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Versiones taquigr√°ficas 2003

Sr. Presidente (L√≥pez Arias). ‚ÄĒ Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. Baglini. ‚ÄĒ Solicito una interrupci√≥n, se√Īor presidente.
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). ‚ÄĒ ¬ŅAutoriza la interrupci√≥n, se√Īor senador?
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ S√≠, se√Īor presidente.
Sr. G√≥mez Diez. ‚ÄĒ Cuando el Congreso de la Naci√≥n sancion√≥ la ley 25.561 b√°sicamente hizo lo siguiente: en primer lugar, declar√≥ la emergencia econ√≥mica, financiera, cambiaria, etc√©tera; en segundo lugar, autoriz√≥ al Poder Ejecutivo a salir del r√©gimen cambiario de la convertibilidad y, en tercer lugar, concedi√≥ al poder administrador facultades especiales, delegadas o "super poderes", que es la nueva terminolog√≠a que se ha utilizado.
Han pasado casi dos a√Īos desde la sanci√≥n de esa ley y, si analizamos la realidad, podemos observar que la emergencia subsiste, desde el momento en que el pa√≠s est√° en default, en cesaci√≥n de pagos respecto de sus acreedores, y que se ha abandonado la convertibilidad y tenemos un nuevo r√©gimen cambiario basado en la flotaci√≥n con intervenci√≥n del Banco Central.
En este contexto cabe preguntarnos si tiene sentido prorrogar la delegaci√≥n de facultades al Poder Ejecutivo. Para nosotros la respuesta es negativa, porque creemos que la Argentina necesita encarrilarse por el camino de la normalidad. Necesitamos seguridad jur√≠dica, certidumbre y, para ello, se requiere de un Congreso en funcionamiento. 
Como bien se√Īal√≥ el se√Īor senador Baglini, en los √ļltimos meses la econom√≠a argentina ha tenido una recuperaci√≥n significativa en base a la utilizaci√≥n de la capacidad productiva ya instalada en el pa√≠s. Ahora necesitamos que nuestra Naci√≥n se encamine por un sendero de crecimiento de su capacidad productiva, para lo cual se requiere de inversiones, pero √©stas vienen de la mano de la seguridad jur√≠dica, del funcionamiento de las instituciones y de un Congreso legislando activamente.
Por lo tanto, se√Īor presidente, porque creemos que un pa√≠s necesita de un Congreso en funcionamiento, sancionando las leyes que la Rep√ļblica requiere, votamos en contra de la pr√≥rroga de la delegaci√≥n de facultades en el Poder Ejecutivo, advirtiendo que esa pr√≥rroga es inconducente con lo que la Naci√≥n Argentina necesita en la actualidad.
Por otra parte, esta circunstancia que hoy estamos tratando se ve agravada por el hecho de que el presupuesto que vamos a abordar la próxima semana también contiene delegaciones de facultades absolutamente desusadas en ese tipo de normas.
Por eso, por un Congreso en funcionamiento, votaremos en contra de la prórroga de las facultades delegadas.

Sr. Presidente. - Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: conforme lo adelant√°ramos ayer en la reuni√≥n de labor parlamentaria, vamos a votar en forma favorable el tratamiento sobre tablas de la cuesti√≥n sobre la Convenci√≥n sobre la Imprescriptibilidad de los Cr√≠menes de Guerra y de los Cr√≠menes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas.
En cuanto a la cuestión de la nulidad de las denominadas leyes de obediencia debida y punto final, en virtud de sus características y envergadura jurídica, consideramos que es necesario que exista dictamen de las comisiones a las que el tema pudiera ser girado, ya que es necesario estudiarlo y eventualmente recabar la opinión de juristas y constitucionalistas, ya que se trata de una cuestión controvertida y polémica que pone en juego la seguridad jurídica.
Esa es nuestra posición y la forma en que vamos a votar el tratamiento de los dos proyectos mencionados.
(...)
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez.
Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando en este momento -que cuenta con la sanci√≥n de la C√°mara de Diputados- tiene su origen en una iniciativa que planteara en dicha C√°mara la diputada Patricia Walsh, quien concretamente propugnaba la declaraci√≥n de nulidad de las denominadas leyes de obediencia debida y de punto final, que se sancionaran en 1986 y 1987, durante el gobierno de la Uni√≥n C√≠vica Radical de ese entonces, y tambi√©n la declaraci√≥n de nulidad de los indultos presidenciales que se otorgaron en 1989 y 1990, durante el gobierno del Partido Justicialista.
Luego de ingresado el proyecto de ley, la diputada Walsh presentó una nota pidiendo que se excluyeran del proyecto aquellos decretos de indulto que estaban referidos a ex integrantes de la "Organización Montoneros".
Finalmente, el criterio que prima en la Cámara de Diputados en una sesión especial es el de excluir totalmente los indultos y dejar subsistentes las dos leyes en lo que respecta a su declaración de nulidad.
Cada uno de nosotros puede tener la interpretación que crea pertinente de nuestro propio pasado y el juicio que considere conveniente respecto de la actuación de sucesivos gobiernos nacionales en lo que hace al tratamiento de ese pasado, el cual ha sido debatido en este Congreso en diversas ocasiones.
Ahora bien, para resolver la cuestión en torno a esta iniciativa que tiene sanción de la Cámara de Diputados, lo que debemos preguntarnos concretamente es si el Congreso tiene competencia para declarar la nulidad de sus propias leyes, dictadas mientras estaba vigente el estado de derecho. Esto significa -en términos jurídicos- preguntarnos si el Poder Legislativo tiene facultades de control de constitucionalidad una vez que las leyes han sido dictadas. Porque acá hay un control de constitucionalidad preventivo, que sí tiene el Poder Legislativo en el momento de sancionar la ley, examinando en el debate y el análisis de la ley la congruencia de su texto con la Constitución. Ese control preventivo lo puede ejercitar también el Poder Ejecutivo al momento de promulgar la ley. Así, si el Poder Ejecutivo aprecia que el texto sancionado por el Congreso es inconstitucional, ejercitará el derecho de veto que le otorga la Constitución.
¬ŅPero a qui√©n le corresponde el control de constitucionalidad una vez que la ley est√° sancionada y promulgada? La respuesta a la pregunta est√° en el art√≠culo 116 de la Constituci√≥n Nacional: el control de constitucionalidad, una vez que la ley est√° dictada, le corresponde al Poder Judicial. Y ese control de constitucionalidad que le corresponde a la Justicia es un control difuso y a la vez particular.
Cuando me refiero a que es difuso quiero significar que puede ejercitarlo cualquier juez y tribunal -no sólo el Tribunal supremo- que entiende en una causa determinada, declarando su inconstitucionalidad. En cambio, el control es particular porque en nuestro país no hay un control de constitucionalidad erga omnes, sino que éste se da en un caso concreto porque tiene que existir un proceso judicial que respete la garantía del debido proceso, escuchando a quienes se puedan beneficiar o perjudicar con una declaración de inconstitucionalidad, en la que se puedan producir las pruebas, las alegaciones del caso para que el juez, con posterioridad, resuelva. El juez posee las facultades necesarias para declarar la inaplicabilidad de una ley en un caso concreto, si es inconstitucional. De esta manera funciona nuestro sistema de control de constitucionalidad cuando la ley ya fue dictada.
El Poder Legislativo sólo tiene facultades para derogar una ley cuando ya ha sido sancionada y promulgada. Esto es lo que el Congreso Nacional hizo en 1998; es decir las derogó -como bien dijo un orador preopinante- porque las leyes se encontraban vigentes y a nadie se le había ocurrido plantear la nulidad.
Por lo tanto, queda claro que el control de constitucionalidad no puede ser ejercido por el Poder Legislativo una vez que la ley ya se encuentra dictada. Así, el control de constitucionalidad integra una zona de reserva que es propia y exclusiva del Poder Judicial.
