejada en dicho dictamen. 
A nuestro juicio, ac√° se ha producido un irregular proceder del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Naci√≥n, que se pone de manifiesto tanto en la cantidad de impugnaciones por las que se han deducido los pliegos presentados, as√≠ como tambi√©n en la trascendencia p√ļblica que ha tomado esta cuesti√≥n. 
La ley 20.957, de 1975, establece lo que se denomina el r√©gimen jur√≠dico del Servicio Exterior de la Naci√≥n. Su art√≠culo 1¬į dispone que el personal del Servicio Exterior de la Naci√≥n es el instrumento de ejecuci√≥n de la pol√≠tica exterior nacional. El art√≠culo 12 dispone que el ingreso, promoci√≥n y separaci√≥n de los funcionarios del Servicio Exterior de la Naci√≥n se debe hacer de acuerdo con las prescripciones de la Constituci√≥n, la ley 20.957 y la reglamentaci√≥n de esa norma legal. El art√≠culo 14 dispone que los ascensos ser√°n anuales. Y dice textualmente: "Los ascensos se realizar√°n por antig√ľedad y por m√©ritos, en todas las categor√≠as en la proporci√≥n que determine la reglamentaci√≥n, de acuerdo con las vacantes disponibles... 
El art√≠culo 17 dispone que la Junta Calificadora debe preparar el grado de prioridad que deber√°n ocupar los funcionarios en la propuesta de ascensos, de acuerdo con su respectiva antig√ľedad y m√©rito. El art√≠culo 22, inciso c) prescribe que es derecho de los funcionarios ser promovidos de acuerdo con las disposiciones de la ley. El art√≠culo 37 dice que es funci√≥n de la Junta Calificadora asistir al ministro en lo referente a las promociones. 
Esta ley 20.957 est√° reglamentada por el decreto 1.973 de 1986, el que en su art√≠culo 14 prescribe qu√© debe entenderse por m√©ritos y qu√© por antig√ľedad para los ascensos. Al hablar de los m√©ritos dice que se deben tener en cuenta aquellos que surjan de las funciones y misiones cumplidas, de sus calificaciones... 
En materia de m√©ritos, se√Īor presidente, entonces, habla de aquellos que surjan de las funciones y misiones cumplidas, de sus calificaciones, de su foja de conceptos, de los idiomas que domine, de los t√≠tulos obtenidos y cursos aprobados, y de toda otra actividad del funcionario inherente a su carrera. 
En cuanto a la antig√ľedad, dispone que se confecciona una lista seg√ļn el orden de antig√ľedad, de la cual se considera para ascender a la primera mitad de la lista y la integran exclusivamente aquellos funcionarios que tienen un promedio m√≠nimo de 8 puntos en las calificaciones correspondientes a los tres √ļltimos a√Īos. 
A su vez, respecto de las categor√≠as A, B y C --embajadores, ministros de primera y ministros de segunda--, la reglamentaci√≥n dispone que los ascensos se otorgan en un 90 por ciento por m√©ritos y en un 10 por ciento por antig√ľedad. Para el resto de las categor√≠as, los ascensos, en cuanto a promociones, son la mitad por m√©ritos y el resto por antig√ľedad. 
Evidentemente, se√Īor presidente, estamos en presencia de una carrera del Servicio Exterior de la Naci√≥n que se encuentra reglada, como lo est√°n otras carreras p√ļblicas, tal el caso de las fuerzas armadas o de la magistratura judicial a partir de la creaci√≥n del Consejo de la Magistratura de la Naci√≥n. 
Las designaciones pol√≠ticas se encuadran en un art√≠culo especial, que es el art√≠culo 5 de la ley. Pero m√°s all√° de la consideraci√≥n de car√°cter reglado de la carrera del Servicio Exterior de la Naci√≥n, no cabe ninguna duda de que el proceder del Ministerio es absolutamente arbitrario e irrazonable, toda vez que la carrera est√° regida por la ley 20.957 y su decreto reglamentario. 
Es m√°s, si se analizan las promociones que son realizadas con intervenci√≥n de la Junta Calificadora y aquellas que lo son de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo nacional, nos vamos a encontrar con el siguiente promedio: el 47 por ciento de las vacantes se cubren por orden de m√©rito y antig√ľedad y el 53 por ciento de manera discrecional; es decir, seg√ļn criterios pol√≠ticos del Poder Ejecutivo. 
Por lo tanto, con estas proporciones queda absolutamente en claro que lo que se est√° haciendo es destruir la carrera del Servicio Exterior pues, de aqu√≠ en adelante, con estas proporciones me parece que la tendencia natural de nuestros funcionarios del Servicio Exterior ser√° m√°s que la de lograr m√©ritos, la de tratar de buscar alg√ļn padrino pol√≠tico para figurar en la n√≥mina de ascensos de la Canciller√≠a. 
Ahora bien, en el caso de la Categor√≠a A --de designaci√≥n de embajadores--la propuesta de ascenso del Poder Ejecutivo nacional se hace sobre un n√ļmero de once embajadores, de los cuales s√≥lo cinco son a propuesta de la Junta Calificadora. De manera que en esta categor√≠a s√≥lo el 45 por ciento de los ascensos cuentan con la intervenci√≥n de la Junta Calificadora. Por otra parte, debo se√Īalar por ejemplo que el actual ministro Jorge Gregorio Dupont --quien se desempe√Īa como embajador en Israel y ocupa el cuarto lugar en el orden de m√©rito de la Junta-- ha sido excluido de la propuesta de ascensos. 
En el caso de los ministros de primera --o sea la Categor√≠a B--, s√≥lo se cubren por m√©rito y antig√ľedad por intervenci√≥n de la Junta el 37,5 por ciento de los cargos. Constituye un verdadero esc√°ndalo que quienes ocupan el primer y segundo lugar en la propuesta de ascensos de la Junta --como es el caso de los ministros Juan Antonio Pardo y Ra√ļl Tell√°n Rodr√≠guez-- hayan sido excluidos, cuando se est√°n proponiendo veinticuatro ascensos. 
En cuanto a la Categor√≠a C, referida a los ministros de segunda, ha sido excluido el consejero Ricardo V√≠ctor Roggero, quien ocupa el primer lugar de prioridad en orden de m√©rito seg√ļn la Junta Calificadora de la propia Canciller√≠a, as√≠ como tambi√©n ha sido excluido el consejero Carlos Alberto Ortiz, quien ocupa el tercer grado en el orden. Es decir que de cincuenta y cinco cargos, s√≥lo el 58 por ciento cuenta con intervenci√≥n de la Junta de Calificaciones. 
Cabe destacar que es tan grave la situaci√≥n descripta, que con fecha 5 de septiembre de este a√Īo, el embajador Domingo Santiago Cullen --miembro de la Junta Calificadora-- renunci√≥ a su cargo, dimisi√≥n que fue aceptada por resoluci√≥n 1977 de este a√Īo y que se fundamenta en el irregular procedimiento seguido en materia de propuestas de ascenso en la Canciller√≠a. 
El desquicio existente en este Ministerio en materia de personal encuentra adem√°s un fiel reflejo en la resoluci√≥n 1699 de fecha 23 de septiembre de este a√Īo, por la cual se asciende personal con car√°cter retroactivo al 1¬į de enero de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 
Vale decir que por una resoluci√≥n de septiembre de este a√Īo se disponen promociones retroactivas a cuatro a√Īos atr√°s. De hecho, si uno mira en orden a las gestiones a las cuales corresponden, imag√≠nense ustedes que hay ascensos retroactivos a cuando el ex presidente Carlos Menem ocupaba la primera magistratura de la Naci√≥n o a cuando era presidente el luego dimitente doctor Fernando de la R√ļa. Realmente, no encontramos explicaci√≥n a esta circunstancia de que se hayan producido ascensos con semejante retroactividad; esto es, de cuatro a√Īos para atr√°s. 
Las impugnaciones han sido diversas y variadas ante la Comisi√≥n de Acuerdos frente a todo este irregular procedimiento. Es dable citar algunas impugnaciones para ilustraci√≥n de los se√Īores senadores; por ejemplo, la formulada por Juan Antonio Pardo Carranza, ministro de segunda, que impugna todas las promociones que se realizan sin intervenci√≥n de la Junta Calificadora. Argumenta su impugnaci√≥n en la ley 20.957. Este funcionario se desempe√Ī√≥ como embajador en Siria y Jordania en el per√≠odo 1995/2001. La realizada por Roberto Daniel Palarino, ministro de 2, que tambi√©n impugna todas las promociones que se realizan sin intervenci√≥n de la Junta. Este funcionario es actual encargado de negocios de la Rep√ļblica en Paquist√°n. La realizada por Catalina Santalesa, tambi√©n ministra de la Canciller√≠a, por violaci√≥n de la ley 20.957. La realizada por Stella Maris Palaez Ayerra, tambi√©n ministro de 2, quien es directora de Recursos Humanos. La realizada por el ministro Manuel Mar√≠a Pinto con id√©nticos fundamentos. La realizada por la consejera Silvia Beatriz Ovejero. La del ministro Juan L. Garibaldi. La de Ricardo Monticelli, tambi√©n consejero. La de Jos√© Mar√≠a Trillo. La del consejero Eduardo Gonz√°lez Plaza y la del doctor Virgilio Loiacono, que alega tener poder de representaci√≥n de cincuenta funcionarios de la Canciller√≠a. 
Se√Īor presidente: la propuesta que realiza el Poder Ejecutivo de la Naci√≥n es, precisamente, el paradigma de lo no razonable, de lo arbitrario. Creo sinceramente que con este proceder, por el cual la mayor parte de las promociones de la Canciller√≠a se hace sin intervenci√≥n de la Junta Calificadora --es decir, sin tener en cuenta un orden objetivo de m√©ritos y de antig√ľedad-- se produce una grave mella a la carrera del Servicio Exterior de la Naci√≥n. Tambi√©n pienso sinceramente que este proceder, el de que la mayor parte de los ascensos propuestos por la Canciller√≠a se realice sin intervenci√≥n de la Junta y obedezca a criterios discrecionales y pol√≠ticos, y no al m√©rito y a la antig√ľedad como manda la ley, es algo que no le hace bien al pa√≠s. Asimismo, considero que constituye un s√≠ntoma y una demostraci√≥n m√°s de la decadencia de la Rep√ļblica Argentina.

Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente:_si uno quisiera analizar la realidad social de la Argentina de hoy y comparara indicadores de hace diez a√Īos con los actuales se encontrar√≠a, por ejemplo, con que la pobreza se ha duplicado en nuestro pa√≠s; con que a la indigencia se ha multiplicado por siete -pr√°cticamente el 23 por ciento de la poblaci√≥n est√° en situaci√≥n de indigencia; eso significa no contar con recursos ni siquiera para cubrir la canasta b√°sica de alimentos-; con que el desempleo se multiplic√≥ por tres -de cada diez argentinos cuatro tienen problemas de empleo porque est√°n desocupados o son subocupados-; con que de cada diez tres est√°n en negro y s√≥lo tres tienen empleo en blanco. Por su parte, el Estado quebr√≥. 
Todos conocemos la historia de la quiebra del Estado argentino que, en gran parte, se debe a financiar d√©ficit fiscales con endeudamiento externo en d√≥lares. La quiebra del Estado termin√≥ arrastrando a la econom√≠a. Con ello quebr√≥ la sociedad y todos hemos sido perjudicados por esta situaci√≥n verdaderamente dram√°tica. 
Si se mira la realidad institucional podr√° verse que en doce meses hemos tenido en nuestro pa√≠s cinco presidentes; y ahora el presidente en ejercicio designado por la Asamblea Legislativa hasta el 10 de diciembre del a√Īo pr√≥ximo, ha presentado su renuncia al cargo a partir del 25 de mayo. Esto nos coloca en una situaci√≥n de acefal√≠a anticipada. 
En este contexto de verdadera emergencia nacional, donde la pobreza invade a toda la Rep√ļblica; donde pr√°cticamente el 20 por ciento de nuestros chicos, de nuestros ni√Īos, en un pa√≠s productor de alimentos como la Argentina est√°n desnutridos; donde existe una situaci√≥n institucional de extremada precariedad, ni siquiera es posible dar certidumbre a la fecha de las elecciones. Esto demuestra el grado de decadencia al cual ha llegado la Rep√ļblica. 
Frente a esta situaci√≥n, se√Īor presidente, desde un modo diferente de pensar al del partido gobernante nosotros queremos hacer nuestro aporte a la construcci√≥n de un consenso m√≠nimo. Por eso, hemos manifestado nuestro acuerdo para que se impulse desde el Congreso de la Naci√≥n una ley que d√© certidumbre a las fechas de la elecci√≥n a realizar el a√Īo pr√≥ximo. 
Esto es posible en ejercicio de las facultades que el Congreso tiene por el art√≠culo 75, inciso 21), de la Constituci√≥n Nacional y tambi√©n por el art√≠culo 88. 
Ya hemos dicho que estamos dispuestos a ayudar en aquellos temas económicos que la Argentina necesita definir para no agravar la herencia, ya de por sí difícil, que va a recibir el próximo presidente de los argentinos.
El proyecto de ley que estamos considerando no tiene seguramente el texto y la redacci√≥n que nos hubiera gustado darle, pero es producto del consenso y como tal lo vamos a votar. Nosotros tenemos observaciones, incluso, que hacen a los tiempos. No es razonable realizar la segunda vuelta electoral el 18 de mayo y prever el d√≠a 25 para la entrega del gobierno, porque esto significa que en una semana habr√° que hacer el escrutinio definitivo, la Asamblea Legislativa para proclamar las autoridades electas como tales y, adem√°s, que el presidente de la Naci√≥n organice, aunque sea m√≠nimamente, su gobierno. No hay tiempo material para ello. 
Pero tambi√©n nos damos cuenta de que en la precaria situaci√≥n en la cual nos encontramos hay que ir a los consensos posibles. Por eso vamos a votar el calendario, dejando constancia de nuestra posici√≥n y de las observaciones que formulamos. 
En lo que hace al tema de las internas abiertas todos ustedes conocen nuestra posici√≥n, que siempre ha sido contraria al establecimiento con car√°cter obligatorio de este sistema de internas abiertas, obligatorias y simult√°neas. Nosotros siempre hemos pensado que cada partido pol√≠tico en ejercicio de su autonom√≠a debe encontrar las formas y los caminos para resolver sus situaciones internas y decidir lo que crea m√°s conveniente, lo que har√° en funci√≥n de su tama√Īo, de sus capacidades y hasta de sus posibilidades econ√≥micas, que pueden ser muy distintas entre las diferentes fuerzas pol√≠ticas. Digo esto porque tambi√©n est√° claro que las internas abiertas tienen un costo significativo que muchos partidos que nos movemos con modestos recursos -porque as√≠ es nuestro estilo y porque adem√°s no los tenemos-, no podemos financiar internas abiertas excesivamente costosas.
Por lo tanto, en virtud de todos los conflictos que se han generado, vamos a votar en forma favorable la suspensi√≥n de las internas abiertas a los efectos de posibilitar, adem√°s, un desarrollo m√°s normal del acto comicial que se prev√© para el a√Īo pr√≥ximo. 
Sinceramente, creemos que la experiencia que hemos vivido en estos meses no ha sido buena respecto de este sistema. 
Respecto de la posibilidad de modificar la ley de acefal√≠a hemos presentado un proyecto en este sentido -como tambi√©n lo han hecho otros se√Īores senadores, entre ellos, el senador Maestro- que queremos debatir y analizar. Pero tenemos perfectamente en claro que introducir esa cuesti√≥n en el debate actual complicar√≠a la generaci√≥n de los consensos que son necesarios lograr para la sanci√≥n de esta ley. Por lo tanto, estamos de acuerdo con que esa posibilidad sea discutida y analizada en comisi√≥n la pr√≥xima semana. Pero creemos que es una soluci√≥n que vale la pena analizar con detenimiento y prolijidad. 
Con respecto a la posibilidad que aqu√≠ han mencionado diversos se√Īores senadores en el sentido de consignar de una manera muy simple y sencilla en el proyecto de ley que estamos considerando que las autoridades electas van a asumir el 25 de mayo pr√≥ximo, nos parece que es algo que brindar√≠a m√°s certeza a la norma en tratamiento. Esto, sin perjuicio de que luego podamos analizar el sistema de acefal√≠a en profundidad y, eventualmente, modificarlo emprolijando el tema relativo a los per√≠odos presidenciales, cuesti√≥n que creemos que merece un an√°lisis m√°s particular y a fondo. 
Se√Īor presidente: creo que es muy importante que el Senado haya podido deliberar hoy y que lo haya podido hacer tambi√©n a lo largo de estas √ļltimas semanas y de este √ļltimo tiempo, por m√°s que existan los problemas pol√≠ticos que todos conocemos. 
Considero que es importante la sanci√≥n que se pueda efectuar esta tarde, porque constituir√° una contribuci√≥n importante a favor de algo absolutamente esencial, como es la certidumbre respecto de las fechas y de los tiempos electorales. 
Tambi√©n pienso que en esta circunstancia dif√≠cil toda la dirigencia pol√≠tica argentina, aun cuando nos encaminemos hacia una campa√Īa electoral, debe tener la grandeza y la madurez necesarias para lograr los consensos necesarios en los temas fundamentalmente econ√≥micos, algo imprescindible para la Rep√ļblica. 
(...) 
- Ocupa la Presidencia la se√Īora presidenta de la Comisi√≥n de Asuntos Constitucionales, senadora Cristina Fern√°ndez de Kirchner. Sr. G√≥mez Diez. - Como mencion√© al principio de mi exposici√≥n, hoy son millones los argentinos que sufren la pobreza y la marginaci√≥n. De nosotros depende, entonces, frente a un cuadro tan doloroso, no agregar m√°s sufrimiento

Sr. Presidente (L√≥pez Arias). ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. Baglini. ‚ÄĒ Solicito una interrupci√≥n, se√Īor presidente.
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). ‚ÄĒ ¬ŅAutoriza la interrupci√≥n, se√Īor senador?
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ S√≠, se√Īor presidente.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Cuando el Congreso de la Naci√≥n sancion√≥ la ley 25.561 b√°sicamente hizo lo siguiente: en primer lugar, declar√≥ la emergencia econ√≥mica, financiera, cambiaria, etc√©tera; en segundo lugar, autoriz√≥ al Poder Ejecutivo a salir del r√©gimen cambiario de la convertibilidad y, en tercer lugar, concedi√≥ al poder administrador facultades especiales, delegadas o "super poderes", que es la nueva terminolog√≠a que se ha utilizado.
Han pasado casi dos a√Īos desde la sanci√≥n de esa ley y, si analizamos la realidad, podemos observar que la emergencia subsiste, desde el momento en que el pa√≠s est√° en default, en cesaci√≥n de pagos respecto de sus acreedores, y que se ha abandonado la convertibilidad y tenemos un nuevo r√©gimen cambiario basado en la flotaci√≥n con intervenci√≥n del Banco Central.
En este contexto cabe preguntarnos si tiene sentido prorrogar la delegaci√≥n de facultades al Poder Ejecutivo. Para nosotros la respuesta es negativa, porque creemos que la Argentina necesita encarrilarse por el camino de la normalidad. Necesitamos seguridad jur√≠dica, certidumbre y, para ello, se requiere de un Congreso en funcionamiento. 
Como bien se√Īal√≥ el se√Īor senador Baglini, en los √ļltimos meses la econom√≠a argentina ha tenido una recuperaci√≥n significativa en base a la utilizaci√≥n de la capacidad productiva ya instalada en el pa√≠s. Ahora necesitamos que nuestra Naci√≥n se encamine por un sendero de crecimiento de su capacidad productiva, para lo cual se requiere de inversiones, pero √©stas vienen de la mano de la seguridad jur√≠dica, del funcionamiento de las instituciones y de un Congreso legislando activamente.
Por lo tanto, se√Īor presidente, porque creemos que un pa√≠s necesita de un Congreso en funcionamiento, sancionando las leyes que la Rep√ļblica requiere, votamos en contra de la pr√≥rroga de la delegaci√≥n de facultades en el Poder Ejecutivo, advirtiendo que esa pr√≥rroga es inconducente con lo que la Naci√≥n Argentina necesita en la actualidad.
Por otra parte, esta circunstancia que hoy estamos tratando se ve agravada por el hecho de que el presupuesto que vamos a abordar la próxima semana también contiene delegaciones de facultades absolutamente desusadas en ese tipo de normas.
Por eso, por un Congreso en funcionamiento, votaremos en contra de la prórroga de las facultades delegadas

Sr. Gómez Diez. - Pido la palabra.

Sr. Presidente (Maqueda). - Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: quiero hacerle una pregunta al se√Īor miembro informante, respecto de la raz√≥n de la derogaci√≥n del art√≠culo 14 de la ley 25.054, que se refiere al control de los bienes que se adquieran con estos fondos.

