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Versiones taquigráficas 2006

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta, Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: el proyecto de ley que estamos analizando ingresó a este Senado el pasado 1° de febrero. Vale decir que, a escasos doce días de ese ingreso, ya lo estamos tratando en el plenario. Y establece algunas innovaciones que trataremos de analizar sucintamente.
En primer lugar, como acá se ha señalado, se determina el principio de la libre elección del sistema previsional al cual se aporta, lo cual va a posibilitar que aquellos aportantes que hoy están en capitalización puedan mudarse al sistema de reparto, y viceversa.
En este cuerpo existe un amplio consenso acerca de la consagración de esta libertad. Todos recordamos que este tema estuvo vigente en la agenda del Congreso en los últimos años. En 2002 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó un proyecto de ley a través del cual se consagraba la libre opción. Dicha iniciativa vino en revisión al Senado, donde caducó por falta de viabilidad en el Poder Ejecutivo nacional.
Además, hay otras iniciativas que repiten la libre opción en los años 2004 y 2006. Y ahora, finalmente, madura la decisión política para darle una consagración legislativa.
Otro cambio es el relativo a los indecisos. Los indecisos, de acuerdo a la legislación vigente, van al sistema de capitalización; a partir de ahora irían directamente al régimen de reparto.
Hay que considerar que aproximadamente el 70 por ciento de los nuevos aportantes que cada año se incorporan al sistema previsional son indecisos, lo cual no es un dato menor. En 2006 —según nuestros números— los indecisos fueron 533 mil personas; y si estimamos un promedio mensual de remuneraciones de 1.400 pesos y una alícuota de aporte del 7 por ciento a las AFJP, se produjo un ingreso de fondos al sistema de capitalización de aproximadamente 634 millones de pesos.
Si hacemos un ejercicio de abstracción y consideramos que para el 2007 existe una cantidad similar de indecisos —533 mil personas—, y calculamos una mejora en el salario promedio del 15 por ciento —lo cual nos daría un promedio de aproximadamente 1.600 pesos— y una alícuota del 11 por ciento —que es la que se aporta al sistema de reparto—, podríamos obtener una mejora en las finanzas de la ANSeS de aproximadamente 900 millones de pesos, adicionales al superávit que ya registra este organismo.
Otra modificación es la elevación del haber máximo sobre el cual se aporta. Ahora se elevará al equivalente a 75 MOPRES, o sea que se pasa de 4.800 pesos a 6 mil pesos.
Respecto de este punto queremos señalar que si se eleva el haber máximo sobre el cual se aporta, también habrá que modificar el haber máximo de la jubilación. En ese sentido, desde 1995 el haber máximo de la jubilación está fijado en 3.100 pesos en virtud de la Ley 24463. Por lo tanto, si el haber máximo actualmente es de 3.100 pesos y se aporta sobre un máximo de 4.800 pesos, es lógico también hacer una adecuación en el haber máximo jubilatorio.
Además, atento a la depreciación del salario que se produjo en los últimos años en la Argentina, habría que actualizar el promedio de las remuneraciones de los diez años para el cálculo del haber jubilatorio.
Otra modificación consiste en la unificación del adicional por permanencia que se paga en el sistema de reparto en un porcentaje del 1,5 por ciento, terminándose con la discriminación actual en el sentido de que antes de la reforma se computa el 1,5 por ciento y luego de la reforma el 0,85. Estamos de acuerdo respecto de este punto, ya que mejorará el haber inicial de quienes se jubilen.
Y señalo que existen varias iniciativas en ese sentido en ambas cámaras del Congreso —es decir, a fin de unificar en el 1,5 por ciento el referido adicional—, entre ellas, una que presentamos bajo el número de expediente S. 4124/06, el año pasado.
Otro cambio es reducir las comisiones y eliminar el seguro para el pago de retiros por invalidez y el pago de las pensiones en el sistema de capitalización. Hay que señalar que si bien se elimina el seguro, el costo de estos retiros y pensiones pasa a ser deducido del conjunto de aportes que han efectuado aquellas personas que están adheridas al sistema de capitalización.
En este sentido, haríamos una recomendación en cuanto a que tiene que haber controles estrictos que, en este momento, se supone que los harán las compañías de seguro.
Como ahora se deducirán directamente de aquellas sumas que son de los aportantes, es conveniente que se mantengan los controles del caso.
Otra innovación es que las mujeres mayores de 50 años y los hombres mayores de 55 años que tienen en sus cuentas de capitalización menos de 20 mil pesos pasarán al sistema de reparto, salvo que manifiesten su voluntad de permanecer en el sistema de capitalización.
Esta disposición de un pase automático, salvo que se manifieste voluntad en sentido contrario, está inspirada lógicamente en que a esa persona le convendrá más jubilarse por el sistema de reparto antes que por el de capitalización.
Todos estamos de acuerdo con esta disposición y, de acuerdo con nuestros cálculos, son aproximadamente unos 420 mil los aportantes hombres de más de 55 años y unas 117 mil mujeres las que poseen entre 50 y 55 años. Se hace una transferencia de todos los aportes que han efectuado estas personas desde el sistema de capitalización a la ANSeS, lo cual va a significar un incremento importante de los activos financieros de los que dispone hoy la ANSeS: un incremento que estará entre los 5 mil o 6 mil millones de pesos.
Sucintamente, estas son todas las reformas. Estoy de acuerdo y las voy a votar afirmativamente. Pero quiero señalar, tal como lo han hecho otros senadores que me han precedido en el uso de la palabra, que es una reforma incompleta. Es una reforma incompleta porque no se aborda la problemática de la movilidad.
En rigor de verdad, si uno mira la evolución del índice de precios al consumidor entre diciembre de 2001 y enero de 2007 se llega a un valor de 93,7 por ciento. Y todos sabemos que no existió una mejora de ese nivel en las remuneraciones de los jubilados y pensionados. Hubo sí una elevación importante del mínimo, que ha determinado que un porcentaje trascendente de los beneficiarios pase a estar comprendido dentro de ese umbral mínimo. Pero convengamos en que es necesario —tal como lo ha señalado la Corte en el caso “Badaro”— establecer un sistema de movilidad que sea justo y equitativo.
Bien lo dicen los fundamentos del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional,  cuando señalan que el Estado debe viabilizar los derechos constitucionales y mejorar la distribución de los ingresos o cuando manifiesta que hay que articular un cambio profundo basado en los criterios de justicia y equidad social, en línea con el mandato constitucional. El mandato constitucional es el del artículo 14 bis, en lo que hace a la movilidad.
Cuando se trató el proyecto de presupuesto, se consideró un incremento de los haberes de 13 por ciento, que quedó claro que es una mejora, aunque es una asignatura pendiente respecto de la cual...
Sr. Presidente. — Se ha cumplido su tiempo señor senador.
Sr. Gómez Diez. — Sí, ya termino.
De manera que consideramos que hoy hay activos importantes en la ANSeS y habrá una mejora en la recaudación de ese organismo, por algunas de las medidas que se están tomando, incluso, con la sanción de este proyecto de ley.
Está claro que el Congreso debe cumplir con el mandato constitucional y con el mandato de la Corte en el caso "Badaro", que es legislar respecto de la movilidad, estableciendo un sistema justo y equitativo. Además, por las cifras que se manejan en esto, y que todos conocemos, es más que obvio que hay recursos suficientes para avanzar en ese tema.
Una última consideración que quiero hacer se refiere al artículo cuyo agregado se propone y que tiene como objetivo proteger los activos financieros de que dispone la ANSeS. Acá se habla de que estos fondos serán invertidos conforme a lo dispuesto en la ley 24156. Al respecto, mociono para que, a través de la comisión y del miembro informante, se clarifique debidamente qué se entiende por esta remisión a la ley 24156. Porque en el curso del debate, se ha hablado de depósitos en el Banco de la Nación, de colocaciones en letras del Banco Central, pero lo cierto es que la ley 24156 es muy amplia —no nos olvidemos de que es también la norma que establece los superpoderes para el jefe de Gabinete y la que hace referencia a la posibilidad de cambiar la finalidad del gasto—, por lo que yo creo que en aras de la claridad que merece un tema tan delicado —máxime cuando existe acuerdo entre todos los legisladores para sancionar una norma que sea muy precisa—, esta es una cuestión que deberíamos analizar con algo más de profundidad, para tratar de ser lo más exactos posible en la redacción de dicho artículo.
Con estos alcances, yo voy a votar favorablemente este proyecto de ley, dejando en claro que nos queda pendiente legislar sobre la movilidad y efectuar una aclaración o una revisión acerca del texto del artículo 15, a fin de que estos activos financieros de la ANSeS estén a debido resguardo.

…
Sr. Gómez Diez. — Es para aclarar el sentido de mi voto. Yo voy a votar afirmativamente en general y en particular, excepto el artículo 15. De esta manera dejo constancia del sentido de mi voto.