Considero que es una verdadera lástima que hoy estemos tratando este proyecto de ley sobre tablas, sin contar con un dictamen de comisión. En caso de que se hubiera decidido su tratamiento en una comisión se podría haber convocado a juristas y constitucionalistas a los efectos de esclarecer debidamente este punto, sin caer en la inconstitucionalidad de declarar nulidades de leyes, que es un tema para el cual el Congreso no posee facultades porque, como dije anteriormente, no puede declarar la nulidad de sus propias leyes encontrándose vigente el estado de derecho.
Creo que estas declaraciones de nulidad acent√ļan la falta de seguridad jur√≠dica que hoy existe en la Argentina. En este momento necesitamos recuperar la seguridad jur√≠dica para que el pa√≠s, en un clima de confianza y reglas de juego claras supere la crisis que vive y se encamine en el sendero de crecimiento y desarrollo que todos deseamos.
Por las razones expuestas, voy a votar en contra de esta declaración de nulidad, porque francamente, además de inconstitucionalidad el Congreso se está arrogando facultades propias del Poder Judicial.

Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor presidente: en primer lugar, quiero se√Īalar que resulta muy positiva la iniciativa que estamos considerando tendiente a modificar el Reglamento de nuestro cuerpo y a poder reglamentar de una manera m√°s acabada y prolija el mecanismo de designaci√≥n de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n. 
Creo que estas modificaciones al procedimiento van a significar una sensible mejora, en orden a la calidad de las designaciones que haga el Poder Ejecutivo con acuerdo de este Senado. 
Tambi√©n es positivo el decreto que el 19 de junio dict√≥ el Poder Ejecutivo nacional auto limit√°ndose en esta materia. De manera tal que la conjunci√≥n armoniosa del decreto y de la modificaci√≥n que se propicia al Reglamento evidentemente va a tener como resultado una mejora sustancial en la calidad de las designaciones para integrar nada menos que el m√°s alto tribunal de Justicia de nuestro pa√≠s. 
No obstante, me parece conveniente precisar, con la misma prolijidad del decreto del Poder Ejecutivo nacional, el plazo de cada una de las etapas descriptas en la reforma que estamos introduciendo al Reglamento. 
En efecto, el decreto del Poder ejecutivo habla por ejemplo de publicar edictos por tres d√≠as, de quince d√≠as para recibir observaciones y opiniones de las organizaciones y, luego, de quince d√≠as para elevar el pliego al Senado de la Naci√≥n. 
En el caso de la modificaci√≥n que se propicia al Reglamento de esta C√°mara, se establece la publicaci√≥n de edictos por dos d√≠as; un plazo de tres d√≠as para la evaluaci√≥n de las impugnaciones y observaciones y el traslado de estas por tres d√≠as al interesado. Asimismo, se fija el plazo para la realizaci√≥n de la audiencia, pero no est√° descripto el lapso dentro del cual hay que realizar impugnaciones u observaciones. Y me parece que es prudente establecerlo, porque tiene que ser un plazo suficiente como para que, luego de publicados los edictos, las personas interesadas o las organizaciones de la comunidad puedan hacer llegar sus puntos de vista sobre este tema, sobre la designaci√≥n que se propicia. 
En el caso del decreto del Poder Ejecutivo se ha fijado para esto √ļltimo un plazo de quince d√≠as, que creo que es prudente y que tambi√©n se deber√≠a reflejar en la modificaci√≥n al Reglamento del cuerpo que vamos a votar, para dejar perfectamente establecida de una manera sim√©trica a los tiempos que ha definido el Poder Ejecutivo en su decreto de autolimitaci√≥n la secuencia de tiempo en el tratamiento de los pliegos dentro del Senado. 
Considero también que en designaciones de esta envergadura y de estas características es conveniente el voto nominal. Coincido con lo que ha manifestado el senador preopinante en cuanto a la necesidad de que, luego de que sancionemos esta modificación al Reglamento, la respetemos. Esto lo digo, precisamente, porque en la sesión de hoy el Reglamento no ha sido respetado en los acuerdos que hemos dado.
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Se√Īor senador: el senador Yoma le pide una interrupci√≥n. ¬ŅLa concede? 
Sr. G√≥mez D√≠ez.- S√≠, c√≥mo no. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Para una interrupci√≥n tiene la palabra el se√Īor senador Yoma. 
Sr. Yoma.- En realidad el art√≠culo 22 del Reglamento ya prev√© el plazo para presentar las impugnaciones y esto rige para todos los acuerdos que vaya a otorgar la C√°mara. El art√≠culo 22 dice que dentro de los dos d√≠as h√°biles la Secretar√≠a Parlamentaria dar√° a conocer los pedidos de acuerdo que han ingresado. El segundo p√°rrafo dice que los ciudadanos podr√°n ejercer ese derecho dentro de los siete d√≠as h√°biles siguientes. Es decir que este art√≠culo prev√© este plazo para todos los acuerdos. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Senador G√≥mez D√≠ez: la senadora Negre de Alonso le pide una interrupci√≥n. ¬ŅSe la concede? 
Sr. G√≥mez Diez.- S√≠, se√Īor presidente. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Para una interrupci√≥n tiene la palabra la se√Īora senadora Negre de Alonso. 
Sra. Negre de Alonso.- El art√≠culo 123 bis, en el apartado segundo, inciso b), establece que la publicaci√≥n a trav√©s del Bolet√≠n Oficial y los diarios debe detallar el plazo para presentar las preguntas y las observaciones a las calidades y m√©ritos del aspirante propuesto, con cita de la norma reglamentaria. Este plazo est√° debidamente contemplado en el dictamen de comisi√≥n. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Se√Īor senador G√≥mez Diez: la se√Īora senadora Fern√°ndez de Kirchner le solicita una interrupci√≥n. ¬ŅSe la concede? 
Sr. G√≥mez Diez.- S√≠, se√Īor presidente. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias).- Para una interrupci√≥n tiene la palabra la se√Īora senadora Fern√°ndez de Kirchner. 
Sra. Fern√°ndez de Kirchner.- Fijar el plazo de acuerdo a la propia Comisi√≥n de Acuerdos surge de la redacci√≥n del art√≠culo. En realidad es de buena t√©cnica, cuando se hace este tipo de cosas, no establecer n√ļmeros precisos porque muchas veces se necesita m√°s o menos tiempo. 
Adem√°s, cuando uno es miembro de la comisi√≥n percibe la cantidad de impugnaciones que puede tener cuando la cuesti√≥n toma estado p√ļblico, porque normalmente nadie hace impugnaciones sobre un candidato que no ofrece mayores observaciones. En realidad, el plazo no est√° determinado pero no porque no lo haya. La comisi√≥n tiene la facultad de fijarlo. Esto es lo que surge de la propia lectura de la norma. 
Sr. Presidente.- Contin√ļe, se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez.- En todo caso ac√° debe haber una garant√≠a de un plazo m√≠nimo que tiene que ser suficiente como para que las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos puedan deducir cu√°les van a ser sus observaciones. Por eso creo que en este aspecto es prudente fijar un plazo y como estamos reglamentando un procedimiento especial --que no es el del art√≠culo 22--, me parece importante tambi√©n que dentro del procedimiento especial est√© el plazo m√≠nimo para deducir observaciones o impugnaciones, como bien lo ha fijado el decreto del Poder Ejecutivo nacional. 
En el caso de nuestro Reglamento podr√≠a ser un plazo m√≠nimo de quince d√≠as, y si hubiera una designaci√≥n extremadamente compleja o tal vez una multiplicidad de designaciones, se podr√≠a llegar a extenderlo. Pero, por lo menos, me parece interesante que quede un plazo m√≠nimo establecido en el texto del Reglamento. 