Sra. Negre de Alonso. - Con posterioridad a la modificación de Diputados, salió un decreto del Poder Ejecutivo, por el que no están más en la esfera de actividad de la Dirección Nacional de Defensa Civil, sino en la esfera del Ministerio del Interior. De ahí la modificación de ese artículo.

Sr. Presidente (Maqueda). - Tiene la palabra el senador Gómez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: el art√≠culo no se modifica, sino que se deroga en el dictamen de comisi√≥n.

El art√≠culo que se deroga dice que todo equipo, material o bienes destinados al servicio, que se adquieran por medio de los subsidios de esta ley, deber√°n quedar inventariados en un registro al efecto, de la Direcci√≥n Nacional de Defensa Civil, responsable del respectivo control. Es decir, se trata de bienes adquiridos con fondos p√ļblicos y es razonable que tengan un control Especial

Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: en el caso del art√≠culo 1¬ļ votar√© a favor de la sanci√≥n de la C√°mara de Diputados. Creo que hay que mandar un mensaje muy fuerte y muy concreto de derogaci√≥n de los reg√≠menes especiales: es lo que pide a sociedad. Esto ha sido tratado en la Mesa del Di√°logo Argentino. Es el proyecto de ley que envi√≥ el presidente de la Naci√≥n y en toda la Rep√ļblica se han levantado firmas de numerosos ciudadanos argentinos a favor de esta derogaci√≥n.
No tiene que quedar duda alguna de que no habrá más regímenes de privilegio en la Argentina. Lo que sí pienso, y por eso lo he puesto en el dictamen en minoría, es que en el caso de los jueces y del personal del Servicio Exterior es necesario dar un nuevo debate de cara a la sociedad acerca de los tratamientos diferenciados. Pero en este sentido lo que propongo es que el Poder Ejecutivo nacional, en el término de sesenta días, envíe a este Congreso un proyecto de ley sobre esta cuestión; que debatamos el tema de cara a la sociedad, explicando cuáles son las razones de la diferenciación y cómo se financian estos regímenes especiales. Creo que esto es lo lógico y lo coherente en esta situación difícil que vive el país, en la cual hay una demanda muy fuerte de solidaridad y de reducción de los espacios especiales.
En el caso de la Justicia propongo que ese proyecto que mande el Poder Ejecutivo contemple la misma edad y los a√Īos de servicio del r√©gimen general y que se especifique c√≥mo se financia la diferencia en el caso del haber. Me permito se√Īalar que el tema judicial tiene, adem√°s, un conjunto de complejidades que hay que analizar y debemos buscarle una soluci√≥n.
Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n declar√≥ inconstitucional el art√≠culo 99 en su apartado 4¬į, el que establece que cesan en sus funciones aquellos magistrados que cumplen la edad de 75 a√Īos. Esto...
Murmullos en la sala.
Sr. Presidente (Maqueda). - Perdón, senador.
Por favor, silencio.
Continu√©, se√Īor senador.
Sr. Gómez Diez. - Esto determina que existan hoy magistrados de edad avanzada que no se acogen a la jubilación ni tampoco pueden cesar en sus funciones por imperio de esta declaración de nulidad que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este momento, en la Capital Federal hay jueces de 82 a√Īos de edad internados en geri√°tricos -hay casos concretos de esta naturaleza-, lo que configura una cuesti√≥n sobre la cual hay que legislar y buscar una soluci√≥n. Por eso creo que es importante un debate de esta naturaleza acerca de un r√©gimen previsional para el caso de los magistrados.
Creo también que al considerarse esta cuestión nosotros, que representamos a las provincias como senadores de la Nación, también tenemos que poner sobre la mesa el hecho de que si existe un tratamiento diferenciado para la función judicial, también en las provincias tenemos jueces. No hay razón alguna para que, por ejemplo, un juez nacional en lo Civil de la Capital Federal tenga un tratamiento diferenciado con respecto al de un juez civil de cualquiera de nuestras provincias, porque, en definitiva, la función que cumplen es exactamente la misma.
Y en el caso del Servicio Exterior de la Nación, también creo que hay que producir un debate de esta naturaleza, de cara a la sociedad y referido a un régimen nuevo.
Pero esta tarde no deben quedar dudas de que este Congreso deroga los regímenes especiales de jubilación de la Argentina.

(...)

Sr. Presidente (Maqueda). - Se proceder√° en consecuencia.
Vamos a aclarar que, antes de poner en consideraci√≥n la propuesta del se√Īor senador Pichetto de votaci√≥n nominal, tal cual lo dijo el presidente del bloque justicialista reci√©n, lo que vamos a votar es el art√≠culo 1¬į conforme a la sanci√≥n de la C√°mara de Diputados. O sea, quienes voten por el s√≠, lo har√°n por la sanci√≥n de la C√°mara de Diputados, y quienes votan por el no, lo har√°n por las reformas propuestas por los senadores Pichetto, Baglini y Prades. Digamos, por la opci√≥n que pueda haber despu√©s del cuarto intermedio.
En consideraci√≥n la propuesta de votaci√≥n nominal formulada por el se√Īor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). - Aprobada.
Sr. Presidente (Maqueda). - Se va a votar el art√≠culo 1¬į.
Votan por la afirmativa los se√Īores senadores Ag√ļndez, Avel√≠n, Bar, Busti, Caparr√≥s, Capitanich, Colombo, Curletti, Falc√≥, Fern√°ndez, Fern√°ndez de Kirchner, Gallia, Gioja, G√≥mez Diez, Guinle, Isidori, Maza, Mera, Morales, Moro, Negre de Alonso, Ochoa, Pardal, Passo, Paz, Perceval, Raso, Sapag, Taffarel, Terragno, Usandizaga, Walter y Zaval√≠a.
Votan por la negativa los se√Īores senadores Baglini, Cafiero, Castro, Chiappe, Colazo, Daniele, G√≥mez de Bertone, Jenefes, Lamberto, Lescano, L√≥pez Arias, Losada, Maestro, Mart√≠, Mart√≠n, Menem, M√ľller, Pichetto, Prades, Salvatori, Segu√≠, Verna, Yoma y Maqueda.
Sr. Presidente (Maqueda). - Queda aprobado el texto del proyecto del art√≠culo 1¬į sancionado por la C√°mara de Diputados. (Aplausos.)
Se enuncia el art√≠culo 2¬ļ.

(...)

Sr. Presidente (Maqueda). - Se va a votar el artículo 4E. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo...
Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo respecto de este art√≠culo. Considero que tal como est√° redactado, va a originar un conjunto de juicios en perjuicio del Estado.
El se√Īor senador por Mendoza ha sido claro respecto de este art√≠culo y, adem√°s, me remito a todos los argumentos y jurisprudencia citados en el debate en general.

(...)

Sr. Presidente (Maqueda). - Si ning√ļn otro se√Īor senador va a hacer uso de la palabra, pongo en consideraci√≥n la propuesta de la senadora Colombo de votaci√≥n nominal.
Se va a votar.
La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Maqueda). - Queda aprobada. En consecuencia, se procederá a la votación nominal.
Se practica la votación nominal.
-Votan por la afirmativa los senadores Ag√ļndez, Avel√≠n, Bar, Busti, Cafiero, Caparr√≥s, Capitanich, Castro, Colombo, Curletti, Fern√°ndez, Fern√°ndez de Kirchner, G√≥mez Diez, Guinle, Halak, Isidori.
Votan por la negativa los senadores Baglini, Chiappe, Colazo, Daniele, Falcó, Gómez de Bertone, Jenefes, Lamberto, Lescano.

(...)

Sr. Gómez Diez. - Pido la palabra.
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez Diez.- Se√Īor presidente: quisiera decir que he sido uno de los senadores que en su oportunidad formulara observaciones al proyecto que en este momento ocupa nuestra atenci√≥n.
Atento a que el se√Īor miembro informante, presidente de la Comisi√≥n de Comunicaciones, ha manifestado su voluntad de aceptar modificaciones durante el tratamiento en particular de este proyecto, a fin de dejar salvadas las distintas diferencias explicitadas a lo largo de debates anteriores, quisiera se√Īalar que a nuestro juicio se puede avanzar en la consideraci√≥n de esta iniciativa que ya cuenta con la sanci√≥n de la C√°mara de Diputados.
También solicito que se deje constancia de que nuestro objetivo es que el COMFER -Comité Federal de Radiodifusión- realmente funcione. Esto lo mencionamos, porque actualmente no lo está haciendo ni se están otorgando las autorizaciones a aquellas solicitudes de licencias que en su momento, y presentada toda la documentación, fueran requeridas, pese a haberse adquirido los pliegos necesarios en tiempo y forma. Es más, tampoco se cumplen con otras disposiciones de la ley de radiodifusión. En definitiva, lo que nosotros queremos es que los entes reguladores funcionen de la manera que corresponde.
Finalmente, quisiera decir que durante el tratamiento en particular vamos a proponer modificaciones a este proyecto que, reitero, ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Gómez Diez. - En octubre de 1993 se promulgó la ley 22.241, por la cual se estableció un nuevo sistema integrado de jubilaciones y pensiones, el sistema de capitalización, y se derogaron las leyes 18.037, 18.038 y sus complementarias y modificatorias.

Al a√Īo siguiente, en 1994, el Poder Ejecutivo nacional de ese entonces dict√≥ el decreto n√ļmero 78, el cual, so pretexto de reglamentar el art√≠culo 168 de la ley 22.241, estableci√≥ que quedaban derogados los reg√≠menes especiales de jubilaci√≥n.

Este decreto no tardó demasiado tiempo en ser controvertido, ya que se sostuvo que un decreto, obviamente, no podía derogar leyes y que, además, el artículo 191 de la ley 22.241 establecía claramente que se mantenían subsistentes todas aquellas normas que no habían sido expresamente derogadas.

Llegado el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n, estableci√≥ la inconstitucionalidad del decreto 78. Lo ha hecho a trav√©s de diversos fallos, entre los cuales merecen destacarse el caso "Craviotto", de mayo de 1999, en el cual la Corte dijo textualmente que la ley 24.018 es un r√©gimen aut√≥nomo y no complementario o modificatorio de la ley 18.037 y que, por lo tanto, su r√©gimen no es aplicable a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio P√ļblico, quienes siguen encuadrados en su r√©gimen especial. Y a continuaci√≥n la Corte hizo referencia al art√≠culo 191, que establece textualmente que las normas que no fueren expresamente derogadas mantienen su plena vigencia. Este mismo criterio jurisprudencial fue reiterado en el caso "Unamuno", tambi√©n en 1999, y en el caso "Gaibisso", en abril de 2001.

De esta manera queda claro que la Corte considera que el decreto 78 es inconstitucional y que los regímenes especiales jubilatorios se encuentran subsistentes al no haber sido derogados por una ley expresa.