Yo comparto la preocupación manifestada por el señor senador Morales porque, tal como lo ha señalado el miembro informante, hay una remisión a la Ley 24156 y, dentro de ella, al artículo 82, que es el que establece la colocación de fondos en letras del Tesoro para cubrir deficiencias de caja. Ese es un punto con el cual yo no estoy de acuerdo habida cuenta de la experiencia histórica.
De manera tal que mi voto afirmativo debe interpretarse con este alcance: voy a votar a favor de todo el proyecto de ley, excepto el artículo 15.

Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: el artículo 75, inciso 8°, de la Constitución Nacional establece que el Congreso de la Nación aprueba cada año la Ley de Presupuesto, que contiene una estimación de los recursos y de los gastos que el Estado va a realizar. Y dice la Constitución que esa estimación se realiza dentro de lo que es el programa general de gobierno de la Nación.
Esto significa que esta Ley de Presupuesto va más allá de un mero cálculo aritmético; conlleva también la adopción de decisiones políticas fundamentales que se expresan a través de la prioridad en el gasto público.
Esta es una facultad del Congreso, exclusiva y excluyente, que no puede ser delegada. La delegación legislativa sólo es admitida por la Constitución en el artículo 76, en cabeza del Poder Ejecutivo nacional, siempre que existan situaciones de emergencia o se trate de simples materias de administración.
Dice también la Constitución que la delegación sólo es posible por un plazo determinado y que la ley debe fijar las bases en función de las cuales se van a ejercer esas facultades delegadas.
La ley que modificó la 24156, la norma que regula la administración financiera del Estado, que modificó el artículo 37, le dio al jefe de Gabinete superpoderes en materia presupuestaria.
De acuerdo con dicho artículo 37, el jefe de Gabinete podría alterar la distribución de las partidas. Por ejemplo, podría disminuir los gastos de capital e incrementar los gastos corrientes o viceversa. E incluso, sustituir y cambiar las finalidades del gasto. Por ejemplo, podría trasladar una partida destinada a Salud Pública a Obras Públicas, siempre y cuando —dice el artículo 37 de superpoderes— no se altere el monto total del gasto.
Este artículo 37 es notoriamente inconstitucional, porque no se ajusta al artículo 76 de la Constitución Nacional. La Constitución sólo contempla la delegación en el Poder Ejecutivo, que es la figura del presidente de la República y es muy clara: sólo en materia de administración. El presupuesto es un acto de disposición y tampoco existe una situación de emergencia pública.
Pero el proyecto de ley que estamos analizando en este momento va más allá. El artículo 8° faculta al jefe de Gabinete a alterar el total del gasto: es decir, a incrementarlo cuando ingresen al Estado mayores recursos que los que se encuentran presupuestados. Entonces, si vinculamos el artículo 37 sobre superpoderes de la Ley de Administración Financiera con los artículos 8°, 9/ y 10 del proyecto, concluiremos que estamos tratando en realidad un cheque en blanco al jefe de Gabinete, que luego va a poder cambiar todo el presupuesto como quiera con absoluta discrecionalidad.
A esto hay que agregar lo que acá se ha señalado en el curso del debate: la subestimación de recursos que existe en el presupuesto. En el presupuesto se estima que la economía va a crecer 4 por ciento. La verdad es que todos sabemos que la economía va a crecer durante el próximo año cerca de 9 por ciento. Sólo el arrastre del crecimiento de este ejercicio es de 4 por ciento. Es decir que sostener que la economía va a crecer 4 por ciento el año próximo implica decir que la economía argentina se estanca el 31 de diciembre de 2006 y no crece más durante todo el próximo ejercicio.
Esto es un absurdo: todos sabemos que crecimiento va a haber, porque existe un contexto internacional muy favorable para nuestro país y, además, internamente no se avizoran señales de recesión económica. De formal tal que —reitero— es un absurdo decir que sólo se va a crecer 4 por ciento para estimar los recursos, porque ese porcentaje es sólo el del arrastre del crecimiento de este año.
La inflación se estima en 7,7 por ciento, cuando todas las estimaciones sitúan el índice inflacionario por encima de 9. De manera tal que se puede estimar para el año próximo un crecimiento de los recursos de 4.700 millones de pesos. Si por el artículo 8° del proyecto de ley que estamos tratando se da al jefe de Gabinete facultades para alterar el monto total del gasto, significa que estamos firmando un cheque absolutamente discrecional por 4.700 millones de pesos.
Otra reflexión: estamos en un ciclo expansivo de la economía. Para que un ciclo de crecimiento sea sostenible a lo largo del tiempo, es necesario definir políticas estructurales que hagan sustentable ese desenvolvimiento de la economía. La verdad es que no estamos encarando esas reformas estructurales que el país requiere hoy.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la necesidad de una reforma tributaria integral. El momento de realizarla es el que estamos transitando ahora, precisamente, porque nos encontramos en un ciclo expansivo. En economía, los grandes errores se cometen en períodos de prosperidad y se pagan en la adversidad. Tenemos una de las alícuotas de IVA más altas del mundo, que penaliza a los sectores de menores recursos en el momento en que consumen. Acá se ha dicho que no se han aumentado los impuestos y esto no es cierto. Los impuestos se incrementaron, tal vez, no porque hayan variado las alícuotas, pero a través de la falta de actualización de los mínimos no imponibles, la presión impositiva ha crecido en nuestro país, castigando sobre todo a los sectores medios de la sociedad: tal es el caso del impuesto a las ganancias y de los bienes personales. Por ejemplo, este mismo mes hemos tenido que aprobar, para el caso de los trabajadores de la industria petrolera, un tratamiento de excepción respecto del Impuesto a las Ganancias, que está denotando el grado de conflictividad que genera una exagerada presión tributaria. Además, no es el mejor camino hacer excepciones, cuando en materia tributaria tenemos que buscar la igualdad de tratamiento para todo los que están en la misma situación.
También se hace referencia a la falta de tratamiento de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que refleje la realidad actual. Hoy, el Estado nacional se queda con el 65 por ciento de los recursos, mientras que las provincias se quedan sólo con el 35 por ciento, cuando son las que deben atender las necesidades fundamentales de la gente, como la salud, la educación, la seguridad y la justicia.
En este cálculo, no estoy incluyendo las retenciones —que son recursos con los que también se queda el Estado nacional— ni los aportes y contribuciones a la seguridad social, que menciono simplemente —hablando de recursos— porque en este momento hay un superávit del cual también indirectamente se apropia el Estado nacional.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.
Sr. Gómez Diez. — El otro gran aspecto sobre el cual deberíamos avanzar, que hace referencia a reformas estructurales, es el referido al sistema de previsión social. Aquí no estamos dando cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Badaro”, que encomienda al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación ocuparse de todo lo relativo a la movilidad de las jubilaciones y pensiones, que es un derecho que está consagrado —como todos sabemos— en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el cual habla de jubilaciones y pensiones “móviles”. Eso significa que esas jubilaciones y pensiones tienen que guardar una razonable distancia con los ingresos del trabajador en actividad, cuestión de que el mismo pueda tener un nivel de vida digno.
Asimismo, un aumento de 13 por ciento es absolutamente insuficiente. Tampoco tiene sentido que se coloque en el presupuesto nacional que el Poder Ejecutivo está facultado para incrementar las jubilaciones y pensiones cuando la evolución de la recaudación del Sistema de Seguridad Social lo permita. La verdad que lo permite ahora, no es que lo va a permitir en el futuro.
Hoy se puede estimar que los activos financieros del ANSeS van a estar a fin de año en el orden de 10.900 millones de pesos, simplemente porque el superávit en 2004 ha sido de 279 millones de pesos; en 2005, ha sido de 3627 millones de pesos y a octubre de 2006, ha sido de 6.377 millones, con lo cual a fines de diciembre, se puede estimar en 7.000 millones de pesos. De manera tal que existen recursos para solucionar la cuestión previsional en una forma digna y adecuada que evite la litigiosidad contra el Estado.
En este momento, sólo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay 20 mil expedientes de materia previsional. A eso hay que sumarle todos los expedientes que están en la Cámara de la Seguridad Social y en los juzgados de primera instancia. Sin duda, no sé qué va a hacer la Corte el año que viene, porque evidentemente el tiempo que le ha dado al Estado con el fallo “Badaro” tiende a cumplirse sin la necesaria respuesta. Es evidente y de público y notorio que existen recursos para dar una solución.
De manera tal que estas reformas estructurales deberían estar debatiéndose también en ocasión de tratarse el presupuesto nacional: la política tributaria, la reforma previsional y, también, la definición de una política de desarrollo regional en la Argentina que permita cumplir con lo que manda el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, que determina proveer políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y de las regiones. Esto no lo tenemos. Sin duda, sería apropiado hacerlo en este momento y así contar con un plan de obras de infraestructura que contemple una visión de mediano y de largo plazo de la
Argentina, que hoy no existe.
Ahora bien, una vez más retomo el tema del Ferrocarril Belgrano, que no tiene un tratamiento adecuado en el proyecto de ley de presupuesto ya que, otra vez, se repite un artículo que dice que el jefe de Gabinete está nuevamente facultado para reestructurar partidas en la medida en que se obtenga un crédito del Banco Mundial que “vendría” para el ferrocarril. Sin embargo, todo es “vendría” y, en definitiva, no tenemos soluciones.