Respecto del tema de los magistrados inferiores, yo discrepo con lo establecido en el dictamen de comisi√≥n en el sentido de que la situaci√≥n de ellos es distinta de la de los jueces de la Corte. ¬ŅPor qu√©? Porque cuando se va a designar un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo nacional elige un candidato, un nombre, de manera discrecional. No hay selecci√≥n previa alguna. No se publican edictos para inscribirse como candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n. En esto es el presidente el que tiene la iniciativa --de car√°cter discrecional-- de proponer un nombre que, con esta autolimitaci√≥n que ha establecido el decreto, va a recibir observaciones o impugnaciones antes de ser remitido al Senado. 
Distinto es el caso del Consejo de la Magistratura. En ese organismo se publican edictos y se inscriben a todas aquellas personas que est√°n interesadas en ocupar esa vacante en la Justicia. A partir de all√≠, se hace la publicaci√≥n en los diarios de circulaci√≥n nacional y en las provincias, si la vacante es de alg√ļn distrito del interior del pa√≠s. De hecho interesa tambi√©n, precisamente, que la comunidad sepa que se llam√≥ a concurso y que se puedan presentar profesionales del lugar. Es lo ideal para ocupar esa vacancia. Luego de que se han inscripto los interesados hay todo un procedimiento de evaluaci√≥n de los antecedentes. Se presentan impugnaciones a los antecedentes y a la evaluaci√≥n que ha hecho la comisi√≥n. Posteriormente, existe una prueba de oposici√≥n, que se califica con seud√≥nimo para asegurar la absoluta objetividad de la calificaci√≥n de la pruebas. Luego se resuelven todas las impugnaciones que se han presentado. 
La verdad es que es que se trata de un procedimiento bastante prol√≠fico en orden a la cantidad de impugnaciones que se generan. 
A veces esto no se sabe, pero en ocasiones se cuestiona este mecanismo diciendo que es lento y engorroso. Y es lento y es engorroso porque hay calificaci√≥n de antecedentes, prueba de oposici√≥n y se resuelven m√ļltiples impugnaciones de todo tipo. 
Luego hay una entrevista p√ļblica de la Comisi√≥n de Selecci√≥n con todos los interesados que han rendido la prueba de oposici√≥n. A posteriori de eso se emite un dictamen con una propuesta de la Comisi√≥n de Selecci√≥n, que va al plenario. En el plenario nuevamente hay una entrevista p√ļblica a las personas que han sido propuestas en la terna. Luego se vota y se constituye la terna. Hay que tener dos tercios para constituir terna. Luego la terna va al Poder Ejecutivo. Es decir, hay todo un mecanismo previo que ha fijado la Constituci√≥n y la ley que garantiza la selecci√≥n, que garantiza la mayor objetividad posible en orden a los que van a la terna para la decisi√≥n del Poder Ejecutivo Nacional. All√≠ s√≠ ya se trata de un acto discrecional: se elige a alguno de los candidatos que han sido propuestos en la terna. Esto, por supuesto, es discrecional, pero verdaderamente la terna es constituida con tantas garant√≠as que cualquiera que sea elegido por lo menos ha cumplido con todas las pruebas de selecci√≥n posibles para desempe√Īar la funci√≥n judicial. 
Posteriormente el pliego viene al Senado, que es donde se le presta acuerdo. 
De manera tal que si todo este tr√°mite demora m√°s de un a√Īo, verdaderamente no tiene sentido hacer m√°s engorroso o dilatar m√°s todo este procedimiento, que ya tiene una suficiente cantidad de garant√≠as con las disposiciones de la Constituci√≥n y de la ley que est√°n vigentes en este momento. 
Ac√° se ha mencionado el caso de un subrogante de Catamarca que fue designado para cubrir interinamente una vacante producida en el Juzgado Federal de esa provincia. La Comisi√≥n de Selecci√≥n nomin√≥ a un magistrado jubilado para cubrir interinamente esa funci√≥n mientras se hac√≠a el concurso --a juicio de la selecci√≥n -- dentro de los magistrados jubilados disponibles en la zona. 
Esto aparec√≠a como lo m√°s razonable. Pero no se trat√≥ de un magistrado que atraves√≥ todo este proceso complejo de selecci√≥n, sino simplemente de un juez jubilado que habitaba en la zona. 
Quiero se√Īalar que el magistrado de Salta a que se ha hecho referencia fue designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, antes de la constituci√≥n del Consejo de la Magistratura y de que estuviera vigente todo este mecanismo de selecci√≥n. 
Es por eso que considero que este ejemplo no es aplicable a lo que, en definitiva, tenemos que decidir en este momento. 
En consecuencia, realmente pienso que daremos un paso importante en la modificaci√≥n del Reglamento de este Senado. 
El Poder Ejecutivo ha dado un paso importante a trav√©s del decreto de autolimitaci√≥n. Adem√°s, se dispondr√° de la recopilaci√≥n de impugnaciones y observaciones que se formular√°n en la etapa de selecci√≥n previa de antecedentes. 
El origen de la propuesta siempre estar√° en manos del Poder Ejecutivo, y luego, antes del otorgamiento del acuerdo, se abrir√° en el Senado una segunda instancia de observaciones e impugnaciones. 
Por lo tanto, considero que es acertado avanzar en los cargos de jueces de la Corte Suprema. Pero francamente respecto de los magistrados inferiores, con las disposiciones constitucionales en cuanto al Consejo de la Magistratura --de constituci√≥n plural, ya que est√° integrado por representantes de los jueces, de los abogados, de las universidades, de las academias, del Congreso y del Poder Ejecutivo, o sea que es un √°mbito muy plural y participativo--, m√°s todo el mecanismo de selecci√≥n que involucra la presencia de organizaciones no gubernamentales en las deliberaciones, la publicaci√≥n de edictos y dem√°s, creo que est√° suficientemente garantizada su selecci√≥n. 
Hay un n√ļmero apreciable de vacantes que se van cubriendo por a√Īo en todo el pa√≠s. Por eso, agregar m√°s etapas a la designaci√≥n de los magistrados inferiores no creo que sea necesario. 
Y la verdad es que si se llegara a aplicar este mecanismo tendr√≠amos que modificarlo al poco tiempo porque nos encontrar√≠amos con un taponamiento en la Comisi√≥n de Acuerdos que dilatar√≠a innecesariamente la cobertura de las vacantes de los jueces inferiores. 
Piensen ustedes que para que cubrirse los cargos de jueces inferiores tiene que haber previamente una vacancia. 
Sr. Yoma. -- ¬ŅMe permite una interrupci√≥n, se√Īor senador? 
Sr. G√≥mez Diez. -- S√≠, se√Īor senador. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- Para una interrupci√≥n tiene la palabra el se√Īor senador Yoma. 
Sr. Yoma. -- Se√Īor presidente: quiero decir dos cosas. 
En primer lugar, se habla de que el proceso de selecci√≥n se va a dilatar y a burocratizar enormemente. Pero estamos hablando de s√≥lo veinte d√≠as. Ese ser√≠a el tiempo que llevar√≠a todo el tr√°mite de las impugnaciones y la posterior resoluci√≥n. 
¬ŅCu√°l ser√≠a la burocratizaci√≥n? En el Senado hubo pedidos de acuerdo que han durado mucho m√°s tiempo, sin la existencia de la audiencia p√ļblica. 