En este contexto, el tema se trata en la Mesa del Di√°logo Argentino y se resuelve solicitar expresamente la derogaci√≥n de estos reg√≠menes especiales. All√≠ se produce un pronunciamiento que inclu√≠a un calendario de tratamiento legislativo en el cual se fija el mes de septiembre de este a√Īo para la consideraci√≥n de esta cuesti√≥n. 
(...) Ocupa la Presidencia el se√Īor vicepresidente del H. Senado, senador Marcelo E. L√≥pez Arias.

Sr. G√≥mez Diez. - El Poder Ejecutivo nacional hace suyo ese requerimiento de la Mesa del Di√°logo Social y env√≠a un proyecto al Congreso. Incluso, quiero se√Īalar que en la reuni√≥n del plenario de comisiones el propio secretario de Seguridad Social ha reconocido que este proyecto de ley ha sido elaborado por integrantes de la Mesa del Di√°logo Social, aun cuando el secretario ha dicho textualmente que el mismo contiene cosas diferentes a las que se sosten√≠an desde la Secretar√≠a de Seguridad Social, con lo cual, no entiendo bien cu√°l es el grado de asesoramiento espec√≠fico que la Secretar√≠a le brinda al Poder Ejecutivo nacional.

Se han recolectado firmas en todo el pa√≠s para que se deroguen estos sistemas especiales y se han hecho campa√Īas en los medios de comunicaci√≥n social. La C√°mara de Diputados ha sancionado este proyecto pr√°cticamente por unanimidad: 161 votos por la afirmativa, 2 por la negativa y 8 abstenciones. As√≠ las cosas, llega esta sanci√≥n de la C√°mara de Diputados para que le demos tratamiento y a este Senado le cabe adoptar una decisi√≥n.

Sin duda, pienso que la Argentina est√° viviendo la que tal vez sea la crisis m√°s grave de su historia. Hay un fort√≠simo cuestionamiento de la sociedad hacia su dirigencia que, fundamentalmente, es de eficacia. El pa√≠s no est√° mal por culpa del comerciante de la esquina, del quiosquero de la vuelta o de la se√Īora de la otra cuadra, sino porque la dirigencia argentina administr√≥ mal este pa√≠s y quebr√≥ al Estado. Y la quiebra del Estado argentino ha llevado a la quiebra de la sociedad. Durante a√Īos se financi√≥ el d√©ficit p√ļblico con endeudamiento hasta que se produjo el resultado que hoy estamos viviendo. Por ende, hay un cuestionamiento de eficacia. Asimismo, hay una demanda muy clara en el sentido de ampliar los espacios de solidaridad. Pues bien, ¬Ņc√≥mo se ampl√≠an los espacios de solidaridad? No hay otra manera de hacerlo que reduciendo los lugares especiales; a trav√©s de esa reducci√≥n se podr√° ampliar la solidaridad.

Este es un tiempo en el que quienes ocupamos funciones dirigenciales tenemos que rescatar los valores de la austeridad y de la ejemplaridad. Considero que la dirigencia política debe renunciar a todos sus tratamientos especiales y, después de meditarlo profundamente, me pronuncio a favor de que este Congreso dé un mensaje muy claro en el sentido de que no habrá más regímenes especiales, que se derogan.

En tal sentido, en mi dictamen en minor√≠a propongo que se solicite al Poder Ejecutivo nacional que en el t√©rmino de sesenta d√≠as env√≠e al Parlamento un proyecto de ley que trate la situaci√≥n de los magistrados y de los diplom√°ticos de carrera del Servicio Exterior de la Naci√≥n, en el que se establezcan los mismos requisitos de edad y de a√Īos de servicio del sistema general. As√≠, si hay un haber diferenciado y distinto, que se expliciten los mecanismos para su financiamiento, a efectos de dar de cara a la sociedad un debate amplio y participativo. En consecuencia, si existen razones institucionales para establecer un tratamiento diferente a magistrados y a los funcionarios del servicio exterior, toda la sociedad debe asumirlas para que se establezcan esos sistemas diferenciados.

En mi dictamen también se prevé el hecho de que los jueces o los funcionarios de carrera del Servicio Exterior de la Nación que se jubilen en el interregno que se produciría hasta la sanción de un nuevo régimen podrán acogerse, si así lo desearan, a las nuevas disposiciones que puedan dictarse, de manera tal de legislar de manera adecuada la etapa de transición, porque a mí también me preocupa -al igual que al senador Baglini-, la posibilidad de que se produzcan planteos judiciales y la alta litigiosidad a la que actualmente se encuentra expuesto el Estado.

Asimismo, en el tratamiento en particular voy a proponer algunas modificaciones que, a mi entender, son absolutamente necesarias a efectos de dar un mensaje claro de derogación de estos regímenes.

En primer lugar, me voy a referir al art√≠culo 4¬į, por el que se establece un tope de 3.100 pesos. El secretario de Seguridad Social, que concurri√≥ a una reuni√≥n del plenario de comisiones que trat√≥ esta iniciativa, dijo sobre el art√≠culo 4¬į lo siguiente: "Esto lo tengo en un cuadradito, con un gran signo de interrogaci√≥n, porque indudablemente significar√≠a una bater√≠a completa de juicios que se vendr√≠an encima". Luego, en otra parte de su exposici√≥n dice: "Pongo un gran signo de interrogaci√≥n, porque si bien 3.100 pesos es el tope del r√©gimen general, este tiene a su vez un tope de aportes de 4.800 pesos. En consecuencia, 3.100 es el 70 por ciento del sueldo sobre el cual se aporta. Pero no ocurre lo mismo con algunos de los grupos que aportan sobre el total, es decir sin ese tope. Por lo tanto, en ese caso, 3.100 van a representar menos del 50 por ciento del salario sobre el cual est√°n aportando".

Hay que mirar detenidamente esta cuestión.

Reconoce pues el secretario de Seguridad Social que con este tema hay que tener cuidado, ya que puede sobrevenir una catarata de juicios. Lo que s√≠ es inentendible es que esto lo diga el secretario de Seguridad Social, y el Poder Ejecutivo establezca en su proyecto el tope de 3.100 pesos. Pero bueno, en esto de marchas y contramarchas ya tenemos bastante experiencia en el Congreso, a trav√©s de las diversas situaciones que hemos vivido a lo largo del a√Īo. Digo esto porque, de golpe, debemos modificar la ley de quiebras y volver atr√°s con lo que se hab√≠a efectuado, y en determinado momento surge el pedido de juicio a la Corte y ahora su rechazo.

Sin duda, tenemos que considerar este aspecto y buscarle una soluci√≥n que evite -como ac√° se ha se√Īalado- litigios que, en definitiva, van a salirle caros al Estado, cuando lo que buscamos es ahorrar recursos.

Por otra parte, en materia de reducciones salariales, la Corte ha dicho que se debe cumplir con los siguientes requisitos: emergencia calificada por ley, que la reducción sea transitoria, que se trate de un remedio y no de una mutación en la sustancia o esencia de un derecho adquirido, y ha dicho también que no exista irrazonabilidad o arbitrariedad; con lo que el mensaje está muy claro también en materia de la proporcionalidad de la reducción.

Esos son los criterios sentados, por ejemplo, en el caso "Guida" del a√Īo 2000.

Pero, a su vez, en agosto de este a√Īo, la Corte fall√≥ en el caso "Tobar", declarando la inconstitucionalidad de las reducciones salariales fundadas en el principio del d√©ficit cero. Determin√≥ que all√≠ no hab√≠a transitoriedad, que lo que se establec√≠a era un principio general permanente, seg√ļn el cual los salarios o jubilaciones se pueden reducir en funci√≥n de c√≥mo evolucionen los ingresos; lo cual coloca en una situaci√≥n de total incertidumbre al asalariado o jubilado.

Adem√°s, la Corte tambi√©n introduce otro concepto al que hay que prestarle importancia y que se adecua a la realidad que vivimos este a√Īo, cuando dice textualmente que: "La devaluaci√≥n operada a partir del presente a√Īo, el acelerado envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones, explican y justifican el apartamiento del criterio sentado y in re ¬īGuida¬ī". Es decir, en el caso anterior que hab√≠a fallado.

Entonces, debemos buscar un modo de solidaridad que no sea confiscatorio y atacable judicialmente.

El Poder Ejecutivo y la C√°mara de Diputados han utilizado el criterio del tope de los 3.100 pesos que est√° establecido en la ley de solidaridad previsional que se dicta en el a√Īo 1995, en el inciso 3, para los nuevos beneficios que se concedieran a partir de ese momento. Pero se ha dejado atr√°s el inciso 2|) que establece un criterio que puede ser razonable para las jubilaciones otorgadas, superiores a ese monto. Este inciso 2¬į) establece una escala. En los beneficios de 3.000 a 4.000 establece el 6 por ciento de reducci√≥n sobre el excedente de 3.100 pesos; de 4.000 a 6.000 pesos, la reducci√≥n es una suma fija de 54 pesos m√°s el 12 por ciento sobre el excedente; y a partir de 6.000 pesos, la reducci√≥n es una suma de 294 pesos m√°s el 30 por ciento sobre el excedente. Esto no ha sido declarado inconstitucional y puede ser una alternativa de solidaridad m√°s razonable que un techo de 3.100 pesos, que sin duda va a ser atacado por confiscatorio.

El art√≠culo 5¬į habla de que la ANSeS tiene que hacer una auditor√≠a de los beneficios otorgados al amparo de los reg√≠menes especiales. Por su parte, el art√≠culo 6¬į dice que la ANSeS tiene que informar a la Comisi√≥n de Previsi√≥n Social de la C√°mara de Diputados, pero olvida al Senado, que tambi√©n tiene su Comisi√≥n de Trabajo y Previsi√≥n Social. Por lo tanto, considero que esta omisi√≥n tiene que ser corregida, atento al car√°cter bicameral de este Congreso.

En materia de incompatibilidades, creo que es mucho m√°s razonable una incompatibilidad relativa centrada en el desempe√Īo de cargos p√ļblicos que una incompatibilidad absoluta en lo p√ļblico m√°s lo privado.

En este dictamen en minor√≠a propongo tambi√©n mantener la vigencia de aquellos art√≠culos que se refieren a la posibilidad de convocar a retirados del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Naci√≥n para prestar servicios de manera transitoria. Este es un mecanismo muy √ļtil que se practica, sobre todo, en el Poder Judicial de la Naci√≥n, en el cual debe ponerse en marcha un proceso de concursos para cubrir las vacantes que se produzcan. Por eso, en numerosas ocasiones, transitoriamente se recurre a la convocatoria de magistrados retirados para cumplir esas tareas. Esa norma deber√≠a quedar vigente para que no se genere un vac√≠o legal. Incluso estas disposiciones establecen que todos los a√Īos las c√°maras federales de apelaciones tienen que confeccionar una lista de magistrados retirados para ser sorteados en caso de que se produzca la eventualidad de una vacante.