Evidentemente, esto conlleva un grave perjuicio, fundamentalmente, para quienes vivimos en el Norte de la República Argentina. Digo esto porque debemos tener en cuenta que uno de los principales componentes del costo de nuestros productos son los fletes. Obviamente, necesitamos del transporte, pero no sólo en orden a la capacidad de transportar volúmenes de producción, sino también para hacerlo a valores competitivos.
En el caso del Ferrocarril Belgrano, está cortado el tráfico a Bolivia. Hace pocos días, se inauguró el nuevo puente carretero sobre el río Seco, ya que las aguas —producto de las precipitaciones del verano pasado— se lo habían llevado. Sin embargo, nos queda otro puente que también se llevaron las aguas: el puente ferroviario sobre el río Caraparí, que está exactamente igual de caído que en el verano pasado.
De modo que no tenemos la posibilidad de disponer del servicio ferroviario, por lo que debemos adoptar medidas muy engorrosas, como descargar la mercadería de todos los trenes, cargarla en camiones, llevarla a territorio boliviano y, en el territorio boliviano, volver a cargarla en el tren de Bolivia.
Cabe destacar que también está interrumpido el tráfico ferroviario con Chile, porque no hay locomotoras en el Ferrocarril Belgrano. Esto ha traído una serie de trastornos respecto de empresas que tenían asumidos compromisos para transportar minerales que se sacan de la Cordillera y lógicamente, lo más conveniente es llevarlos a los puertos chilenos ubicados sobre el Pacífico.
También podría decir que el Tren a las Nubes tampoco corre, porque las vías no están en condiciones. Esto perjudica al turismo, que implica un ingreso importante para las provincias del Norte y, particularmente, para Salta. En ese sentido, la provincia anunció la inversión de 14 millones de pesos a modo de paliativo. Pero, sin duda, que el tren funcione es una responsabilidad del Estado nacional. Digo esto porque la provincia, además, debe atender a un conjunto de necesidades que hacen a sus responsabilidades específicas. Por lo tanto, sería positivo que el Estado nacional atienda las suyas, ya que, en verdad, recursos no le faltan, conforme los porcentajes a los que se ha hecho referencia.
En materia de obras públicas, hemos mejorado en algo la enumeración de obras que es necesario realizar. Sin embargo, quiero señalar que 50 por ciento de las obras de la provincia de Salta que figuran en el proyecto de ley de presupuesto tienen un porcentaje de ejecución física inferior a 1,5 por ciento para 2007; con lo cual tememos que muchas de esas obras no se ejecuten, como ya nos ha pasado también en anteriores ejercicios.
En efecto, hay obras que cuentan con cifras realmente muy reducidas, por no decir de carácter simbólico. Por ejemplo, para obras en la Ruta Nacional 50, en el tramo Pichanal-Orán, se habla de una inversión de 75 millones de pesos; pero para 2007 sólo se prevén 700 mil pesos. En el caso de la Ruta Nacional 86, en el tramo Tartagal-Tonono, donde se habla de una inversión de 10 millones, sólo se prevén 76 mil pesos para 2007. O la avenida urbana que va entre Mosconi y Tartagal, que viene ya desde hace varios años figurando en el presupuesto nacional y sólo tiene contemplada una partida de 69 mil pesos.
En fin, considero que el Congreso de la Nación no debe renunciar a las facultades que le son propias y que constituyen atribuciones y deberes que le marca la Constitución.
Una de esas atribuciones fundamentales es la Ley de Presupuesto.
Estoy totalmente en contra del mecanismo de la delegación de facultades que, además, es absolutamente inconstitucional. A través de este medio, parece que estuviéramos tratando una cosa virtual, porque tampoco nada es seguro. Es un cheque en blanco: después, todo puede ser cambiado por un funcionario que puede ser muy importante pero, en definitiva, es el jefe de Gabinete. Es un funcionario designado por el presidente de la República y este es el Poder Legislativo, que está compuesto por representantes del pueblo de todas las provincias de nuestra patria. Si estamos acá es para ejercitar aquellas facultades y deberes que nos manda la Constitución. Y uno de esos deberes absolutamente importantes es, precisamente, determinar el Presupuesto; determinar cómo se gastan los dineros de la gente, de la comunidad, del Estado nacional.
Por estas razones, no voy a acompañar la sanción de la Ley de Presupuesto.

Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez.— Señor presidente: en primer lugar, quiero destacar la importancia que tiene la presencia del ministro de Educación en este recinto, quien nos ha  acompañado a lo largo de este debate.
Si señalo esto es porque es importante sancionar las leyes, pero también el éxito de ellas depende de cómo se implementen y apliquen. Y en esta cuestión, el Ministerio de Educación tiene un rol central.
En 1993, en este mismo recinto, quienes nos precedieron sancionaron la Ley 24195, conocida como Ley Federal de Educación. Seguramente, cuando lo hicieron pensaron que estaban aprobando un proyecto educativo que iba a tener una vigencia de por lo menos un cuarto de siglo, considerando la aceleración de los tiempos.
En esos días, se sostenía que el sistema educativo que se iba a reemplazar era memorista, que se basaba en la repetición, que no desarrollaba la capacidad de abstracción y que, por lo tanto, no capacitaba adecuadamente para que, sobre la base de los conocimientos adquiridos, se pudieran desarrollar nuevos conceptos.
En definitiva, se sostenía que la escuela transmitía contenidos, pero no construía competencias; es decir, la capacidad para aplicar con autonomía los conocimientos a situaciones prácticas.
Quiero señalar que todos los que estamos acá, por razones generacionales,  indudablemente, hemos sido educados en ese sistema anterior que la Ley Federal venía a reemplazar.
Al respecto, tengo tres hijos: uno tiene 29, otro 28 y otro 21. Los dos mayores están  educados en el mismo sistema educativo en el cual nosotros nos educamos. Al de 21, le tocaron los cambios.
La verdad es que cuando yo hablo con mi hijo menor, me plantea que siente que hay diferencia en su capacitación, comparando con mis hijos mayores. Ahora, él está en la universidad; un día me decía: “Mirá, yo me eduqué; nadie me dio una noción de Química". Está bien, eligió en el Polimodal una orientación vinculada con las Humanidades. Pero ¿es posible, hoy, formarse y no tener una idea elemental de la Química? Indudablemente —y por esta razón estamos debatiendo esta nueva ley—, algo falló.
¿En qué se fracasó? ¿En los contenidos de la Ley Federal de Educación? ¿Se fracasó en  la implementación de la ley? Indudablemente, los contenidos son muchos y discutimos sobre ellos.
Acá tuvimos que sancionar una Ley de Educación Técnica. ¿Por qué? Porque la Ley Federal no contemplaba la educación técnica, que llegó a ser orgullo en nuestro país. Frente a esta omisión, en algún momento, se idearon los trayectos técnicos como una suerte de ropaje con el cual se buscó ubicar a la escuela técnica como si fuera una variante del Polimodal.
Siempre cito, porque me quedó muy grabada en mi memoria, una anécdota en mi provincia: una mamá me decía que tenía dos hijos con educación técnica. Orgullosa, me decía que uno era técnico de verdad y que estaba trabajando. Y respecto del otro, que estaba por salir de la escuela, me decía: “¿sabe qué, doctor? Es técnico trucho”.
Entonces, hay muchos aspectos en donde fuimos perdiendo la calidad que hoy tenemos que recuperar para la educación argentina.
También pienso —y me lo he preguntado muchas veces— si con el sistema del Polimodal, un chico de catorce años, cuando tiene que elegir una orientación, está con la madurez para hacerlo.
Hay que ver cómo toma la decisión. Porque mucha veces, he visto tomar esa decisión no por vocación, sino porque la escuela que estaba más cerca tenía esa orientación. De modo que esa persona va ahí porque se ahorra el transporte, porque está más a mano o por la razón que fuere.
También debemos decir que hubo defectos de implementación. Es importante que lo tengamos en cuenta en las etapas que vienen, porque acá hemos hecho referencia a contenidos y la verdad es que esta ley tiene enumerados algunos contenidos que no voy a controvertir.
Me parece muy importante la proyección latinoamericana, que se entienda el Mercosur, etcétera. Pero, si bien hay que entenderlo en el marco de nuestra identidad, primero hay que comprender el fenómeno de la globalización y cómo nos afecta. Porque entonces, alcanzaríamos a comprender muchas cosas que nos pasan y aprenderíamos a valorizar la educación, entendiendo qué pasa en el mundo.
Hoy, el gran fenómeno de este mundo en cambio es, precisamente, la aparición de grandes economías emergentes, sobre todo los asiáticas, con mano de obra barata, que inundan el mundo con manufacturas producidas a muy bajo costo.