En segundo t√©rmino, si no adoptamos este sistema tambi√©n con los jueces inferiores, adem√°s de incumplir y establecer una distinci√≥n --que no la hace la Constituci√≥n, porque equipara a los jueces superiores e inferiores-- estar√≠amos discrimin√°ndolos. ¬ŅPor qu√©? Porque a los jueces de la Corte les damos la posibilidad de presentarse, defenderse y responder a las impugnaciones. ¬ŅPor qu√© no hacerlo con los miembros de los tribunales inferiores? ¬ŅPor qu√© no darle esa misma posibilidad no solamente al ciudadano para que pueda impugnar sino tambi√©n al propio magistrado para que pueda ejercer su defensa? 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- Contin√ļa en el uso de la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Seg√ļn la Constituci√≥n, la situaci√≥n de los jueces de la Corte y de los jueces inferiores es distinta, porque tambi√©n es diferente su jerarqu√≠a. Por eso en el caso de los jueces de la Corte se requieren los dos tercios de los votos de este Senado para que se preste el acuerdo respectivo y en el caso de los jueces inferiores s√≥lo se exige mayor√≠a simple. 
Adem√°s, en el caso de los jueces de la Corte la iniciativa del nombre es del Poder Ejecutivo, cuando en el caso de los jueces inferiores se puede inscribir cualquier persona que re√ļna las condiciones para el cargo y quiera ocuparlo, teniendo simplemente que sujetarse a todo el procedimiento y rendir un examen escrito. No es esta la situaci√≥n de los jueces de la Corte. Es decir que son dos casos distintos. 
Adem√°s, con este procedimiento, el tr√°mite en el Senado no demandar√° veinte d√≠as. Por eso tambi√©n mociono en el sentido de que se establezca el plazo dentro del cual las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos podr√°n deducir observaciones. Y no se pueden poner plazos sumar√≠simos de dos d√≠as, porque de esa forma nadie podr√≠a presentar observaciones e impugnaciones. 
Creo que en este tema hay que ser... 
Sra. Ibarra. -- Solicito una interrupci√≥n, se√Īor presidente. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- ¬ŅAcepta la interrupci√≥n, se√Īor senador? 
Sr. G√≥mez Diez. -- S√≠, se√Īor presidente. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- Para una interrupci√≥n tiene la palabra la se√Īora senadora Ibarra. 
Sra. Ibarra. -- Con respecto al plazo quiero plantear que el art√≠culo 22 al que hacemos referencia establece el tema de la publicaci√≥n en Internet y en los dos diarios de mayor circulaci√≥n. 
Adem√°s, indica claramente que esto tiene que suceder con una antelaci√≥n no menor a quince d√≠as, y es en ese plazo en el cual se presentan las preguntas y las observaciones para la audiencia p√ļblica. Es decir que, necesariamente, ese plazo tiene que ser menor a quince d√≠as. 
Si hoy se publicara que la audiencia p√ļblica ser√° dentro de veinte d√≠as quedar√≠a claro que durante el transcurso de esos veinte d√≠as se recibir√°n las observaciones, las impugnaciones, y que luego se har√° la audiencia. 
Digo esto porque, si no, pareciera que hubiese un procedimiento de dilaci√≥n. Leamos el art√≠culo tal como lo estamos planteando, porque se trata de un procedimiento muy r√°pido, preciso, transparente y con publicidad que est√° generando la posibilidad de que el Senado no se convierta en un invitado de piedra en este punto. 
Creo que es interesante esa propuesta que se plante√≥ con respecto a los jueces inferiores, porque el tr√°mite ante el Consejo de la Magistratura tiene una naturaleza absolutamente distinta del control pol√≠tico que ejerce un Senado, que est√° representando a las jurisdicciones locales pero, adem√°s, fue elegido por el pueblo; es un lugar distinto. 
La verdad es que a trav√©s de la elecci√≥n directa se produce un contacto estrecho de la gente con esta casa y la sit√ļa en un lugar de control y de participaci√≥n importante. 
Si el pliego llega tan puro, pues no tendr√° observaciones e impugnaciones y la resoluci√≥n habr√° demorado s√≥lo veinte d√≠as. Si por el contrario llegaran observaciones e impugnaciones dignas de ser atendidas y revisadas por los senadores, bienvenido sea que la decisi√≥n se demore veinte d√≠as para poder prestar atenci√≥n a algo tan importante, porque un juez de primera instancia toma decisiones important√≠simas sobre la vida, la libertad y los bienes de la gente. 
Este es un aporte importante para el rol del Senado en esta cuesti√≥n, con lo cual el tr√°mite no se dilata. Si el pliego viene puro esto no tardar√° m√°s de veinte d√≠as, y si no viene puro, bienvenido sea que se demore un poco m√°s y que miremos bien qui√©n va a decidir sobre la vida y la libertad de la gente. 
Sr. Maestro. -- Solicito una interrupci√≥n. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- ¬ŅAcepta la interrupci√≥n, se√Īor senador G√≥mez Diez? 
Sr. G√≥mez Diez. -- S√≠, se√Īor presidente. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- Para una interrupci√≥n tiene la palabra el se√Īor senador Maestro. 
Sr. Maestro. -- Yo no comparto el optimismo sobre la brevedad de los tiempos que han expresado los senadores preopinantes, porque lo que establece el art√≠culo 22 bis es que hay que recibir el pliego del Poder Ejecutivo, establecer a trav√©s de la Secretar√≠a Parlamentaria la publicaci√≥n de edictos --incluso en el lugar de designaci√≥n del juez, es decir, en el interior del pa√≠s--, contratar la publicidad en el interior y publicar los edictos. 
Despu√©s de la publicaci√≥n de edictos hay que establecer una cantidad de d√≠as h√°biles, que precisamente no pueden ser muy escasos, para que cualquier ciudadano o instituci√≥n del interior del pa√≠s, del lugar que corresponda --digo esto por si el juez a designar es federal--, pueda hacer llegar sus observaciones o impugnaciones. 
El propio Reglamento que estamos por modificar establece que una vez recibidas todas esas observaciones o impugnaciones la Comisi√≥n de Acuerdos debe reunirse. Por lo tanto, hay que esperar el d√≠a de reuni√≥n de la comisi√≥n, la cual analizar√° en el t√©rmino de tres d√≠as h√°biles las impugnaciones. Y si determina que tienen entidad suficiente tendr√° que dar traslado al interesado, que est√° en el interior del pa√≠s. Hay todo un mecanismo complejo para hacerle llegar las observaciones, lograr que se notifique, que tenga tres d√≠as h√°biles, a su vez, para contestarlas y para aportar la prueba que estime necesaria. Y a partir de all√≠ --dice el dictamen-- se le notificar√° al interesado el d√≠a, la hora y el lugar en que se realizar√° la audiencia p√ļblica. 
Se fija la fecha de realizaci√≥n de la audiencia p√ļblica, se realiza y a partir de all√≠ la Comisi√≥n de Acuerdos debe producir el dictamen definitivo, que tampoco lo va a resolver ah√≠. Si la cuesti√≥n ha sido controvertida, seguramente habr√° diversas posiciones dentro de la comisi√≥n, esto ser√° consultado con los bloques y reci√©n entonces se podr√° tener resoluci√≥n definitiva. 
No nos hagamos ilusiones, porque hablando de d√≠as corridos --ya no de d√≠as h√°biles-- creo que estar√≠amos por lo menos tres meses con cada uno de los pliegos de jueces federales. 
Me parece que de los muchos argumentos que se est√°n vertiendo para no incluir a los jueces inferiores, esta tampoco es una observaci√≥n menor; no es tan r√°pido el procedimiento. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- Los se√Īores senadores que quieran hacer uso de la palabra ser√°n anotados en su momento. De lo contrario, se consume el tiempo de quien est√° haciendo uso de la palabra. 