Por lo tanto, sustentamos la postura de la derogación y de encomendar al Poder Ejecutivo nacional que envíe un proyecto que atienda la situación particular de magistrados y de personal de carrera del Servicio Exterior de la Nación. Además, solicito que se emprolijen los artículos que he enumerado a efectos de dar una solución más lógica y equitativa, evitando la litigiosidad que se podría generar a partir de determinadas disposiciones de la sanción de la Cámara de Diputados.

 

Sr. Presidente (Maqueda). -- Senador G√≥mez Diez: ¬Ņva a hacer uso de la palabra?

Sr. Gómez Diez. -- Sí.

Sr. Presidente (Maqueda). -- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor jefe de Gabinete: quisiera efectuar tres breves consideraciones.

La primera está relacionada con una pregunta respecto de la cual el informe no consigna respuesta, pero sí el compromiso de efectuarla en un término breve.

Quiero hacer una reflexión sobre la cuestión que pregunto porque creo que es singularmente importante y que merece, en la actual circunstancia, toda la atención del gobierno nacional. Se refiere a la crisis del sistema de transporte aerocomercial en la Argentina.

En rigor de verdad, esta crisis es una consecuencia de la falta de una pol√≠tica aerocomercial en el pa√≠s, d√©ficit que tenemos desde hace muchos a√Īos. Pero la situaci√≥n se ha agravado ahora como consecuencia de la devaluaci√≥n, ya que el 65 por ciento de los gastos de las empresas a√©reas son en d√≥lares. Por otra parte, hay que se√Īalar que el combustible en la Argentina ha aumentado un 300 por ciento. Hay una situaci√≥n monop√≥lica entre Repsol-YPF y la compa√Ī√≠a Shell. Adem√°s, la tasa que cobra Aeropuerto 2000 se ha incrementado en un 270 por ciento.

En consecuencia, el sistema está al borde del colapso por falta de una política de Estado. Este es uno de los sectores del país en el que no tenemos ni política ni Estado. Pero configura un problema que hay que resolver.

La compa√Ī√≠a LAPA, que se ha vendido por problemas financieros, ten√≠a al comienzo del a√Īo diecisiete aviones. Ahora tiene cinco y ha dejado de volar al Norte del pa√≠s. La compa√Ī√≠a Dinar ten√≠a nueve aviones. Hasta la semana pasada volaba con tres, y a partir del lunes no vuela.

Hay una gigantesca reducción de las frecuencias para venir del interior del país a la Capital Federal, o para el transporte de cabotaje en general. Además de las dificultades que esto genera a quienes son oriundos del interior y tienen que viajar, también afecta la actividad turística, porque por la reducción de frecuencias los vuelos se saturan, lo que desalienta el crecimiento del turismo en un momento favorable en este sector.

El Poder Ejecutivo reconoci√≥ esta situaci√≥n cuando el 4 de setiembre dict√≥ el decreto de necesidad y urgencia N¬į 1.654, que declara en emergencia al transporte aerocomercial para los operadores nacionales y establece la posibilidad de contratar los seguros en el exterior para abaratar los costos. Al respecto debo se√Īalar que los seguros en el rubro del transporte crecieron en d√≥lares en un porcentaje muy importante despu√©s del atentado de las Torres Gemelas. El mencionado decreto de necesidad y urgencia instruye al Ministerio de Econom√≠a para que en el t√©rmino de 30 d√≠as eleve al Poder Ejecutivo nacional un proyecto de ley con medidas de aliento impositivo, a los efectos de superar esta situaci√≥n de crisis. Como ese plazo vence el pr√≥ximo viernes, le pedimos al se√Īor jefe de Gabinete que el proyecto de ley que tiene que elevar el Ministerio de Econom√≠a sea girado al Congreso a la brevedad --si es posible la pr√≥xima semana--, para que sea considerado por Diputados como c√°mara de origen, ya que se tratan de medidas de car√°cter tributario.

Además, pedimos que se defina una política general para todo el sector que también le evite problemas a los que vamos, pues ya vivimos una situación de monopolio en otra etapa de nuestro país. Quienes vivimos lejos, durante mucho tiempo fuimos víctimas del monopolio de Aerolíneas Argentinas, que volaba cuando quería y cobraba las tarifas que se le ocurría. De manera tal que se tiene que instrumentar una política de Estado que asegure la competencia en el sector y no nos deje indefensos.

Asimismo pido al se√Īor jefe de Gabinete que considere la situaci√≥n de la empresa Dinar. Evidentemente, habr√° que buscar a alg√ļn empresario que quiera hacerse cargo de esta l√≠nea, pues de ese modo se asegurar√≠a la pluralidad entre los actores del mercado.

Otro tema --respecto del cual se formul√≥ una pregunta con promesa de una posterior respuesta-- se refiere a una cuesti√≥n que en mi provincia me plantean en innumerables cantidad de oportunidades; seguramente a otros senadores les suceder√° lo mismo. Me refiero a las personas afiliadas al sistema de capitalizaci√≥n a las cuales les llega el momento de jubilarse. Para ello inician un tr√°mite en la AFJP respectiva, que les recibe la documentaci√≥n y hace toda la tramitaci√≥n. Pero luego el expediente tiene que ir a la ANSeS para la determinaci√≥n del componente p√ļblico de la prestaci√≥n. A la ANSeS entran aproximadamente unos cuatro mil expedientes mensuales, pero salen tres mil. En consecuencia, hay una acumulaci√≥n mensual de mil o m√°s expedientes, situaci√≥n que determina que a la fecha el atraso sea de aproximadamente 27 mil expedientes.

Las personas involucradas transitan largo tiempo esta situación sin poder definirla; y, si bien las AFJP les otorgan un anticipo, tienen el legítimo derecho a que en un plazo prudencial sus trámites finalicen. Además, hay que reconocer que se genera una discriminación odiosa porque, hoy por hoy, conviene más jubilarse por el sistema de reparto que por el de capitalización.

Actualmente, trabajo en un proyecto de ley tendiente a solucionar este problema y, si bien lo voy a remitir a la Jefatura de Gabinete cuando lo tenga concluido, me parece importante que se nos diga qué opina respecto de este tema y si, concretamente, la ANSeS ha pensado alguna solución con respecto al inconveniente mencionado.

La tercera cuesti√≥n es una inquietud que me nace por ver que, entre los funcionarios que acompa√Īan al se√Īor jefe de Gabinete de Ministros, se encuentra el se√Īor administrador de la Direcci√≥n Nacional de Vialidad. Concretamente, se refiere al hecho de que la Argentina cuenta con un pr√©stamo del Banco Interamericano de Desarrollo --el BID-- para obras viales de emergencia. Actualmente, estamos en mora con el BID porque las obras viales han sido interrumpidas en varias ocasiones, pero el problema es que hay un plazo inexorable que vence el 31 de diciembre pr√≥ximo, y si no se toma alguna medida espec√≠fica, el pr√©stamo caducar√°. Ahora bien, la instituci√≥n crediticia ya ha informado que para volver a pedir alguna pr√≥rroga del pr√©stamo, las obras, como m√≠nimo, deben estar reiniciadas. Se trata de obras que, en su mayor parte, est√°n ejecutadas o les falta muy poco.

En el caso de la provincia de Salta, quiero puntualizar la importancia de la obra en la Ruta Nacional N¬į 34, tramo Antillas-Rosario de la Frontera, porque va a cortar el camino hacia el sur del pa√≠s en aproximadamente 70 kil√≥metros, fundamental para llevar la producci√≥n hasta el puerto sure√Īo de Rosario.

En consecuencia, el pedido concreto es que, desde la Jefatura de Gabinete se apoye a la Dirección Nacional de Vialidad a fin de que sea posible el reinicio de las obras para que sea factible la prórroga del financiamiento del crédito otorgado por el BID.

B√°sicamente, estas son las tres inquietudes que quer√≠a transmitir al se√Īor jefe de Gabinete. Quedo a la espera de la respuesta de las dos primeras inquietudes y dejo planteada una tercera sobre la pr√≥rroga del financiamiento del BID.

 

Proyecto de Comunicación de los Senadores Oscar Lamberto, José Luis Gioja, Miguel Angel Pichetto, Marcelo López Arias y Maria Cristina Perceval. (Exp. S-2354/02)
Texto del proyecto aprobado:
El Senado de la Naci√≥n, comunica: Que el Poder Ejecutivo de la Naci√≥n debe dar estricto cumplimiento a los art√≠culos 4, 5 y 6 de la Ley 23.928 y al art√≠culo 4 de la Ley 25.561 y en consecuencia abstenerse de utilizar las reservas del Banco Central de la Rep√ļblica Argentina para realizar ning√ļn pago de la Deuda Externa.