En este contexto, la Argentina ¿cómo va a competir? ¿con mano de obra barata? Indudablemente que no. China tiene todavía muchos millones de trabajadores en el mundo rural para trasladarlos a las fábricas de las ciudades. Entonces, sólo hay una manera de competir: con mano de obra calificada y con educación. Así, comprenderíamos que el futuro de la Argentina está ligado a la educación como prioridad, a la inversión en ciencia y tecnología y al desarrollo de la capacidad
innovativa.
Pero más allá de esto, hay algo que es central en materia de contenidos. Hay un núcleo básico del conocimiento y del saber, un núcleo que se mantiene inalterable a lo largo del tiempo. Los chicos tienen que saber Matemática, Lengua, Historia, Geografía y Ciencias Naturales; es decir, Biología, Física y Química. Luego, se puede agregar todo lo que se quiera, pero este núcleo básico no puede faltar.
La verdad es que con los cambios que se han introducido, se disminuyó la carga horaria de este núcleo básico del saber humano y aparecieron otras asignaturas, que no desvalorizo en la medida que no quiten espacio al núcleo central mencionado —como Tutoría, Tecnología, etcétera.
Este ha sido un defecto de implementación. Otro ha sido la enseñanza por áreas, cuando los profesores están formados por disciplina. Así es como he visto en mi provincia a profesores de Historia que enseñan Geografía y viceversa. Esto disminuye la calidad.
Por otra parte, hay sistemas de calificación que no premian el esfuerzo, motivo por el cual se ingresa en la cultura del facilismo.
La confusión de la educación con el asistencialismo es otro gran problema. Lo mismo podría decir de la cultura sintetizada en esa expresión "pobrecito, no puede", olvidándonos de que el sistema educativo tiene que desarrollar al máximo las capacidades de los chicos. No se trata de "pobrecito, no puede", sino de exigirlo, para potenciar todo lo que hay en el interior del chico que va a la escuela.
En definitiva, si bien hay omisiones en la norma, también hay muchos problemas de implementación. De ahí que es importante ser cuidadosos frente a la experiencia que se ha tenido. La suerte de la norma en consideración dependerá de cómo se implemente.
Así como están los artículos de la Constitución Nacional que hacen referencia a las competencias del Estado nacional —que las tiene porque formamos parte de una nación–, me gustaría que se respetara su artículo 5°, que alude a las autonomías de las provincias.
El proyecto en consideración tiene aspectos positivos, eso es indudable, y aquí se han mencionado. Por ejemplo, se extiende la obligatoriedad de la enseñanza por un lapso de tres años más; algo muy bueno. No obstante, no puedo dejar de señalar que comparto todas las preocupaciones que se han vertido en orden a cómo va a financiarse esa cuestión. Es obvio que posee un costo.
La Ley de Financiamiento Educativo es una ley que fija llegar en tres años más a invertir el 6 por ciento del producto bruto interno en educación. Estamos avanzando. Esto tiene un costo financiero, que es muy claro. El costo es más grande para las provincias que tienen mayores dificultades, y que tienen menor ingreso por habitante. Nuestra situación, en el Noroeste y en el Noreste, es distinta de la del centro del país, de la de Cuyo y de la del Sur. Con respecto a la deserción en el nivel Polimodal, prácticamente la mitad de los chicos de nuestra región no egresan del sistema educativo. Si aspiramos a llegar al 100 por ciento, se darán cuenta de que no es una inversión menor.
Creo que es positivo volver a la modalidad del primario y del secundario. Esto está muy internalizado en la gente. Incluso, es recordado con mucha nostalgia por muchos. Me parece que la ley debería solucionar la cuestión de cuántos años dura el primario y cuántos el secundario. Creo que el período de transición de seis años, para definirlo, no es bueno. Deberíamos optar por una modalidad u otra de las que están contempladas en la ley, pero hacerlo desde el vamos y que después, haya un período de adecuación de las distintas juisdicciones, pero definirnos por un camino u otro: seis el primario y seis el secundario, o siete el primario y cinco el secundario.
Quiero señalar, en orden a algunas consideraciones que acá se han vertido, que los  artículos 4, 8 y 11 de la ley hacen referencia a la formación integral de la persona, con lo cual creo que indudablemente el aspecto espiritual está contemplado. También, se ha hecho referencia a la cuestión religiosa. Y en esto, me permito señalar que acá está vigente el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional. Este Pacto, claramente, dice que los padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral que quieran darle a sus hijos.
Me parece central el tema de la evaluación de la calidad educativa, porque es la única manera de ir siguiendo la implementación del sistema. Y tenemos que terminar con la cultura de engañarnos a nosotros mismos, porque somos propensos a ello y, a veces, desde el vértice mismo del poder se ejerce presión hacia abajo, para decir que los resultados tienen que dar bien. Y los resultados pueden dar bien o pueden dar mal. Si dan mal, nos dan la oportunidad de corregir, de enfocar adecuadamente las cosas. La Argentina no hace evaluación de calidad con estándares internacionales desde el año 2000. Es muy importante que haya buenos docentes y me parece que en esto, también, es importante ampliar su formación. Esto conlleva, lógicamente, a dignificar la carrera docente.
En definitiva, señor presidente —y con esto termino—, creo que el tema de la implementación de la ley es una cuestión absolutamente central, para que dentro de 10 años, quienes nos sucedan no tengan que volver a reunirse para debatir un texto legal.
—Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, licenciado Daniel
Osvaldo Scioli.
Sr. Gómez Diez. — Ojalá lo logremos, con el esfuerzo de todos. La política educativa siempre tiene que ser una cuestión de Estado. Va más allá de un gobierno. Inclusive, una gestión de gobierno no alcanza para desarrollar un proyecto educativo. Por eso, señalaba al principio la importancia que tiene no sólo que legislemos, sino que luego se implemente y se aplique esta ley de una manera adecuada, aprendiendo de toda la experiencia acumulada a lo largo de los años.

 

Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: la declaración de la emergencia tiene que corresponderse con un hecho fáctico de la realidad. Al respecto, es un acto de voluntarismo decir "estamos en emergencia" si esa situación no se corresponde con la realidad.
Esto es bastante poco serio. Imaginémonos que llegara alguien al país y preguntara "¿Qué trató el Congreso” —o en este caso el Senado de la Nación—?, interesado tal vez por conocer cuáles son los temas que conforman la agenda nacional actual, y le dijeran que hemos declarado la emergencia cambiaria.
El país no está en emergencia cambiaria. Afortunadamente, alcanzamos un nivel récord de reservas de 30 mil millones de dólares; pero el Estado nacional interviene en el mercado cambiario no para sostener el valor del peso sino el del dólar; actúa exactamente al revés. Entonces, no podemos estar jamás en emergencia cambia; eso no se corresponde con la realidad.
Tampoco podemos hablar de emergencia económica —como bien se ha señalado—, cuando la economía creció el 8,8 por ciento en 2003, el 9 por ciento en 2004, el 9,2 por ciento en 2005, este año estaremos cerca del 9 por ciento y las perspectivas para el año que viene son mayores al 7 por ciento. Entonces, no es este un país en emergencia económica.
Además, todo ese crecimiento de la economía determina que actualmente estemos en un  PBI per cápita superior que el de la pre crisis, es decir, superior al de 1998.
Tampoco podemos hablar de emergencia financiera, porque el Estado nacional tiene superávit. El superávit de 2005 fue el 3,7 por ciento del PBI; este año estará en el 3,6 por ciento y en el presupuesto de 2007 se proyecta el 3,1 por ciento.
Se quiere prorrogar el Programa Jefas y Jefes de Hogar. En ese sentido, estamos todos de acuerdo en sancionar una ley, y si es necesario tomar alguna medida en particular con relación a otra área, —por ejemplo, sanitaria—, instrumentémosla. Pero los indicadores sociales y de desocupación también, afortunadamente, han mejorado.
Entonces, lo que tenemos que construir es la Argentina de la normalidad, no la de la crisis ni la de una emergencia que actualmente, afortunadamente, no existe.
La Argentina de la normalidad es absolutamente necesaria para algo que ha señalado la senadora preopinante: que se hagan inversiones en el país. Al respecto, ya tenemos un proceso inflacionario producto, entre otras cuestiones, de que se está agotando la capacidad instalada de producción. Se está dando un aumento en el consumo, y para aumentar la oferta necesitamos inversiones. ¿Y cómo las vamos a traer? Con seguridad jurídica, con cumplimiento de contratos, con normalidad institucional.
Por eso, es importante la calidad institucional. La calidad institucional en la Argentina no es un discurso carente de fundamentos. La Argentina debe hacer de la calidad institucional una fortaleza. Tiene que hacer algo que la distinga en el mundo globalizado para, casualmente, ser un país atractivo; y desde luego que el país tiene todas las condiciones para ello.
La verdad es que no puedo votar la prórroga de situaciones de emergencia que, afortunadamente, ya no existen.
Si hay algún sector en particular que tiene una emergencia puntual, se puede analizar y hacer la declaración respectiva.