Contin√ļa en el uso de la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor presidente: me pregunto qu√© es lo que hoy est√° cuestionado por la ciudadan√≠a. ¬ŅEst√° cuestionado el mecanismo de designaci√≥n de los jueces inferiores? No. Yo no advierto, por lo menos, que hoy se cuestione este mecanismo. Lo que se cuestiona es el mecanismo de elecci√≥n de los jueces de la Corte. ¬ŅPor qu√©? Porque el mecanismo del Consejo de la Magistratura viene funcionando razonablemente bien. Incluso, ¬Ņcu√°les son las quejas que escuchamos? Que deber√≠a ser m√°s r√°pido. ¬ŅY por qu√© no es m√°s r√°pido? Porque se deducen quinientas impugnaciones por concurso, hay que resolverlas a cada momento y eso lleva tiempo. 
Quienes integran la Comisi√≥n de Acuerdos y est√°n presentes en este recinto saben c√≥mo son las entrevistas con los interesados. Cuando se les hace la pregunta: "¬ŅC√≥mo le fue en el Consejo de la Magistratura y qu√© opina usted del tr√°mite en ese cuerpo?", en todas las contestaciones dicen que han tenido una carrera de obst√°culos de m√°s de un a√Īo antes de llegar a la Comisi√≥n de Acuerdos. Esta es la realidad. 
La verdad es que la √ļnica satisfacci√≥n que uno siente cuando escucha en ese caso a los interesados es la que una vez escuch√© de alguien que dec√≠a: "Bueno, pas√© por todo esto, pero ¬Ņsabe qu√©?, al final, si no existiera el Consejo de la Magistratura yo no estar√≠a sentado ac√°." 
Esto tiene su origen en el hecho de que, para cubrir la vacante, hay una inscripci√≥n p√ļblica de interesados. Se inscriben todos los que est√°n en condiciones y quieren hacerlo, y luego viene el procedimiento de selecci√≥n. 
En el caso de la Corte es distinto: la iniciativa la toma el Poder Ejecutivo que, entre los m√ļltiples candidatos posibles, elige uno. Lo que queremos es que para ese candidato elegido por el Poder Ejecutivo exista transparencia, en orden a una suerte de consulta a la comunidad para poder recoger impresiones y observaciones, que luego le servir√°n al Poder Ejecutivo para mandar el pliego y a nosotros para decidir el acuerdo. 
Por lo tanto, as√≠ como nosotros no estamos introduciendo dentro de este mecanismo a las fuerzas armadas o al personal del servicio exterior, ya que suponemos que son pedidos de acuerdos que han sido tamizados, porque hay una junta de calificaciones y todo un mecanismo previo que garantiza la selecci√≥n, sin duda que est√° garantizada, por lo menos en todo lo humanamente posible, en el caso de los magistrados inferiores. 
Por lo tanto, lo prudente es que acotemos esta modificación del Reglamento a los jueces de la Corte Suprema, con lo cual vamos a dar respuesta a lo que hoy la ciudadanía esta cuestionando y, en la medida de lo posible, vamos a agilizar la cobertura de los cargos de los magistrados inferiores.

Sr. Presidente. - Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se modifica la ley de entidades financieras, n√ļmero 21.526, y la Carta Org√°nica del Banco Central. Sr. Presidente. - Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: como bien lo se√Īal√≥ el se√Īor miembro informante al comienzo de su exposici√≥n, b√°sicamente, el proyecto en consideraci√≥n consta de dos grandes cap√≠tulos. En primer lugar, se plantea la modificaci√≥n de la ley 21.526 de entidades financieras. En general, estamos de acuerdo con las propuestas de modificaci√≥n porque tienden a hacer m√°s expeditivo el proceso de reestructuraci√≥n de las entidades financieras. En cambio, no sucede lo mismo con el segundo cap√≠tulo de la iniciativa, que aborda las modificaciones a la ley 24.144 sobre Carta Org√°nica del Banco Central de la Rep√ļblica Argentina. En ese caso, tenemos diversos reparos que formular y, en general, a nuestro juicio, es desaconsejable modificar el texto normativo. Voy a la primera cuesti√≥n. El proyecto de ley que estamos analizando fue remitido al Congreso el 22 de mayo, o sea, en las postrimer√≠as, en las horas finales del anterior gobierno nacional. Y ese mismo d√≠a el Poder Ejecutivo dict√≥ el decreto de necesidad y urgencia que lleva el n√ļmero 1262/03. A trav√©s de dicho decreto se crea una unidad de reestructuraci√≥n de las entidades financieras, integrada por tres representantes del Ministerio de Econom√≠a y tres del Banco Central, con la peculiaridad de que durante el primer a√Īo, es decir, el lapso de tiempo durante el cual va a tener lugar la reestructuraci√≥n de estas entidades, la unidad est√° presidida por el Ministerio de Econom√≠a, el cual tiene doble voto en caso de empate. Con lo cual est√° claro que, en el hipot√©tico caso de una divergencia de criterio entre el Banco Central y el Ministerio de Econom√≠a, prima el criterio de este √ļltimo. Si estamos legislando sobre la reestructuraci√≥n de las entidades financieras, obviamente no tiene explicaci√≥n que no tratemos el decreto 1262/03, ya sea para ratificarlo o rectificarlo, porque es exactamente la misma materia sobre la cual estamos legislando en este momento. Adem√°s, debe se√Īalarse que este decreto es otro eslab√≥n m√°s de una larga cadena de abusos en materia de decretos de necesidad y urgencia, donde hemos visto que hasta universidades nacionales se crean por esa v√≠a. Y, obviamente, en temas que manifiestamente no son urgentes, vale decir, que no re√ļnen ni por asomo el requisito constitucional de la emergencia. Este decreto de necesidad y urgencia establece que la unidad de reestructuraci√≥n del sistema financiero tiene la siguiente competencia; dice su art√≠culo 1¬ļ " Definir la estrategia de reestructuraci√≥n del sistema financiero, as√≠ como el correspondiente plan de acci√≥n." Por otra parte, la Carta Org√°nica del Banco Central, en su art√≠culo 14 inciso g) dice: "Fijar pol√≠ticas generales que hacen al ordenamiento econ√≥mico y a la expansi√≥n del sistema financiero, las que deber√°n ser observadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias." sea que hay una notoria superposici√≥n de competencias entre la Unidad y el Banco Central. Adem√°s, el art√≠culo 3¬ļ de este decreto de necesidad y urgencia dice que la unidad de reestructuraci√≥n lo tiene que autorizar al Banco Central para modificar los plazos de devoluci√≥n de los redescuentos, que es de por s√≠ una atribuci√≥n de la entidad bancaria. A su vez, el inciso c) de este mismo art√≠culo 3¬ļ dice que la unidad debe aprobar los planes de transformaci√≥n y reorganizaci√≥n de las entidades financieras. Y el art√≠culo 4¬ļ -como frutilla del postre- dice que, adem√°s, el Poder Ejecutivo puede asignarle a la unidad otras funciones adicionales, facultad que tiene rango de ley. Evidentemente, ac√° hay un manifiesto debilitamiento de la autonom√≠a del Banco Central, que est√° establecida en su Carta Org√°nica y, adem√°s, se abre la posibilidad de la existencia de criterios divergentes. ¬ŅQu√© pasa si el Banco Central, a trav√©s de la Superintendencia de Entidades Financieras, aprueba un plan de reestructuraci√≥n que la unidad de reestructuraci√≥n, a su vez, no lo comparte, lo desaprueba; con lo cual tenemos ac√° la posibilidad de dos √≥rganos con id√©ntica competencia que, llegado el caso, pueden tener criterios divergentes, entorpeci√©ndose as√≠ el proceso de reestructuraci√≥n de la banca? Ahora quisiera referirme brevemente a cinco observaciones puntuales a las modificaciones que se plantea introducir a la Carta Org√°nica del Banco Central. En primer lugar, ac√° se modifica el art√≠culo 14, donde se agrega un inciso q) por el cual se atribuye al Directorio del Banco Central la posibilidad de eximir -dice-, atenuar o reducir cargos. Vale decir que el Directorio del Banco Central va a tener, a partir de ahora, una facultad discrecional que es la de poder llegar a eliminar los cargos, que son las sanciones por las faltas que pueden cometer las entidades financieras, con lo cual pierde total transparencia y objetividad la gesti√≥n del Directorio en este aspecto. Lo que se necesita ac√° en materia de cargos -o sea, de