Exposici√≥n por la negativa: 
Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: yo quiero manifestar mi discrepancia con el contenido del proyecto en an√°lisis. No creo que, desde el punto de vista pol√≠tico, sea un buen mensaje a enviar desde este Congreso la decisi√≥n de no pagar. Considero que, precisamente, en las circunstancias que vive el pa√≠s lo razonable es transmitir un mensaje en el sentido de la que la Rep√ļblica Argentina est√° dispuesta a cumplir; a honrar sus obligaciones y de b√ļsqueda de una salida honorable a la situaci√≥n en la cual hoy se encuentra. Creo que si nosotros nos expresamos diciendo "no vamos a pagar" lo √ļnico que haremos es dar argumentos a aquellos que pretenden una posici√≥n de dureza con la Rep√ļblica Argentina. El mensaje que deber√≠amos transmitir, en consecuencia, es de una voluntad de pago y de querer llegar a un acuerdo que haga factible el cumplimiento de las obligaciones que oportunamente asumiera nuestro pa√≠s. Acuerdo con que debe respetarse el decoro y la dignidad de nuestra Naci√≥n y no s√≥lo sus posibilidades actuales y futuras de pago, sino tambi√©n lo necesario para que el pa√≠s crezca y se desarrolle. En este sentido, tambi√©n creo que el ministro de Econom√≠a de la Naci√≥n deber√≠a iniciar una ronda de di√°logo con quienes van a ser candidatos a presidente en las pr√≥ximas elecciones, buscando construir un consenso m√≠nimo que permita llevar adelante esta negociaci√≥n con los organismos internacionales de cr√©dito. Me refiero al ministro Lavagna porque, precisamente, creo que √©l est√° en mejores condiciones que nadie para despolitizar el tratamiento de esta cuesti√≥n tan delicada, de cara al futuro del pa√≠s y a las elecciones del pr√≥ximo 30 de marzo. Por otra parte, el proyecto de declaraci√≥n en definitiva establece que el Poder Ejecutivo Nacional debe dar cumplimiento a la ley 23.928 -que fue modificada en enero pasado por la ley 25.561- y, en consecuencia, abstenerse de utilizar las reservas del Banco Central de la Rep√ļblica Argentina para realizar ning√ļn pago de la deuda externa. Y, en rigor de verdad, en el curso de todos estos meses se han realizado pagos por m√°s de 3 mil millones de d√≥lares, precisamente, por obligaciones contra√≠das por el pa√≠s, principalmente con los organismos internacionales de cr√©dito. Por lo tanto, las autoridades que dispusieron estos pagos, aplicando la letra de este proyecto de declaraci√≥n, estar√≠an incursas en el incumplimiento de los deberes de funcionario p√ļblico -entre otras responsabilidades- por haber violado la ley. Adem√°s, en tiempos de la convertibilidad, la ley 23.928 -en su anterior redacci√≥n- dec√≠a textualmente: "En todo momento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la Rep√ļblica Argentina en oro y divisas extranjeras, ser√°n equivalentes a por lo menos el ciento por ciento de la base monetaria." Es decir, las reservas no pod√≠an descender del ciento por ciento de la base monetaria. Luego, la ley precisa qu√© se debe entender por base monetaria cuando dice: "Los bienes que integran las reservas mencionadas en el art√≠culo anterior constituyen prenda com√ļn de la base monetaria, son inembargables, y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en la presente ley". Es decir que la base monetaria est√° constituida por las circulaci√≥n monetaria m√°s los dep√≥sitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la Rep√ļblica Argentina. Cuando esta ley se modifica en funci√≥n de la ley 25.561 -que este Congreso aprob√≥ en enero- se alteraron esos art√≠culos. As√≠, el art√≠culo 4E qued√≥ redactado de la siguiente manera: "En todo momento, las reservas del Banco Central de la Rep√ļblica Argentina en oro y divisas extranjeras ser√°n afectadas al respaldo de la base monetaria". Y no al ciento por ciento, como se estableci√≥ durante la convertibilidad sino que dice simplemente que es el respaldo de la base monetaria. Luego, se repite la inembargabilidad y el concepto de que la base monetaria est√° constituida por el circulante m√°s los dep√≥sitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la Rep√ļblica Argentina. Ahora, aun cuando consideremos aplicables las leyes de la convertibilidad en orden a la necesidad de garantizar en un ciento por ciento la base monetaria, por lo menos al 19 de septiembre -que es el √ļltimo dato que tengo- la base monetaria ascend√≠a a 22.589 millones de pesos y estaba constituida por 15.041 millones de pesos de circulante m√°s los dep√≥sitos en el Banco Central, de 7.548 millones de pesos de las entidades financieras. Entonces, tenemos una base de 22.589 millones de pesos mientras que las reservas ascienden a 9.481 millones de d√≥lares. A un tipo de cambio de 3,65 pesos por d√≥lar, esas reservas alcanzan para cubrir una base monetaria de 34.605 millones de pesos. O sea, existe una diferencia de 12.016 millones de pesos, que equivalen a 3.292 millones de d√≥lares aun garantizando el ciento por ciento y aplicando las reglas de la convertibilidad. Por lo tanto, no creo que se viole la ley utilizando las reservas, como lo ha hecho el propio gobierno nacional a lo largo de este a√Īo y por m√°s de 3 mil millones de d√≥lares. Otras son las consideraciones que pueden efectuarse en orden a la prudencia que tenga que seguirse en materia de mantener determinado nivel de reservas por razones de pol√≠tica econ√≥mica. Y en esto tengo en claro que las reservas no pueden usarse ilimitadamente por la Argentina -en el nivel en el que est√°n- para cumplir con sus obligaciones. Tambi√©n tengo en claro que necesitamos imprescindiblemente llegar a un acuerdo, a una conciliaci√≥n con nuestros acreedores para poder cumplir con nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, mantener un nivel compatible de reservas con la estabilidad econ√≥mica. Pero no creo que le hagamos un bien a la Rep√ļblica mandando un mensaje de la naturaleza del que se propone. Creo en todo caso que el tono debe ser otro, debe ser la b√ļsqueda de un acuerdo que ojal√° se d√©. Y, en todo caso, si √©ste no se produce, habr√° que tomar una decisi√≥n y un camino. Pero no mandemos mensajes de esta naturaleza, porque corremos el riesgo de que afuera, en el exterior, sean muy mal entendidos y sean tomados m√°s bien como una declaraci√≥n unilateral de falta de voluntad de pago respecto de nuestras propias obligaciones. Si hay algo que tal vez todos deber√≠amos tener presente, porque nos tuvo como protagonistas en ejercicio de nuestras funciones como legisladores, es precisamente el recuerdo de la Asamblea Legislativa del 23 de diciembre, donde se declar√≥ de la peor manera para la Rep√ļblica la cesaci√≥n de pagos respecto de los acreedores privados. Creo que teniendo en cuenta ese recuerdo reciente que hoy se nos refriega en numerosas ocasiones, tambi√©n debemos tener cuidado con nuestras expresiones y con los mensajes que mandamos, porque reitero que de hacerlo corremos el riesgo de que esto termine siendo utilizado para denostar, precisamente, a la dirigencia pol√≠tica de este pa√≠s.

(....)


Proyecto de Resoluci√≥n del Senador Ra√ļl Baglini y Oscar Lamberto (exp. S-2393/02)
Texto del proyecto aprobado: 
El Senado de la Nación, resuelve: Instar al Gobierno Nacional, en ocasión de llevarse a cabo la Conferencia Anual del Fondo Monetario Internacional en la ciudad de Washington el día 29 del corriente mes; a proponer a los Organismos Financieros Internacionales la puesta en vigencia de un nuevo mecanismo de negociación de la deuda de los países en default, sobre la base de la internacionalización del Capítulo 9 - Título 11 de la Ley de Insolvencia de los Estados Unidos de América, con el objeto de acercar un marco teórico tendiente a logra una interpretación más realista y equitativa del problema de la deuda y en la práctica una reducción del monto de la misma y de los intereses devengados.

Exposici√≥n por la afirmativa: 
Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: quiero expresar mi apoyo al proyecto del senador Baglini, cuyo esp√≠ritu consiste precisamente en que, en el √°mbito internacional, se reglamente, se legisle el concurso de acreedores de los estados soberanos, como es nuestro caso. Lamentablemente, cuando se dicten estas normas ser√° tarde para atender la situaci√≥n actual de la Rep√ļblica Argentina. Pero creo que, en el propio estado y posici√≥n en que nos encontramos, estos esfuerzos sirven para avanzar en la globalizaci√≥n, para que estos temas se traten y se normaticen.

 

Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: el interbloque Federal de Partidos Provinciales, respecto del tema del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados de la Naci√≥n, tiene postura tomada favorable a su efectiva descentralizaci√≥n, es decir, a su transferencia a las provincias.

Debe quedar claro que no queremos seguir dependiendo más de Buenos Aires ni de un Directorio Ejecutivo Nacional que esté radicado acá, tomando decisiones respecto de cuestiones que acontecen en nuestras provincias.

La descentralizaci√≥n hacia las obras sociales provinciales tiene m√ļltiples ventajas. Est√° la ventaja de la inmediatez, puesto que el m√°ximo nivel de decisi√≥n estar√≠a localizado efectivamente en cada una de las jurisdicciones provinciales. En este caso no ser√≠a necesario, como acontece hoy, por ejemplo, venir con un tr√°mite a Buenos Aires para que autoricen a un beneficiario una pr√≥tesis. Las decisiones se tomar√≠an directamente en cada una de las provincias argentinas.

Otra ventaja es que la totalidad de los recursos del sistema irían directamente a las provincias, posibilitando una mejora en los recursos disponibles para prestar el servicio de salud, con lo cual se ahorrarían gastos muy importantes en materia de burocracia administrativa que hoy está pagada y localizada acá, en Buenos Aires.

Otra ventaja es la dispersión de riesgos. En las obras sociales provinciales es factible dispersar el riesgo con un criterio de solidaridad entre las diferentes generaciones, cosa que hoy no se da en esta obra social.

En materia de costos hoy el PAMI, con 11.800 agentes y 3.200.000 afiliados, tiene un promedio de un empleado cada 271 afiliados. Cito como ejemplo el caso de la obra social de mi propia provincia, Salta, que tiene alg√ļn nivel de sobredimensionamiento; pero, sin embargo, tiene un agente por cada 833 afiliados. Incluso, debo se√Īalar que la ley 19.032 en su art√≠culo 10 dispone que para gastos administrativos del PAMI el tope de la erogaci√≥n es del 5 por ciento. Pero este tope hoy no se cumple; se est√° completamente excedido en este gasto. Tanto es as√≠ que la iniciativa que se encuentra en an√°lisis de este Senado prev√© elevar los gastos administrativos del PAMI al 8 por ciento.

Como se reconoce que ya existe un gasto en exceso, el art√≠culo 15 del proyecto de ley en an√°lisis establece que el Instituto deber√° adecuar su esquema de gasto administrativo en un lapso no mayor de tres a√Īos, a contar de la publicaci√≥n de la presente. Pero si con la ley que se encuentra vigente esto no se cumple, imaginemos lo que va a ocurrir con la disposici√≥n que estamos analizando. En la actualidad el gasto administrativo del PAMI se puede estimar en un nivel del 14 por ciento del total de sus erogaciones.

En el curso de este debate se ha se√Īalado que sucesivos gobiernos nacionales han fracasado en la administraci√≥n del PAMI, lo que constituye una realidad: fracas√≥ desde V√≠ctor Alderete hasta el triunvirato. Esto nos est√° indicando que es necesario efectuar modificaciones de car√°cter estructural as√≠ como pensar en soluciones creativas respecto del PAMI.