El señor miembro informante de la mayoría ha hecho referencia a la situación del Ferrocarril Belgrano Cargas. Adhiero plenamente a lo que se ha dicho. Está en la más total y absoluta de las emergencias. Es más, el Ferrocarril Belgrano Cargas, que es el ferrocarril del Norte argentino, ni siquiera funciona ya en los ramales internacionales que comprenden trayectos a Chile y Bolivia.
En el caso de Bolivia, el puente sobre el río Caraparí se cayó en el verano pasado y lo cierto es que no hubo ninguna reparación. El tránsito está interrumpido, hay que hacer trasbordo a camiones en una localidad previa al lugar del corte y luego, cargar nuevamente el ferrocarril en territorio boliviano.
En el caso del ramal que va a la República de Chile, también se encuentra interrumpido el tráfico porque, como no se disponía de locomotoras, entraban dos unidades de Chile para auxiliar al tren en el traslado de mineral. Sin embargo, esto ya no sucede por una serie de inconvenientes que se han producido hace un tiempo.
Entonces, el Ferrocarril Belgrano Cargas se encuentra realmente en emergencia y desde aquí se podría sancionar un proyecto por el que así se lo declare. Además, cabe señalar que en el presupuesto nacional no se han previsto fondos para el Ferrocarril Belgrano Cargas, salvo una autorización al Jefe de Gabinete de Ministros para tramitar un crédito ante el Banco Mundial.
Ya que se ha hablado del tema puntual del ferrocarril, reitero el reclamo en el sentido de que el Estado invierta en esta vía esencial de transporte y que, además, en el caso de que se entregue a un operador privado, se lo haga con el mecanismo de transparencia que corresponde, que es el llamado a licitación y no una adjudicación directa.
Se habló del transporte aerocomercial y está muy bien que el tema se trate, porque bien puede ser un tema para debatir. ¿Y por qué hacerlo? Porque se están pagando las consecuencias de años en que ha faltado una política de transporte aerocomercial. Y no es un déficit de este gobierno, que no tiene este tipo de políticas, sino también de otros anteriores.
Lo cierto es que el Estado, a veces, se mete en lo que no debe y en lo que debería haber intervenido permaneció impasible. Hubo un momento en la Argentina en donde había varias compañías de transporte aéreo. Había, por ende, una oferta oligopólica. Allí el Estado debió intervenir con la fijación de bandas tarifarias que garantizaran que todos los operadores permanecieran en el mercado y que no se destrozaran, como lo hicieron, mediante una guerra de tarifas, hasta quedar en manos de un monopolio. Y tanto falta una política a nivel nacional que, desde las provincias, hay que recurrir a la imaginación para buscar una solución a este problema. Así lo ha hecho la provincia de Salta, cuyo Estado debió intervenir para tener algún vuelo adicional.
Prorrogar emergencias que no existen no es el camino. Hay que construir la Argentina de la normalidad y ponerse de acuerdo en una visión del país de mediano y largo plazo, a efectos de dar certidumbre a nuestro propio destino. Porque hoy, en verdad, estamos favorecidos por un conjunto de circunstancias muy importantes. Pero el desafío es cómo hacer sustentable este crecimiento a lo largo del tiempo. En esto, creo que la cuestión de la calidad institucional tiene mucha importancia y significación.
También tenemos que tratar el tema de los decretos de necesidad y urgencia. Creo que este también es un debate importante, porque es la primera vez que estamos tratando dictámenes de la Comisión Bicameral. En este caso, coincido con el dictamen de la minoría; tal vez, será por eso que no puedo estar en esa comisión.
Quiero señalar que en esta Argentina de la normalidad, a la que todos deberíamos aspirar, tenemos que empezar por ajustarnos a la Constitución. No se le puede hacer decir a la Constitución lo que ella no dice, como tampoco se pueden declarar emergencias que no se corresponden con la realidad, porque eso es algo que no tiene ningún sustento.
¿Qué dice la Constitución? La Carta Magna establece que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo; este es el principio general. Luego, se agrega que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes...", o sea, cuando fuere imposible que el Congreso intervenga, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia.
Además de la letra de la Constitución, si recurrimos a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, observaremos que los fallos que se han dictado son también absolutamente claros. ¿Qué ha dicho la Corte? La Corte ha sostenido que lo que dice la Constitución es que se dictarán decretos de necesidad y urgencia cuando sea imposible que el Congreso se reúna y se siga el trámite ordinario de sanción de las leyes. Y en el caso Verrocchi, la Corte ha dicho con claridad que esto acontece cuando el Congreso no se puede reunir porque hay circunstancias imprevisibles y pone como ejemplo un conflicto bélico, un desastre de la naturaleza o cualquier hecho que haga imposible que nos reunamos en este recinto o que no podamos venir desde nuestras provincias a legislar en el Congreso de la Nación. Ese sería un caso.
El otro caso sería cuando la decisión que hay que tomar es tan urgente y perentoria que no se puede seguir el trámite ordinario de sanción de las leyes. Esto es clarísimo.
Entonces, díganme ustedes cuál es la emergencia en los siete decretos de necesidad y urgencia que estamos tratando en este momento. Estamos reunidos acá y nos hemos venido reuniendo todas las semanas con absoluta regularidad, por lo que no hay ningún inconveniente para tratar con la máxima urgencia cualquier iniciativa que solicite el Poder Ejecutivo. Porque en esto, existe no sólo la voluntad de acompañamiento del bloque oficialista, sino que además, todos los bloques hemos dado muestras de predisposición para el tratamiento que corresponda a aquello que sea urgente.
Fíjense ustedes: acá hay dos decretos que autorizan gastos en el presupuesto 2006. ¿No hemos aprobado hoy una ampliación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2006? Fíjense ustedes que estos dos decretos de necesidad y urgencia fueron dictados el 7 y el 9 de noviembre de 2006. ¿No podríamos haber incorporado estos dos gastos en el proyecto de ley que tratamos hoy y darles un marco constitucional? ¿No podríamos haber considerado las otras excepciones a través de una ley que siguiera el trámite normal? Son excepciones a la ley 11.672, que prohíbe la retroactividad de los incrementos en las remuneraciones del sector público. Podríamos haberlas tratado perfectamente y con absoluta normalidad.
La verdad es que estos decretos son nulos, porque no se ajustan a la Constitución. La cuestión no es si tienen la firma del jefe de Gabinete, si se dio en acuerdo de ministros, si entró en término por Mesa de Entradas. Acá no se dan los presupuestos que la Constitución establece. No hay ninguna circunstancia excepcional que haga imposible seguir el trámite normal de sanción de las leyes.
Creo que el dictamen de la mayoría es absolutamente inconstitucional.
No se trata de una cuestión política, de diferentes posiciones. Se trata de temas institucionales, en los que deberíamos construir consensos y tener políticas de Estado.
En una Argentina con un Congreso que otorga superpoderes, con el dictado de decretos de necesidad y urgencia absolutamente sin necesidad, es decir, una Argentina sin calidad institucional, no creo que podamos construir entre todos el futuro que esperamos y que nuestro país merece.
Por estas razones, no voy a acompañar la declaración de emergencia. Aclaro que estoy absolutamente abierto, si hay un problema particular, puntual, a dictar alguna ley, a sancionar alguna norma que tenga realmente sentido común. Porque convengamos que si vamos con una emergencia cambiaria ante cualquier tribunal internacional, nos van a decir que la emergencia terminó en 2003, que es lo que está pasando en los fallos arbitrales internacionales. Entonces, se trata de hacer algo que sea efectivo.
En lo que respecta a los decretos de necesidad y urgencia, tenemos que iniciar una etapa en la Argentina de cumplimiento de la Constitución y de funcionamiento del Congreso.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez.— Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que en 1990 nuestro sector político votó en contra de la aprobación de la Ley 23774, por la cual se incrementó a nueve el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como acá se ha dicho, este Tribunal funciona como una sala única y, evidentemente, ese es un número excesivo. Cabe destacar que esta situación ya fue señalada por quienes conformaban la Corte en 1989, como consecuencia de los proyectos que existían relacionados con el aumento del número de sus jueces.
Al respecto, el Alto Tribunal, a través de la Acordada 44/89, señaló entre otras cosas que es una verdad a todas luces evidente y que la experiencia común ratifica que el engrosamiento del número de jueces llamados a pronunciarse sobre una misma causa lleva a resultados precisamente opuestos a la obtención de decisiones más oportunas. Luego dicha acordada señalaba que la prolongación de los debates, la multiplicación de votos dispares que impiden establecer criterios jurisprudenciales claros y previsibles y la prolongación de las situaciones litigiosas son , entre otros puntos, los efectos contraproducentes más notorios de un número excesivo en un cuerpo que funciona —como señalábamos— como una sala única.
Sin duda, estos defectos se agudizan cuando existen vacantes. A modo de ejemplo, puedo citar el caso actual, donde hay siete jueces que están desempeñando sus cargos y la ley exige que cinco de sus integrantes estén contestes con el mismo criterio para poder emitir un fallo con el número de firmas que requiere la legislación vigente. Por consiguiente, esto es lo que hoy impide destrabar situaciones litigiosas; entre otras, las derivadas del “corralito”, que representan un número muy importante de causas.