sanciones- frente a incumplimientos de las entidades financieras es, precisamente, una regla fija: hay falta, en consecuencia, hay sanci√≥n. Adem√°s, esto hace a un principio constitucional como es el de la igualdad ante la ley. Realmente, esta disposici√≥n es muy preocupante, porque si queremos encarar con seriedad la reconstrucci√≥n de la Argentina debe ser en base al apego a la Constituci√≥n y a la ley: hay una falta, hay sanci√≥n; no hay falta, no hay sanci√≥n. Pero esto de que puede haber falta y, entonces, la autoridad de aplicaci√≥n resolver√° si aplica una sanci√≥n o no, es muy poco transparente y, adem√°s, va a generar un sinn√ļmero de presiones sobre el Directorio del Banco Central. La segunda observaci√≥n se refiere al art√≠culo 20. Debemos dejar en claro que la independencia del Banco Central ha sido establecida, precisamente, para separar todo lo que es la pol√≠tica monetaria de la pol√≠tica fiscal. Cuando se mezcla una con la otra empiezan los problemas; y en el pasado inmediato de la Argentina hemos tenido m√ļltiples problemas de este tipo como para no aprender la lecci√≥n. Ac√° se est√° modificando este art√≠culo y se est√° estableciendo un aumento en los adelantos del Banco Central al Tesoro. Concretamente, ese incremento es del 12 por ciento de la base monetaria, que es una suma importante: son alrededor de 4.800 millones de pesos, o sea, casi 5 mil millones. Es una suma significativa. Imaginemos que aqu√≠ estamos diciendo que todo el dinero que queda en el corral√≥n son 7 mil millones, por lo cual nos debemos dar cuenta de la magnitud de esta cifra. En reuni√≥n de comisi√≥n los funcionarios del Ministerio de Econom√≠a han dicho que la raz√≥n de esta modificaci√≥n es para poder hacer frente a desfases que se producen en los pagos a organismos internacionales de cr√©dito. Es decir, se pueden dar situaciones en las que haya que pagar una suma para cumplir una obligaci√≥n y donde existe el compromiso de ese organismo internacional de cr√©dito de devolver luego ese importe una vez que se ha demostrado voluntad de pago cumpliendo con la obligaci√≥n. Frente a ello, hemos pedido en comisi√≥n que eso se explicite en el art√≠culo; o sea, que eso ser√° para el caso de que se genere necesidad de efectuar una erogaci√≥n de tales caracter√≠sticas. Pero resulta que esa observaci√≥n no ha sido recogida en el texto del proyecto, por cuanto no figura en el art√≠culo 20 del dictamen de comisi√≥n. Ac√°, simplemente, figura la posibilidad de un aumento de los adelantos transitorios que, francamente, es una disposici√≥n que no nos parece saludable dentro de lo que debe ser una pol√≠tica de Estado permanente en cuanto a diferenciar la pol√≠tica monetaria de la fiscal. La tercera observaci√≥n es la siguiente: el inciso a) del art√≠culo 16 del proyecto de ley a partir de ahora le permite al Directorio del Banco Central otorgar asistencia por motivos de solvencia a las entidades financieras. Pero sucede que los redescuentos est√°n hechos para atender problemas de iliquidez y no problemas de solvencia de las entidades En efecto, cuando las entidades financieras tienen problemas de solvencia el camino es otro: los accionistas tendr√°n que capitalizar esa entidad o, eventualmente, deber√°n recurrir a SEDESA que tiene facultad incluso para hacer aportes de capital. En definitiva, el dinero del Banco Central es de la gente y prest√°rselo a entidades con problemas de solvencia y que no tienen suficiente capacidad patrimonial no parece precisamente algo aconsejable. Cuarta observaci√≥n. El art√≠culo 16 en su inciso b) le permite al Directorio del Banco Central autorizar la integraci√≥n de los requisitos de reserva -o sea, los encajes- con otros activos financieros distintos de los previstos en el art√≠culo 28 de la ley. ¬ŅY qu√© dice el art√≠culo 28 de la Carta Org√°nica del Banco Central? Dice que la integraci√≥n de los requisitos de reserva no podr√° constituirse sino en dinero en efectivo o en dep√≥sitos vista en el Banco Central o en cuenta de divisas. Es decir, los encajes hay que hacerlos en efectivo, porque es el resguardo de liquidez que tiene la entidad financiera. Y, al respecto, ya vivimos la experiencia de Cavallo de constituir el encaje de los bancos con t√≠tulos p√ļblicos afectando la solvencia del sistema. Dig√°moslo tambi√©n con claridad, cuando a principios del a√Īo pasado modificamos la Carta Org√°nica del Banco Central sali√≥ un texto que posibilitaba tomar a cuenta de los encajes t√≠tulos p√ļblicos valuados a precio de mercado. Pero el Poder Ejecutivo observ√≥ ese art√≠culo mediante el decreto de promulgaci√≥n 248, en cuyos considerandos el anterior gobierno dijo que en atenci√≥n al car√°cter de reserva de liquidez que presentan los encajes se estima razonable observar la posibilidad de su integraci√≥n con t√≠tulos p√ļblicos valuados a precio de mercado en la proporci√≥n que fije el Banco Central de la Rep√ļblica Argentina. Es decir, constituir con otros activos financieros los requisitos de reserva es una pr√°ctica que atenta contra la liquidez del sistema y el resguardo que deben tener los bancos frente a eventuales corridas. Vale decir, esta es claramente una norma que pone en juego la liquidez del sistema y representa adem√°s un riesgo para los ahorristas y depositantes, respecto de los cuales tenemos precisamente que recuperar su confianza para que los dep√≥sitos vuelvan a los bancos La quinta y √ļltima observaci√≥n se refiere al tema de las cuasi monedas. El art√≠culo que se inserta en el dictamen de comisi√≥n no presenta ninguna novedad, porque es lo que todos ya sabemos, lo que dice la Constituci√≥n y la ley: no se pueden emitir cuasi monedas. Digamos con franqueza: reiterar una prohibici√≥n es algo que carece mayormente de sentido. Si queremos hacer algo en serio, pong√°mosle una sanci√≥n a los que emiten cuasi monedas. As√≠, digamos que quienes emitan cuasi monedas, por ejemplo, estar√°n incursos en la figura penal del incumplimiento de los deberes de funcionario p√ļblico. Entonces, s√≠ vamos a poder garantizar el cumplimiento de la Constituci√≥n y de la ley. Aqu√≠ se hace una descripci√≥n de lo que debe entenderse por cuasi moneda, que francamente es muy pobre. En este sentido, la jurisprudencia ha sido mucho m√°s certera en la descripci√≥n de las cuasi monedas; y esto es antiguo porque el tema de las cuasi monedas es un asunto viejo en nuestro pa√≠s. Recuerdo que ya en 1907 Figueroa Alcorta tuvo que dictar un decreto intimando a las provincias que emit√≠an cuasimonedas. Y, al respecto, en la jurisprudencia se encuentran varios casos. Por ejemplo, el que lleg√≥ a la Corte, "Vi√Īales c/ Provincia de Jujuy", de 1927, que cuenta con una descripci√≥n mucho m√°s clara de estos medios de pago, en donde se establece que: "La emisi√≥n de t√≠tulos realizada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy... dadas las apariencias y caracteres extr√≠nsecos de billete fiduciario con que han sido emitidos, determinados por la forma, dimensi√≥n, escaso valor representativo, tipo y colorido de impresi√≥n y dem√°s caracter√≠sticas de dichos valores, visiblemente destinados a realizar funciones de medio circulante con actuaci√≥n de papel moneda en el movimiento general de las transacciones de toda especie... es contraria a la Constituci√≥n Nacional". Esta es una definici√≥n mucho m√°s completa de lo que son las cuasimonedas. Por todas estas razones que he tratado de resumir en sus aspectos m√°s salientes, comparto como razonables las modificaciones a la ley de entidades financieras. Pero me parece que "tocar" la Carta Org√°nica del Banco Central es francamente un camino desacertado, tanto porque hay aspectos que hacen a la independencia del Banco Central -que se le est√° debilitando- como muchos otros que entiendo que no cumplen precisamente con el objetivo que debemos lograr, que es hacer m√°s s√≥lido el sistema financiero y recuperar la confianza de los depositantes y ahorristas.