Por lo tanto, nosotros creemos que el camino para una aut√©ntica y verdadera soluci√≥n est√° en su descentralizaci√≥n federal, que no es otra cosa que aplicar la Constituci√≥n de nuestra Naci√≥n, que prev√© nuestro r√©gimen de gobierno como representativo, republicano y federal. El Estado nacional no tiene por qu√© concentrar aquellas funciones que se pueden descentralizar con mucha mayor eficacia hacia las provincias que son las que verdaderamente est√°n cerca de los problemas y la gente. Y en este sentido quiero se√Īalar que la educaci√≥n se descentraliz√≥ con √©xito. Recordemos aquellos d√≠as donde una buena parte de nuestras escuelas primarias, con las escuelas L√°inez, depend√≠an del Consejo Federal de Educaci√≥n que estaba instalado aqu√≠, en Buenos Aires, en la calle Pizzurno, hasta que se hizo la descentralizaci√≥n hacia las provincias con notable √©xito, que llev√≥ incluso a que la educaci√≥n media y los hospitales nacionales fueran transferidos a los estados provinciales.

Está claro que el PAMI es un organismo ineficiente, endeudado y sobredimensionado, así como la iniciativa que estamos considerando no representa ninguna solución de fondo a estos problemas.

Por lo tanto, se√Īor presidente, nuestra propuesta -y as√≠ lo vamos a mocionar en el momento oportuno- es que este proyecto vuelva a comisi√≥n, se consulte a las provincias, a sus respectivos gobernadores...

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Gómez Diez.- Se consulte a los gobernadores de provincias, a las autoridades locales....

- Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Maqueda).- Perd√≥n, se√Īor senador. Por favor, silencio. As√≠, no vamos a poder seguir la sesi√≥n. Esto no es una cancha de f√ļtbol. Ac√° hay que respetar determinadas reglas y cada senador puede opinar exactamente lo que quiere y, por ello, no tiene por qu√© recibir gestos de reprobaci√≥n. S√≠ ustedes pueden aprobar con un aplauso a aquellos con los que est√°n de acuerdo, pero no pueden reprobar cuando est√°n en desacuerdo. Tienen otras v√≠as totalmente distintas, y yo voy a hacer guardar el orden. Contin√ļe, senador.

Sr. G√≥mez Diez.- Nuestra moci√≥n, se√Īor presidente, es que este proyecto vuelva a comisi√≥n, que sean consultados los gobernadores de provincias, las autoridades locales, que todos los d√≠as ponen la cara en cada uno de los rincones de nuestra Patria por la atenci√≥n de nuestros jubilados y pensionados.

Que se escuche la problem√°tica de los hospitales p√ļblicos solventados por las provincias que atienden a jubilados y pensionados; hospitales a los cuales el PAMI no les gira los recursos que se les deber√≠an transferir.

Que se escuche a todos. Que se escuche la voz del país interior -la que también debe oírse en este Senado-, y que se considere la iniciativa de la descentralización federal del PAMI.

Respecto de este tema, hemos presentado un proyecto de ley junto con el se√Īor senador Salvatori sobre descentralizaci√≥n federal. Luego de efectuarse estas consultas y estudiado a fondo la realidad del funcionamiento del Instituto en todo el espacio geogr√°fico nacional, tendr√≠a que adoptarse una decisi√≥n definitiva.

Esta es nuestra propuesta y postura, que creemos que es la que mejor se ajusta a los intereses de nuestras provincias y al de los jubilados y pensionados, a quienes representamos en el Senado federal.

Qu√© mejor mensaje puede mandar el Senado de la Rep√ļblica -que es la expresi√≥n del federalismo argentino- que propugnar que un servicio de tanta importancia para nuestros jubilados y pensionados tambi√©n sea descentralizado hacia las diferentes jurisdicciones provinciales, en b√ļsqueda de la eficiencia que hoy no tiene.

(....)

A continuaci√≥n, se va a votar la moci√≥n de vuelta a comisi√≥n, formulada por el se√Īor senador G√≥mez Diez. Los que est√©n por la afirmativa, s√≠rvanse expresarlo.

- La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Maqueda). - Queda rechazada.

(...)

Sr. Presidente (Maqueda).- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez.- Se√Īor presidente: respecto de los gastos de funcionamiento del PAMI propongo que se mantenga el porcentaje del 5 por ciento fijado en la ley 19.032 y que no se incremente al 8 por ciento.

Sr. Presidente (Maqueda).- Como ya ha adelantado la comisión, no se van a aceptar modificaciones.

En consideración el artículo 8E. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo

- La votación resulta afirmativa.

Sr. Gómez Diez.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Maqueda).- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez.- Se√Īor presidente: es sabido que a trav√©s de una ley no se puede modificar la Constituci√≥n. Esto lo se√Īalo porque el art√≠culo 77 de nuestra Carta Magna establece que respecto de los proyectos de ley, la iniciativa puede ser ejercitada por cualquier legislador o por el Poder Ejecutivo nacional.

En consecuencia, el artículo 12 es inconstitucional toda vez que dispone que: "El Congreso de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la intervención del instituto...".

Nuestra Constitución es muy clara respecto de a quiénes corresponde la iniciativa en materia legislativa.

Sr. Presidente (Maqueda).- En consideración el artículo 12. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.

- La votación resulta afirmativa.

(...)

Sr. Gómez Diez.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Maqueda).- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.

Sr. G√≥mez Diez.- Se√Īor presidente: solicito que como segundo p√°rrafo del art√≠culo 15 sea incorporada el texto que he acercado a la Secretar√≠a y que pido se lea.

Sr. Secretario (Oyarz√ļn).- "Dicha reducci√≥n, hasta alcanzar el l√≠mite fijado, no podr√° ser inferior al 2 por ciento anual bajo responsabilidad de las autoridades ejecutivas del Instituto."

Sr. G√≥mez Diez.- Se√Īor presidente: en el proyecto que estamos considerando se reconoce que el PAMI se encuentra excedido en sus gastos de funcionamiento. En el art√≠culo 15 se establece que en un plazo de tres a√Īos debe realizarse esa reducci√≥n, pero no fija la escala que tiene que cumplirse a√Īo a a√Īo ni tampoco se establece responsabilidad alguna para aquellas autoridades que no cumplan con esta disposici√≥n.

Tenemos vastos ejemplos de sanciones establecidas por este Congreso respecto de las cuales no se han previsto consecuencias. Entre ellos, la Carta Org√°nica del Banco Central de la Rep√ļblica Argentina que, como reci√©n nos hemos enterado, respecto de su programa monetario ha emitido el doble de lo que estaba previsto inicialmente.

Por lo tanto, me parece razonable prever en la ley una consecuencia si no hay una adecuación del gasto de funcionamiento del PAMI.

Sr. Presidente (Maqueda). - Se va a votar el artículo Los que estén por la afirmativa, sírvanse así expresarlo.

La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Maqueda). - Aprobado. - Se enuncia y aprueba el artículo

- El artículo 17 es de forma.

Sr. Presidente (Maqueda). - Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán la comunicaciones correspondientes. (Aplausos en las galerías).

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Se√Īor presidente: voy a referirme en primer lugar a la ley objeto de an√°lisis.

La ley 20.840 fue sancionada por este Congreso en septiembre de 1974. Para comprender cabalmente su dimensi√≥n hay que entender, en primer lugar, el tiempo en que se sancion√≥. Para eso, quiero traer a este recinto las palabras del senador Galv√°n en el debate de 1997, cuando rememorando esos a√Īos y refiri√©ndose a la noche del 26 al 27 de septiembre de 1974, dijo: ‚ÄúRecuerdo esa noche, se√Īor presidente: una noche tensa, electrizante, convulsionada, como la que presagian las tormentas. Me acuerdo de que entre los diputados de las bancadas mayoritaria y minoritaria se llegaron a exhibir armas de fuego.‚ÄĚ.

Había armas de fuego en el Congreso de la Nación que presagiaban la violencia que ya había comenzado a desatarse. El miembro informante de la mayoría, senador Díaz Bialet, trae a colación en el debate las palabras que había pronunciado ese día la entonces presidenta de la Nación con referencia al asesinato de integrantes del Ejército Argentino. La presidenta había dicho textualmente "...Buscando provocar una reacción que pudiera obligar a sus camaradas a romper el Estado constitucional."

Esa noche sobrevoló el Congreso la sombra de la violencia y de la ruptura del orden constitucional. El país entró en una noche oscura con una ley de excepción, que fue en este recinto sancionada por el justicialismo y con el voto en contra de las bancadas de la Unión Cívica Radical y de los partidos provinciales.

Así se aprobó esta ley que establecía que los procesados por ella no tenían el beneficio de la excarcelación. Tampoco podían recibir condena de ejecución condicional. Y se establecía, como fuero de excepción, el fuero federal.

Se han mencionado ya, en este debate, las objeciones que el senador Solari Yrigoyen le hiciera al art√≠culo 6¬į, referido a los delitos econ√≥micos. Esta ley ten√≠a tres partes, los delitos econ√≥micos, los de car√°cter institucional, los de car√°cter laboral, porque era delito ‚ÄĒen el caso de un paro, por ejemplo‚ÄĒ incitar a no acatar una conciliaci√≥n obligatoria de la autoridad laboral. Como dije, los tipos econ√≥micos fueron objetados con toda certeza por el senador Solari Yrigoyen, el cual dijo que estaban descriptos en t√©rminos vagos, que iban a resultar muy dif√≠ciles de aplicar y que abr√≠an un amplio margen a la discrecionalidad.

El senador de la R√ļa dijo que esta ley no aparec√≠a como id√≥nea para el logro de los fines que se propon√≠an. Dec√≠a que el art√≠culo 6¬į y los siguientes tipificaban hechos de car√°cter econ√≥mico y que ten√≠a la impresi√≥n de que se superpon√≠an con otras figuras previstas en la legislaci√≥n. En su opini√≥n, este proyecto era inadecuado t√©cnicamente, ineficaz pr√°cticamente y, en muchos aspectos, peligroso, incluso en temas ajenos a la subversi√≥n que se quer√≠a y se deb√≠a combatir.

En la Cámara de Diputados, el diputado Tróccoli, que encabezaba la bancada de la Unión Cívica Radical, dijo que ese bloque estaba en total desacuerdo con el proyecto, que lo estaba en la medida y con el sentido de que, a ese proyecto, no lo conceptuaban idóneo para responder a las exigencias que, del diagnóstico de la situación política del país, se habían elaborado.

Así se aprobó esta ley. En 1984, restablecida la normalidad constitucional en el país y superada la etapa de violencia, el presidente de la Nación, doctor Alfonsín, remitió a este Congreso un proyecto de derogación total de la ley 20.840. La derogación total fue acogida favorablemente en el Senado, pero no así en la Cámara de Diputados, que optó por mantener los delitos de carácter económico.