En efecto, advertimos esta situación y, en su momento, presentamos un proyecto de ley por el que se reduce a siete el número de integrantes del alto Tribunal. Yo confieso que pensé inicialmente en el número de cinco, pero terminé inclinándome por el de siete —en fin, todo esto es cuestión de una apreciación— por algo que también señalaba la senadora preopinante. Hay que ver, en definitiva, qué ocurrirá cuando se produzca una vacante, tengamos seis integrantes y necesitemos una mayoría de cuatro, que serán los dos tercios de ese cuerpo para poder emitir un fallo.
En fin, esta cuestión también podrá apreciarse en su momento, si realmente se producen problemas operativos, como los que acontecen en estos momentos.
Lo cierto es que desde 2001 hasta hoy se han presentado un total de veinticinco proyectos de reducción del número de integrantes de la Corte, de los cuales hoy subsisten nueve en el Senado y seis en la Cámara de Diputados.
Quiero señalar también que en octubre del año pasado las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron un dictamen en seis proyectos de ley de diferentes legisladores, donde se proponía una Corte compuesta por siete jueces.
Este dictamen tuvo una disidencia total, firmada por los diputados Rosario Romero, Rodolfo Roquel y Juan Manuel Urtubey, representante de mi provincia, quienes desechaban la posibilidad de incrementar el número de integrantes del más alto Tribunal. Ellos sostenían que con los actuales nuevos miembros, no había razón alguna, desde el punto de vista político institucional, para volver a alterar el número de sus integrantes. Asímismo, agregan en su disidencia que más que alterar su número, proseguir con el proceso de recomposición significa dotar al órgano…
Sr. Presidente (Pampuro)— Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Gómez Diez. â€” Señor presidente: decía que los legisladores que suscribieron el dictamen en disidencia señalaron que era necesario dotar al órgano estatal de mejor funcionalidad, pensar el modo de funcionamiento y revisar competencias. Ellos entendían que el tema que se planteaba, equivocadamente partía de la premisa que reducir miembros implica celeridad. Por el contrario —afirmaban—, el atraso existía cuando había cinco miembros.
También agregaban en su disidencia que la supuesta solución de disminuir el número de miembros de la Corte, con el argumento de darle agilidad, —decían— no es compartida por los firmantes, puesto que creían que se debe pensar en un proyecto global de reforma que contemple el marco de competencias y los modos de tramitación.
Esta es la posición de quienes mantienen una disidencia total con la disminución del número de miembros de la Corte.
A su vez, en dicho dictamen existe una disidencia parcial, que suscribe el diputado Vanossi, quien adhiere al criterio de reducir el número de integrantes del más alto Tribunal, pero particularizando que es necesario estudiar el tema y avanzar en iniciativas que tiendan a reducir el número de causas que llegan a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
La verdad es que con la iniciativa que hoy estamos considerando vamos a lograr darle operatividad a la Corte. Esto lo han pedido los propios integrantes de dicho Tribunal. Así, vamos a conseguir que se obtenga el número de firmas necesario para emitir fallos en cuestiones que tienen trascendencia pública. No obstante, creemos que es conveniente avanzar en una reforma mucho más amplia; y esto lo hemos señalado en la reunión de comisión.
Esta tarde estaba recogiendo algunos datos que están publicados en la página de Internet del Poder Judicial acerca de la cantidad de causas que están en este momento tramitándose ante la Corte. Hay más o menos unos 87.000 expedientes, de los cuales 20.000 corresponden a causas previsionales. En este sentido, este año la Corte ha fallado en el caso “Badaro” instando al Congreso y al Poder Ejecutivo nacional a brindar una solución en lo que respecta a la litigiosidad por falta de movilidad de los haberes jubilatorios. Hay diversas iniciativas al respecto. En efecto, desde los partidos provinciales nosotros presentamos un proyecto y, a su vez, después he acompañado uno de autoría del senador Morales. Asímismo, otra iniciativa que está suscrita por senadores de diverso origen político también propone una fórmula para solucionar la cuestión de la movilidad.
Nosotros vamos a tener oportunidad de tratar el proyecto de presupuesto el mes próximo, pero la verdad es que todos sabemos que la solución que se insinúa en esa iniciativa no es suficiente y que a este tema hay que darle una solución definitiva. Entonces, si se solucionara la cuestión previsional, la Corte pasaría de tener 87.000 expedientes a aproximadamente 67.000.
A partir de ese número lo que se necesita es solucionar las causas derivadas del “corralito” y de la pesificación asimétrica. Al respecto existen alrededor de 47.000 expedientes que están radicados en la Secretaría número 7 de la Corte Suprema de Justicia, que entiende en todo lo que es materia tributaria, aduanera y bancaria.
Por lo tanto, sancionando este proyecto de ley y generándose en la Corte la mayoría necesaria para fallar en las causas de pesificación asimétrica o “corralito”, puede estimarse aproximadamente que el Tribunal demoraría unos dos años en ir fallando estas 47.000 causas, en un trabajo verdaderamente arduo, porque significa ir identificando expedientes por similitud de planteos para ir fallándolos.
Así las cosas, si se desbrozaran en la Corte las causas previsionales y las derivadas de la pesificación podríamos entonces hablar de unas 20.000 causas en trámite, lo cual sigue siendo un número absolutamente excesivo.
Por lo tanto, este es un tema que también debemos debatirlo en el marco de una reforma judicial, que creemos tiene que estudiarse desde el Congreso de la Nación y desde los otros dos poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el propio Poder Judicial.
He presentado hace algún tiempo una iniciativa que apunta a la creación de un tribunal intermedio...
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: creo que no es este el punto del debate, porque estamos hablando de la reducción del número de miembros de la Corte. Pero es oportuno hacer esta consideración simplemente para señalar que es necesario hacer un análisis más profundo de esta cuestión.
Está claro el planteo que hizo la senadora preopinante. Yo señalaba recién que presenté una iniciativa, que estudié con el doctor Augusto Mario Morelo, por la que se propone crear un tribunal intermedio de control de sentencias arbitrarias. Fíjense que de las 20.000 causas que quedarían, un 70 por ciento corresponde a recursos por sentencias arbitrarias.
Entonces, si uno avanzara en esto, podríamos tener una Corte de 6 ó 7.000 causas. En fin, este tema realmente hay que analizarlo con la profundidad que el caso amerita. Hoy, simplemente vamos a solucionar un problema operativo que es solamente la punta del iceberg, la punta del problema, con lo cual facilitaremos que se resuelvan algunas causas judiciales cuyos fallos, en este momento, están verdaderamente trabados porque no se logra el número de cinco integrantes que dictaminen de manera coincidente.
Acá tenemos que pensar cómo sucede en otros países, en donde a los superiores  tribunales de justicia llega un número de causas mucho más reducido. En los Estados Unidos, por ejemplo, los promedios van desde un mínimo de 80 fallos al año, hasta 160; un número absolutamente distante de la cantidad de causas que se fallan acá. Para mencionar algún dato, en 2005 se fallaron 9 mil causas.
Evidentemente, esto hace a la garantía de la prestación de un efectivo servicio de Justicia y creo que es un debate que nos debemos todos en el Congreso. Creo que este es un momento muy particular que vive la Argentina. Hemos salido de crisis recurrentes y entiendo que esto genera un espacio para reflexionar acerca de los problemas estructurales que tiene nuestro país, sobre los cuales deberíamos construir políticas de Estado; y uno de ellas es la reforma del sistema judicial, tendiente a una mayor eficacia.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue firmada por nuestro país en 1980 y aprobada por Ley del Congreso en el año 1985.
El artículo 17 crea un Comité cuyos miembros serán elegidos por los estados parte en reunión a celebrarse en la sede de las Naciones Unidas, el cual tiene como misión examinar el informe que tienen que presentar cada cuatro años los países que han ratificado la Convención y en el cual tienen que constar todas las medidas que se han adoptado para hacer efectiva la Convención.
En el año 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó un Protocolo Facultativo cuya aprobación se propicia por el presente proyecto de ley. El mismo dispone que ante el Comité creado por la Convención se pueden presentar personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos reconocidos por la Convención.
El punto es que el Comité, en los análisis que ha venido efectuando de los informes presentados por los Estados Parte se ha extralimitado en sus funciones, y ha venido sosteniendo una postura claramente favorable al aborto, y recomendando la revisión de la legislación que lo prohibe en protección de la vida.
En este sentido, por ejemplo, se pueden citar los casos de Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Méjico, Portugal, Andorra e Irlanda.
El Comité sustenta sus recomendaciones a favor de la despenalización del aborto en los artículos 10 y 12 de la Convención, donde claramente no se advierte ninguna referencia a la cuestión del aborto. Esas disposiciones solamente indican que los Estados Partes deberán adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurar la igualdad de los derechos con el hombre en la esfera de la educación. En especial, el artículo 12 textualmente dice que:
"los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia." 