 

Sr. G√≥mez Diez. - Deseo formular cuatro breves inquietudes. 
El se√Īor jefe de Gabinete ha hecho menci√≥n al plan de obras p√ļblicas a ejecutar por el actual gobierno nacional y, en forma particular, ha hecho hincapi√© en la terminaci√≥n de unidades habitacionales que est√°n inconclusas a lo largo y a lo ancho del pa√≠s. Seguramente ello se ha debido a que en este aspecto se han desviado de su finalidad original recursos del FONAVI que han terminado financiando gastos corrientes de las diferentes jurisdicciones provinciales. Creo que esta es una tarea muy importante porque, como se ha hecho menci√≥n, permitir√≠a finalizar 20 mil viviendas. 
Pero en esta l√≠nea de terminar lo inconcluso, quisiera pedirle al se√Īor jefe de Gabinete que se considere de manera especial la terminaci√≥n de diversas obras viales que, a lo largo y a lo ancho del pa√≠s, hay abandonadas por la Direcci√≥n Nacional de Vialidad y que, con un esfuerzo relativamente reducido frente a la magnitud de la inversi√≥n general para esas obras, pueden terminarse con un notable beneficio para las diversas producciones regionales. Se trata de obras de infraestructura que, en general, facilitan el transporte de mercader√≠as y de la producci√≥n de nuestras provincias. 
A t√≠tulo de ejemplo, quiero mencionar el caso en la ruta 34 en el tramo Antilla-Rosario de la Frontera, jurisdicci√≥n de la provincia de Salta, que posibilitar√≠a acortar distancia hacia las principales concentraciones urbanas del sur de nuestro pa√≠s, transportando nuestra producci√≥n regional. Creo que ser√≠a muy importante poder terminar esas obras para que puedan ser inauguradas y prestar servicio. 
La segunda cuesti√≥n est√° referida al tema del PAMI. Comparto la inquietud que aqu√≠ ha expuesto el senador Baglini. En un t√©rmino r√©cord de cuarenta y ocho horas el Congreso sancion√≥ el proyecto de ley que hab√≠a requerido el Poder Ejecutivo nacional. Pero creo que todos queremos conocer, m√°s all√° de la coyuntura, la pol√≠tica de fondo respecto del PAMI, que defina en su momento -si es que todav√≠a no la ha definido- el Estado nacional, puesto que creo que muchos tenemos la sensaci√≥n de que estamos frente a un modelo prestacional agotado. Entonces es bueno definir en esto el rumbo que se va a seguir. 
La tercera cuesti√≥n est√° relacionada con nuestras econom√≠as regionales. En este sentido, quiero pedirle al se√Īor jefe de Gabinete que le transmita al ministro de Trabajo de la Naci√≥n la inquietud que existe en muchas provincias, en orden a la reuni√≥n de las comisiones paritarias regionales de trabajo rural para poder definir las condiciones del mismo y actualizar todo lo que se refiere a remuneraciones, considerando las diversas particularidades regionales. Evidentemente, no todas las regiones tienen las mismas necesidades: es distinto lo que pasa en la Pampa H√ļmeda de lo que ocurre en el Norte o en la Mesopotamia. 
Y como tenemos noticias de que se est√°n tomando medidas que comprenden a todo el pa√≠s, desconociendo estas diferentes caracter√≠sticas de las econom√≠as regionales, es que consideramos importante que estas comisiones paritarias regionales se puedan reunir. 
La cuarta y √ļltima cuesti√≥n est√° relacionada con la visita del director gerente del Fondo Monetario. Creo que ser√≠a muy importante que el se√Īor jefe de Gabinete nos pudiera ilustrar acerca del contenido de las conversaciones; b√°sicamente, del resultado de las mismas y de los pasos inmediatos que va a dar el gobierno nacional; pasos que, sin duda, todos miramos con mucha expectativa. Porque aqu√≠ tambi√©n va a ser necesario tomar decisiones relacionadas con la elaboraci√≥n del presupuesto nacional para el a√Īo pr√≥ximo. Dada la altura del a√Īo hay que comenzar a elaborarlo y a definirlo para luego remitirlo al Congreso de la Naci√≥n.

Sr. Presidente (Gioja). -- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Pido que por Secretar√≠a se lea el texto del art√≠culo tal como ha sido propuesto, para luego solicitar una peque√Īa modificaci√≥n, sobre la cual he estado hablando con la presidenta de la Comisi√≥n y con el autor de la moci√≥n, el se√Īor senador Yoma. 
Sr. Presidente (Gioja). -- Por Secretar√≠a se dar√° lectura. 
Sr. Secretario (Estrada). --(Lee:) "El requisito del tiempo m√≠nimo en el grado no ser√° exigible respecto de los oficiales superiores que sean nombrados para ocupar los cargos de jefe del Estado Mayor del Ej√©rcito, jefe del Estado Mayor General de la Armada y jefe del Estado Mayor General de la Fuerza A√©rea." 
Sr. Presidente (Gioja). -- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor presidente: la modificaci√≥n de la que est√°bamos hablando con los senadores Fern√°ndez de Kirchner y Yoma, consistir√≠a --al objeto de una mayor precisi√≥n-- en agregar a continuaci√≥n del requisito de tiempo m√≠nimo la expresi√≥n "para ser promovido al grado inmediato superior". Luego continuar√≠a el texto del art√≠culo tal como estaba redactado. 
De esa forma le dar√≠amos mayor precisi√≥n a la expresi√≥n "tiempo m√≠nimo", ya que se aclara que es para ser promovido al grado inmediato subsiguiente. 
Sr. Presidente (Gioja). -- Consideraremos esa modificación cuando entremos al tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Gioja). -- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor presidente: desde el Interbloque Federal queremos agradecer y destacar la presencia en este recinto de las autoridades de la Asociaci√≥n Argentina de Derecho Constitucional, los doctores Hern√°ndez, Dalla V√≠a y Garc√≠a Lema. La Asociaci√≥n es verdaderamente una entidad que prestigia a nuestro pa√≠s y que re√ļne a todos los estudiosos del derecho constitucional. 
Rendir homenaje a la Constituci√≥n de 1853 es hacerlo respecto de la generaci√≥n que organiz√≥ la Patria y la Rep√ļblica. Hace ciento cincuenta a√Īos se redact√≥ nuestra Constituci√≥n que tuvo, principalmente, tres grandes fuentes: el proyecto de constituci√≥n que hab√≠a elaborado Juan Bautista Alberdi, el trabajo de comisi√≥n que tuvo como redactor a Jos√© Benjam√≠n Gorostiaga y el modelo de la Constituci√≥n de los Estados Unidos que era la gran democracia federada de su tiempo. 