El criterio del Senado era similar al que ahora se propone, es decir, derogar la ley 20.840 e introducir reformas al Código Penal. Esta era la solución que contaba con la adhesión de todos los sectores, como bien lo explicitó en el debate el entonces senador Berhongaray, quien dijo que la 20.840 era una ley verdugo, que era la norma de la represión que se había utilizado para todo. Y agregó que pensaban que se debía hacer un esfuerzo intelectual para eliminar el resabio de esa fea época que nos había tocado vivir. Dijo que lo habíamos hecho entonces, derogando esos artículos de la ley 20.840. Seguidamente efectuó apreciaciones explicando las reformas que, junto con la derogación, se proponían al Código Penal.

Este criterio no fue compartido por la C√°mara de Diputados. Y seg√ļn el miembro informante, el entonces diputado Cortese, era preferible en ese momento mantener transitoriamente los delitos de car√°cter econ√≥mico. Y en esos d√≠as termin√≥ primando la postura de la C√°mara de Diputados frente a la del Senado.

La segunda ocasi√≥n en que el Senado derog√≥ esta ley fue en 1997, a trav√©s de un dictamen que fue firmado por varios se√Īores senadores que hoy tambi√©n est√°n en ejercicio del cargo, como la legisladora que me ha precedido en el uso de la palabra, se√Īora senadora Fern√°ndez de Kirchner, que suscribi√≥ el dictamen que propiciaba la derogaci√≥n de esta ley, al igual que los se√Īores senadores Yoma y Villarroel, este √ļltimo representante de la provincia de Catamarca que pertenec√≠a al bloque de la Uni√≥n C√≠vica Radical.

Y hoy llega el debate nuevamente al Congreso cuando veinti√ļn gobernadores de provincias de la Rep√ļblica Argentina y de diferente origen pol√≠tico firman un documento en el que le piden al Parlamento la derogaci√≥n de la ley; y el presidente de la Naci√≥n env√≠a un proyecto en tal sentido.

Una vez ingresado ese proyecto al Parlamento, se consider√≥ prudente sumarle a la derogaci√≥n de la ley de subversi√≥n econ√≥mica la modificaci√≥n del C√≥digo Penal, a efectos de insertar el tipo penal que figura en la ley 20.840 en dicho cuerpo normativo como un supuesto especial de defraudaci√≥n, a trav√©s de la creaci√≥n de un inciso 6¬į en el art√≠culo 174.

Esto fue hecho con el objeto de aventar cualquier tipo de suspicacia, porque también podía sostenerse el criterio de que bastaba para tal cometido con los artículos que ya figuran en el Código Penal. No obstante, se adopta la prolijidad de plantear la derogación de la ley de subversión económica, con la modificación del Código Penal, previendo además que las causas en trámite ante la justicia federal se sigan sustanciando en ese fuero hasta su conclusión y que sólo los nuevos pleitos vayan a los jueces penales ordinarios, que son quienes deben juzgar los delitos tipificados en el Código Penal.

Por lo tanto, queda claro que la sanción originaria del Senado no importa impunidad para persona alguna, por lo cual desmiento totalmente las apreciaciones formuladas por la senadora preopinante que, además, ha hecho imputación de móviles ilegítimos a miembros de esta Cámara, contradiciéndose con su propia actitud de 1997, ocasión en la que firmó el dictamen a favor de la derogación de la ley 20.840.

Sr. Presidente (Maqueda). ‚ÄĒ Se√Īor senador: le pido que vaya redondeando su exposici√≥n.

Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ S√≠, se√Īor presidente. Como autor del proyecto, dispongo de diez minutos; por lo tanto, creo que a√ļn me queda alg√ļn tiempo adicional.

Considero que la sanci√≥n del Senado contempla un camino razonable para enfrentar el dilema que tenemos enfrente: por un lado, asegurar que no hay impunidad para nadie y que no hay vac√≠o legal en la legislaci√≥n argentina; y, por el otro, por qu√© no, darle al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para llevar adelante las negociaciones internacionales frente a los cuestionamientos de falta de seguridad jur√≠dica de que ha sido objeto la Rep√ļblica Argentina.

Podr√° decirse, y aqu√≠ tambi√©n se ha se√Īalado, que si bien todo esto es as√≠, este no es el momento oportuno para modificar esta ley. Ahora bien, si veinti√ļn gobernadores y el presidente de la Naci√≥n est√°n pidiendo la derogaci√≥n de esta ley, ¬°¬Ņqu√© otra cosa estamos buscando?! ¬°¬ŅQui√©n m√°s quieren que lo pida?!

Adem√°s, hay un mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional que est√° firmado por el se√Īor ministro de Justicia, que es un hombre insospechado y que milita en las filas de la Uni√≥n C√≠vica Radical; al margen de ello tambi√©n es un jurista de nota en nuestro pa√≠s y un hombre respetado por todos desde el punto de vista de su conocimiento del Derecho.

¬ŅQu√© nos dice el ministro de Justicia en su mensaje? Es muy claro. √Čl sostiene que la difusa redacci√≥n del art√≠culo 6 hace que se superponga con delitos existentes en el C√≥digo Penal tales como los de administraci√≥n fraudulenta, de desbaratamiento de derechos, de quiebra fraudulenta, de asociaci√≥n il√≠cita, de fraude al comercio o a la industria y a otras leyes especiales que se citan. En funci√≥n de ello, el ministro de Justicia y el Poder Ejecutivo de este gobierno de coalici√≥n le piden al Congreso la derogaci√≥n de la ley 20.840.

¬ŅQu√© hemos hecho nosotros? No nos hemos quedado solamente con este razonamiento del Poder Ejecutivo sino que, conscientes de la cuesti√≥n y de la oportunidad, hemos dicho que es prudente, en funci√≥n del momento, pasar con una redacci√≥n precisa el delito que figura en la ley 20.840 al C√≥digo Penal, como un supuesto especial de defraudaci√≥n.

Sr. Presidente (Maqueda).‚ÄĒ Termina su tiempo, se√Īor senador.

Sr. G√≥mez Diez.‚ÄĒ Estoy terminando, se√Īor presidente.

Para concluir, quiero decir que esta derogación, con la solución de modificación del Código Penal y la firma de los acuerdos provinciales, deberían haberse hecho hace tiempo, con el fin de poder avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Por mi parte, creo que mientras sigamos entrampados en estas cuestiones, la próxima crisis por venir será el hundimiento del sistema financiero, que es un tema sobre el cual hoy deberíamos estar discutiendo.

En este sentido, sobre el problema del sistema financiero, voy a solicitar la inserci√≥n en el Diario de Sesiones de algunas consideraciones y propuestas concretas. Por ejemplo, se√Īalo que del 20 al 24 de mayo los dep√≥sitos de este sistema cayeron a un ritmo diario de 278 millones de pesos, mientras que entre el 26 de abril al 24 de mayo la ca√≠da fue de 182 millones por d√≠a. La asistencia financiera del Banco Central en ese mismo per√≠odo ha sido de 191 millones de pesos diarios y la intervenci√≥n en el mercado de cambio nos cost√≥ en igual per√≠odo 700 millones de d√≥lares con un tipo de cambio promedio de $3,3 pesos por d√≥lar.

De tal manera, se√Īor presidente, debemos asumir con responsabilidad la grav√≠sima crisis en la cual estamos inmersos, al igual que los graves problemas que tendremos que afrontar en los d√≠as venideros.

Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor presidente: como bien usted lo ha se√Īalado esta es la primera oportunidad en que el Senado de la Naci√≥n, que ha sido objeto de una renovaci√≥n integral, considera la ley actualmente en debate.

Esto me obliga a sentar sumariamente postura en el siguiente sentido: estamos en absoluto desacuerdo con que el control de las finanzas de los partidos políticos esté a cargo de la Auditoría General de la Nación.

El artículo 85 de la Constitución Nacional dice que la Auditoría es un órgano de asistencia técnica del Congreso de la Nación. Nada tiene que hacer, por lo tanto, en lo que respecta a los partidos políticos. La designación de los auditores tiene un neto origen político como que se hace a propuesta de las bancadas mayoritarias en ambas Cámaras del Congreso. Y el presidente, además, por expresa disposición constitucional tiene que ser nominado por el principal partido de oposición.

En consecuencia, lo l√≥gico es que los partidos que tienen existencia garantizada por el art√≠culo 38 de la Constituci√≥n nacional sean controlados por la Justicia Electoral. En este sentido me permito se√Īalar, adem√°s, que la C√°mara Nacional Electoral es designada mediante concurso p√ļblico de antecedentes y oposici√≥n. Y que tiene, adem√°s, garantizada la estabilidad de car√°cter permanente a los efectos, precisamente, de preservar su independencia.

Por lo tanto, no concibo este control a cargo de la Auditor√≠a, porque es, en cierta forma, como el control a s√≠ mismo. Quiero tambi√©n se√Īalar mi desacuerdo con otros aspectos de esta ley. Por ejemplo, voy a se√Īalar alguno. Se establece que los partidos pol√≠ticos s√≥lo pueden tener cuenta en el Banco de la Naci√≥n o en bancos oficiales.

Yo no entiendo la raz√≥n de esta disposici√≥n. Por qu√© limitarnos en el sentido de que puedan tener cuenta en cualquier entidad del sistema financiero. Porque, si no, un partido que tiene necesidad, por ejemplo, de descontar un cheque de un aporte que ha recibido queda, en definitiva, sujeto a la autorizaci√≥n de la autoridad pol√≠tica que controla el banco oficial. Lo que pasa es que tanto con el tema de la auditor√≠a como con este otro ejemplo que he puesto en concreto se les est√° dando a los partidos pol√≠ticos el trato de reparticiones p√ļblicas. Los partidos pol√≠ticos no forman parte de la administraci√≥n p√ļblica, son asociaciones reconocidas por la propia Constituci√≥n, como se√Īala en el art√≠culo 38, como partes esenciales para el funcionamiento del sistema democr√°tico.

Me parece positivo fijarle un techo al gasto para las campa√Īas electorales pero si estamos sancionando esta ley en pleno proceso inflacionario est√° claro que establecer una suma fija es algo que carece en absoluto de sentido si no se prev√© a la par un sistema de actualizaci√≥n.

Tambi√©n me parece que debi√≥ haberse legislado en materia de publicidad estatal durante la campa√Īa electoral; asimismo, creo que nos estamos debiendo todos un debate importante acerca del tema del clientelismo pol√≠tico.

Cuando se sanciona una ley haci√©ndose referencia a la necesidad de reformarla en el mismo momento en que se la est√° considerando es evidentemente porque no se est√° siguiendo un camino correcto. Yo creo que hubiera sido preferible recoger las iniciativas que han sido presentadas por muchos se√Īores senadores dentro de esta nueva composici√≥n del Senado y haber sancionado de una manera acertada una norma adecuada.