Como puede observarse, las recomendaciones del Comité constituyen una interpretación que no se ajusta a la Convención y que, por lo tanto, configura una verdadera extralimitación de tal órgano. Además, el criterio del aludido Comité no guarda correspondencia con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12, que textualmente dice: 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia".
Nítidamente se aprecia que la preocupación consiste en atender a la mujer embarazada, debiendo los Estados Partes dictar todas aquellas medidas que tiendan, precisamente, a asistirla especialmente en esa situación de donde que la intención es preservar el embarazo. De allí que las recomendaciones que efectúa el Comité no están de acuerdo con la Convención sino, más bien, contrarían el espíritu de la misma.

Además, tampoco los criterios del Comité armonizan con la Constitución Nacional, en cuyo artículo 75 inc. 23, 2° párrafo, establece, entre las atribuciones del Congreso: 
"Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia."
En esta misma línea, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 4° inciso 1° prescribe que 
"toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción."
Asimismo, cuando la Argentina aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849), hizo una reserva en los siguientes términos:
"Con relación al artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad".
Por último conviene recordar que en nuestra normativa infraconstitucional también se recogen los principios señalados. Así, el Código Civil, en su artículo 70, consagra que:
"Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas, y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido".
De lo expuesto se desprende con nitidez que la inteligencia que el Comité hace de la Convención no guarda correspondencia con su letra ni sus fines, ni con nuestras normas constitucionales y legales.
La disparidad apuntada crea una situación especial, que ha llevado a algunos países a no suscribir el Protocolo por la hermenéutica que ha hecho de la Convención el Comité, según se destacara precedentemente. Es decir, es el propio Comité el que ha creado la dificultad para suscribir el citado instrumento.
Avala lo dicho la constatación de la escasa adhesión que tuvo el Protocolo en comparación con la Convención. Hasta el 23 de octubre de 2006, solamente han ratificado el Protocolo 83 países. La Convención, en cambio, logró una adhesión casi unánime, pues la ratificaron 185 países.
Refuerza esta última aseveración que, como ha quedado claro en el caso de la República Dominicana, el Comité ha adoptado también una posición claramente contraria a la Iglesia Católica, cuya fe profesan la mayoría de los habitantes de este país en un marco constitucional de claro respeto a la libertad de cultos.
En tal ocasión (año 1998), el Comité dijo:
Aunque la República Dominicana es un Estado laico, el Comité observa que en la práctica, no hay una separación clara entre la Iglesia y el Estado. El Comité considera que esa mezcla de las esferas secular y religiosa constituye un grave obstáculo para la plena aplicación de la Convención.
De esta manera se aprecia una actitud por parte del Comité que configura un verdadero desborde, puesto que no vacila en afectar valores y principios religiosos que comparte una comunidad.
De todo lo expuesto se deduce que el impedimento para suscribir el Protocolo no surge de lo que él prescribe sino de la interpretación que efectúa el Comité de la Convención que podría llegar a tener consecuencias más graves si aquél pudiera intervenir en los reclamos que formularan los mismos particulares, una vez agotadas todas las instancias previstas por la legislación de cada país y persistiera en pronunciarse en la misma línea en que lo viene haciendo.
Resulta asimismo deplorable que este proyecto se trate sin su correspondiente dictamen de comisión, especialmente porque no existe ningún tipo de urgencia en adherir a este protocolo.
Puede decirse que la propuesta que estamos considerando tiene una larga historia en esta Cámara ya que desde el año 1999 se han presentado varios proyectos que proponen la aprobación del Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Incluso, en el año 2004, contamos con un Orden del Día, el 1913/04. En dicha oportunidad, existieron tres dictámenes de Comisión, uno que proponía el rechazo del protocolo, otro que proponía su aprobación y uno, el de la mayoría, que intentaba una solución superadora. Este último propone ratificar el protocolo pero efectuando al mismo tiempo las siguientes aclaraciones:
a) La República Argentina no reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer establecida en los artículos 8º y 9º del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 del referido tratado que permite a los Estados parte realizar una declaración en este sentido; y
b) En la República Argentina, ninguna norma del Protocolo que se ratifica se podrá aplicar o interpretar violando los derechos humanos garantizados por la Constitución Nacional y por los tratados a ella incorporados, en particular el derecho a la vida a partir de la concepción.
Dado que debemos tratar este proyecto sobre tablas, propongo que se incorporen las declaraciones que preveía el Dictamen de la Mayoría del año 2004 pues de esa manera estaremos seguros de que nadie podrá imponernos ni reprocharnos nada por la decisión soberana de defender el derecho a la vida, que es el primero de los derechos humanos.
De no hacerse lugar a esta propuesta, votaremos en contra del proyecto de ley que propicia la aprobación del Protocolo.

Sr. Gómez Díez. — Señor presidente: la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Salta se han pronunciado solicitando a los senadores nacionales que representan a nuestra provincia la no ratificación del Protocolo Facultativo que estamos considerando.
Las declaraciones emitidas por ambas cámaras nos fueron comunicadas acompañando copias de las versiones taquigráficas de los respectivos debates que se suscitaron en el recinto de las legislaturas provinciales.
La verdad es que cuando uno las lee ve que se expresaron distintos argumentos, varios de
ellos coincidentes con los que han expresado en este recinto la senadora Negre de Alonso, el senador Jenefes y la senadora Fellner. Todos hemos recibido notas de uno u otro carácter conteniendo inquietudes sobre este tema. Hemos recibido la visita de personas o de organizaciones. Lo cierto es que acá también existe un temor real y concreto, y es que las mayores facultades que se le da al Comité creado por la Convención puedan terminar en recomendaciones hacia nuestro país en el sentido de despenalizar el aborto y de abrir una instancia internacional que pueda terminar instándolo a modificar su derecho positivo en este aspecto.
Todos conocemos la cláusula en la Constitución modificada en el año 1994 , contenida en
su artículo 75, inciso 23, que establece la protección de los niños desde el embarazo, como así también el Pacto de San José de Costa Rica, que protege la vida desde el momento de la concepción.
Asimismo, la Argentina ha suscripto la Convención sobre los Derechos del Niño con una reserva, manifestando que se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción hasta los dieciocho años de edad, Las disposiciones del Código Civil son muy claras. Pero este es nuestro derecho vigente. Hay quienes piensan que esto debe modificarse y algunos también creen que, en este instar a un cambio de la legislación argentina, los organismos internacionales pueden jugar un papel.
Existen distintas confesiones religiosas que también se han expresado sobre el tema. Hoy
se nos distribuyó una nota firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que expresa el punto de vista de la Iglesia Católica que, sin duda, tiene una representatividad y significación importante dentro de nuestra sociedad. Es, además, la confesión religiosa a la que pertenezco en función de mis propias convicciones.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Bergoglio, en la nota que
dirige al presidente de nuestro Senado, expresa lo siguiente: “Una vez más queremos hacerle llegar respetuosamente la postura de la Iglesia Católica en un tema particularmente delicado como es la aprobación del CEDAW.” Luego agrega: “Si bien el proyecto general se presenta, como dice su título, contra toda forma de discriminación contra la mujer, y en este objetivo de evitar cualquier discriminación todos coincidimos y estamos comprometidos, al momento de interpretar qué significa discriminar o atentar contra la dignidad de la mujer, tenemos diferencias”.
Continúa diciendo el cardenal Bergoglio: “La actuación del Comité en cuestión muestra, en
su obrar, la promoción del aborto. Y más adelante particulariza que no se persigue, por lo tanto, como objetivo, la promoción de la mujer sino que se presiona a los Estados a fin de lograr la despenalización del aborto.”
Más adelante expresa que, en virtud de las facultades que el Protocolo otorga, se podrían
generar denuncias contra el Estado argentino, que darían lugar a la intervención del Comité, que tendría competencia para invitar a nuestro país a adoptar medidas, por ejemplo, en torno al aborto y su despenalización.
Es decir, está claro que ninguno de nosotros quiere ninguna forma de discriminación contra
nadie y menos aún contra la mujer. Esto está absolutamente claro. Pero también es evidente que existe preocupación en sectores importantes dentro de nuestras propias comunidades, a las que representamos en este Senado, y en la sociedad en general. ¿Cuál es esa preocupación y ese temor?
Es que esta instancia internacional sea utilizada en pos de una despenalización del aborto. No podemos ignorar ese temor y esa preocupación.
Por eso, la verdad es que, por lo que se ha expuesto y vengo escuchando en el curso de este
debate, es de lamentar que estemos tratando esto sobre tablas. Se me podrá decir que esta cuestión se encuentra, desde hace tiempo, a consideración de este Senado. Es cierto; pero la verdad es que los dictámenes de comisión siempre ayudan a organizarnos y al trabajo legislativo.
Si tenemos este temor en la sociedad, que está expresado a través de lo que he manifestado
y de lo que han manifestado otros señores senadores en este recinto, me pregunto por qué no disiparlo y por qué no seguir el camino del dictamen en mayoría de 2004, que introdujo dos reservas muy claras y muy precisas, que establecen que ninguna norma del protocolo facultativo puede interpretarse violando el derecho a la vida a partir de la concepción, tal como está reconocido por la Constitución y por la legislación argentina, y la que hace uso de la opción que da el artículo 10 del Protocolo respecto de sus artículos 8 y 9.
Esto posibilitaría construir un consenso sobre este punto y llevar tranquilidad a sectores de
nuestra sociedad que están preocupados por el tratamiento que hoy se realiza en el Senado de la Nación.

Señor Presidente:
Todos estamos de acuerdo en brindar información sobre temas sexuales en el ámbito del sistema educativo, pero sin duda creemos que el que mejor garantiza este derecho es el dictamen de minoría suscripto en el ámbito de la Comisión de Educación por la senadora Negre de Alonso. No se puede concebir una ley de educación sexual que no hable de manera expresa de los padres, en un tema que está relacionado con las convicciones propias de cada familia. Este concepto está además planteado en las disidencias de las senadoras Latorre y Fellner.
El miembro informante manifestó que se menciona a la comunidad educativa. Pero la misma comprende a los ex -alumnos, docentes, personal auxiliar de las escuelas, los cuales en un tema de estas características obviamente no estan en el mismo nivel que los padres. No estamos hablando de la enseñanza de matemáticas, lengua, historia o geografía, sino de una formación íntimamente relacionada con las convicciones.
La participación de los padres en la educación de sus hijos es un derecho natural, reconocido además por nuestra Constitución, por tratados internacionales con jerarquía constitucional y por el propio Código Civil, y como tal debe estar garantizado en la ley que estamos tratando de una manera especial y no simplemente en una remisión tácita a otra ley.
Por otro lado, también debería darse mayor importancia a la intervención del Consejo Federal de Educación en la determinación de los contenidos de educación sexual. Cada provincia tiene su propia historia, tradiciones y cultura que le son particulares y por lo tanto la manera de abarcar los contenidos puede tener matices diferentes. En la definición de la curricula debe darse un debate federal, y qué lugar mejor para que se de el mismo si no es en el Consejo Federal en el que todas las provincias están representadas. No nos olvidemos que federalismo es unidad en la diversidad y por lo tanto debemos dar especial intervención al órgano federal.
Finalmente, considero necesario que la comisión que asesora en la definición de los contenidos curriculares debe también estar integrada por las confesiones religiosas reconocidas por el Estado.
Por lo expuesto, voto en tal sentido.

Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: estaba viendo el dictamen de mayoría, las dos disidencias —de la señora senadora Fellner y de la señora senadora Latorre— y el dictamen en minoría y creo que todos estamos de acuerdo en el concepto general, que se puede resumir en lo que dice el encabezamiento de los dictámenes: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada”
Ahora, si todos estamos de acuerdo en ese concepto general, me pregunto, escuchando
a la señora senadora, por qué no podemos mencionar a los padres específicamente en el artículo 5º del proyecto de ley.
En este tema, que está relacionado con la educación sexual, en donde están en juego convicciones legítimas de cada familia, reitero, ¿por qué no podemos citar a los padres de familia en forma expresa en el texto de la iniciativa?
Me parece que esto es lo que origina básicamente la divergencia que da pie a las dos disidencias, de la señora senadora Fellner y de la señora senadora Latorre, y al dictamen en minoría que suscribe la señora senadora Negre de Alonso. Si nos pudiéramos poner de acuerdo en este punto, se solucionarían todas las discrepancias.
Sr. Presidente. — Señora senadora Negre de Alonso, los señores senadores Gallego, Perceval, Morales y Vigo le solicitaron otras interrupciones, ¿las va a conceder?
Sra. Negre de Alonso. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: quiero evacuar el planteo que hizo el señor Senador Gómez Diez. En realidad, habría que leer el proyecto de ley con detenimiento.
El segundo párrafo del artículo 5/ del proyecto de ley dice: “Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respecto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”.
Si buscamos en la legislación educativa vigente el significado de “comunidad educativa”, encontramos que la ley federal de educación vigente dice en su artículo 42 que la comunidad educativa está integrada por directivos, docentes, padres, alumnos, alumnas, ex alumnos, ex alumnas, personal administrativo, auxiliar de la docencia, organizaciones representativas, y participarán según su propia opción de acuerdo al proyecto institucional específico, etcétera.
Todos sabemos que esa ley está en proceso de ser modificada; estamos trabajando en un nuevo proyecto, para lo cual el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, ha planteado un proceso de consultas abierto y nacional, donde todos aquellos que quisieron participan han podido expresarse.
Esa iniciativa está también como anteproyecto global en discusión en todas las escuelas.
El artículo 129 —Capítulo V—, de ese ante proyecto dice que la institución educativa es la unidad pedagógica del sistema y está constituida por directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, alumnos, alumnas, ex alumnos, personal administrativo, auxiliar de docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garanticen el carácter integral de la educación.
Nosotros ya hemos hecho un planteo al Ministerio de Educación, para que en el nuevo proyecto de ley diferenciemos la institución de la comunidad educativa. Pero, de todas maneras, también en el anteproyecto está considerada la participación de los padres en la institución.
Entonces, ¿se necesita una intervención o que especialmente se señale a los padres o madres en la norma? Para quienes manejan la técnica legislativa, ¿no sería ello una redundancia? ¿No están ya incorporados en la legislación actual y también en el material que estamos trabajando para el futuro?
Este es el motivo por el cual no hemos aceptado modificar el texto. En realidad, consideramos que se trata de una actitud dilatoria, que provocaría que el proyecto volviera a la Cámara de Diputados y se discutiera nuevamente, sin que cambie nada de lo que conceptualmente es la comunidad educativa.
Los padres —reitero— están incluidos, pero no desde ahora o porque al ministro del área se le haya ocurrido sino que como comunidad educativa lo han estado desde siempre.
Y la situación que planteé muy claramente hoy se refería a la actitud de los padres frente a la educación y a lo que señalan los docentes. O sea, a que hay sectores de padres que no participan. A ellos, no los vamos a juzgar, pero nadie puede plantear que se está obviando a la familia.
Es más, si avanzáramos en la lectura del proyecto de ley nos daríamos cuenta de que en el artículo 9° se plantea la inclusión de talleres de capacitación y de fortalecimiento para aquellos padres que no se encuentren en condiciones de abordar desde su lugar de padres el tema de la sexualidad de sus hijos —tal como manifesté anteriormente—, tratando de generar un vínculo fuerte desde este ámbito de la capacitación y la formación entre la familia y la escuela. Y si bien creo que todo lo que hagamos para integrarlas va a ser poco, entiendo que agregar la expresión "y los padres" es absolutamente redundante, desde el punto de vista de la técnica legislativa.
Sr. Presidente. — Señora senadora Negre de Alonso, el señor senador Gómez Diez le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: seré muy breve.
Aquí no estamos hablando de la enseñanza de la Matemática, que es una ciencia exacta, sino de impartir educación sexual, concepto con el cual todos estamos de acuerdo, pero que sin duda involucra también las convicciones de cada uno.
Entonces, me parece que la mención expresa de los padres es importante, porque en esta materia la jerarquía de los padres no es la misma que la de los ex alumnos o la de los auxiliares de la Educación.
Me parece que el rol de los padres en esta materia es central y, por lo tanto, entiendo que merece una mención expresa en el texto del proyecto.
Por otra parte, quiero señalar que en la definición de los contenidos es muy importante la participación del Consejo Federal de Educación, porque cada provincia tiene sus particularidades, su tradición, su cultura y su modo de ser. Entonces, me parece también que en la determinación de los contenidos es importante la participación tanto del Ministerio como del Consejo Federal de Educación, que representa la diversidad propia del federalismo.

Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: es para adelantar mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento y para hacer algunas reflexiones al respecto.
Se han mencionado como antecedentes de este Fondo de Convergencia Estructural a los fondos de cohesión que existen en el ámbito del Mercado Común Europeo. Allí, para ser país receptor de estos recursos se requiere un ingreso per capita inferior al 90 por ciento del promedio europeo. Han sido países beneficiarios de estos recursos España, Portugal, Grecia, Irlanda y ahora los países de Europa oriental.
Las naciones ricas del viejo continente establecieron este principio en la Constitución Europea, que tiene como objetivo asegurar la igualdad de oportunidades en toda la región y posibilidad para todos de competir dentro de una economía integrada. Por lo tanto, considero que es bueno que en el Mercosur exista un instrumento de este tipo.
También me permito señalar la necesidad de considerar la existencia de una política de desarrollo regional en nuestro país. En efecto, hay zonas que tienen un ingreso per cápita equivalente a la mitad de la media nacional, como es el caso del norte argentino. Entonces, hay regiones que necesitan imperiosamente de obras de infraestructura.
Aplaudo esta iniciativa tomada en el ámbito de los cuatro países que integran este bloque económico del Mercosur, pero, reitero, resalto la necesidad de que también en el ámbito interno nacional pensemos en una política de desarrollo regional.