Los constituyentes, al igual que hoy nosotros, pensaban que la Argentina era un gran pa√≠s, que ten√≠a todas las condiciones para tener un destino promisorio. Cre√≠an con acierto que hab√≠a que dejar atr√°s un pasado de violencia y de desorganizaci√≥n, que hab√≠a que organizar el estado de derecho como requisito para generar el crecimiento y as√≠ lo hicieron. Establecieron los derechos de los ciudadanos, organizaron el gobierno y, adem√°s --esta es una caracter√≠stica peculiar de nuestra Constituci√≥n--, establecieron tambi√©n un programa en base al cual la Argentina creci√≥ y se desarroll√≥. 
Dicho programa fue muy claro, abierto y represent√≥ un gran acierto que le posibilit√≥ al pa√≠s crecer durante d√©cadas; y estaba basado en ideas muy expl√≠citas que figuran en la Constituci√≥n. Es decir, para un pa√≠s vac√≠o se fomentaba la inmigraci√≥n y para un pa√≠s extenso, los ferrocarriles y las v√≠as de comunicaci√≥n. Por otra parte, propiciaba la educaci√≥n para todos: el progreso ven√≠a de su mano y, adem√°s, era lo que iba a traer convivencia y paz al pa√≠s, as√≠ como la industrializaci√≥n --seg√ļn dice el texto constitucional-- y las inversiones, que eran el modo de financiar el progreso, el desarrollo y el crecimiento, en el lenguaje de nuestros d√≠as. 
Bajo este gran molde de la racionalidad de su tiempo, la Argentina creci√≥. Sesenta a√Īos despu√©s --en el centenario de la Revoluci√≥n de Mayo, en 1910-- el producto bruto interno de nuestro pa√≠s era m√°s del 40 por ciento del de Am√©rica latina; hoy, es el 9 por ciento. 
Digo esto porque considero que en estos tiempos dif√≠ciles de la vida de la Patria es cuando uno fundamentalmente tiene que volver a las ra√≠ces, a nuestros propios or√≠genes, a nuestra historia y tomar el ejemplo y la lecci√≥n de esta generaci√≥n, que tuvo una extraordinaria lucidez en el momento de organizar la Naci√≥n. 
Tenemos la gran responsabilidad de reconstruir en la Argentina el espacio de la racionalidad, la misma que le permiti√≥ alg√ļn d√≠a crecer y ser un gran pa√≠s. Debemos construir el molde de la racionalidad del Siglo XXI. 
La Argentina es un pa√≠s en el que, si somos capaces de garantizar la seguridad jur√≠dica, el respeto irrestricto de la Constituci√≥n y de la ley, asegurar una institucionalidad seria y firme, demostrar que las instituciones est√°n por encima de los hombres, garantizar la seguridad personal, una Justicia independiente y eficaz en proteger los derechos de los ciudadanos, si somos capaces de recuperar para la vida p√ļblica los valores de la austeridad, de la ejemplaridad, de la transparencia y podemos construir instituciones econ√≥micas s√≥lidas, que perdimos hace d√©cadas y fueron en su momento tambi√©n la base de per√≠odos de prosperidad --como reglas sencillas que hoy imperan en los pa√≠ses exitosos del mundo: el equilibrio presupuestario, la prolijidad en el manejo de las cuentas p√ļblicas y pol√≠ticas monetarias sanas--, con estas condiciones, la Argentina tiene que crecer. 
Por eso, al cumplirse el sesquicentenario de la Constituci√≥n de 1853, tan significativo por cierto, quisiera que el ejemplo de la generaci√≥n que organiz√≥ a la Patria nos ilumine a todos, para poder reencontrarnos en el camino de la racionalidad que alg√ļn d√≠a hizo grande a esta Naci√≥n. (Aplausos).

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Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- Tiene la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Se√Īor presidente, se√Īores senadores: el dictamen de la Comisi√≥n de Asuntos Constitucionales trata con absoluta precisi√≥n y objetividad los sucesos acontecidos en la provincia de Catamarca. Analiza en detalle la prueba y establece la conexi√≥n existente entre los dichos y las amenazas formuladas por el senador Barrionuevo y los hechos que luego motivaron la suspensi√≥n del acto eleccionario en esa provincia, en un dictamen prolijo y concluyente que trata exhaustivamente todo los aspectos de esta cuesti√≥n. 
Claramente el senador Barrionuevo no re√ļne el requisito de residencia que se√Īala la Constituci√≥n de la provincia de Catamarca. Pero el senador Barrionuevo, en lugar de actuar como en su momento lo hizo el doctor Ram√≥n Castillo --ex presidente de la Naci√≥n y distinguido comercialista, que rechaza la posibilidad de su candidatura a gobernador de su provincia por no reunir el requisito constitucional de residencia, como bien se describe en el dictamen--, dise√Īa y ejecuta toda una estrategia destinada a impedir el acto electoral en la provincia de Catamarca. 
Y para esto act√ļa concretamente en tres frentes diferentes. En el aspecto partidario, √©l dijo con claridad que si no llegaba √©l, no llegaba nadie. Dijo luego: "Se acabaron los traidores y voy a ser el primero en expulsarlos". Mensaje clar√≠simo, ac√° no hay boleta electoral. El Tribunal Electoral en la provincia de Catamarca hab√≠a oficializado todas las candidaturas, excepto, l√≥gicamente, la candidatura a gobernador. ¬ŅPor qu√©? Porque mediaba la inhabilidad constitucional. Entonces, oficializa todas las candidaturas, hace la observaci√≥n en el cargo de gobernador, intima a que se reemplace el candidato y el candidato no es reemplazado. En consecuencia, no hay presentaci√≥n de boleta en legal forma. ¬ŅPor qu√©? Porque la estrategia era clara. 
Sr. Cafiero. -- Faltaba el fallo de la Corte. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Le concedo una interrupci√≥n, senador. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- ¬°Por favor, dir√≠janse a la Presidencia! 
Para una interrupci√≥n tiene la palabra el se√Īor senador Cafiero. 
Sr. Cafiero. -- Usted omite decir que al momento de la elecci√≥n hab√≠a una apelaci√≥n no s√≥lo ante el Supremo Tribunal de Catamarca sino ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n que no estaba resuelta; ergo, no estaba inhabilitado el senador Barrionuevo para ser candidato. Esta es la verdad jur√≠dica. 
Sr. Presidente (L√≥pez Arias). -- Contin√ļa en el uso de la palabra el se√Īor senador G√≥mez Diez. 
Sr. G√≥mez Diez. -- Contin√ļo en el uso de la palabra porque en parte de mi explicaci√≥n voy a tratar el tema judicial, sin duda. 
Entonces, est√° claro el tema. Dentro de lo que es el frente partidario la estrategia es la no presentaci√≥n de boletas del Partido Justicialista. 
En el aspecto judicial al cual se acaba de referir el senador Cafiero es clara tambi√©n la estrategia. Se trata de enmara√Īar la elecci√≥n en todos los frentes: en el Tribunal Electoral de la provincia, en la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n y hasta en el Juzgado Federal. Pero tambi√©n --dig√°moslo con claridad-- esta no es una cuesti√≥n que admita duda alguna. Doce constituciones de provincia tienen el requisito de residencia. Es un requisito habitual el de la residencia. La mayor parte de las constituciones provinciales lo tienen. Es un requisito razonable. No est√° en juego ac√° ninguna disposici√≥n de la Constituci√≥n Nacional. En consecuencia, este no es un caso federal. 
En consecuencia, esta estrategia de enmara√Īar la elecci√≥n en materia judicial l√≥gicamente no funciona ni va a funcionar. No existe la menor posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Naci√≥n falle de una manera distinta. Este es un tema de derecho p√ļblico provincial. Ac√° no est√° en juego ning√ļn art√≠culo de la Constituci√≥n Nacional que habilite la jurisdicci√≥n federal. 
El que s√≠ merece un p√°rrafo es el doctor Ricardo Antonio Moreno, juez federal ad hoc en la provincia de Catamarca, cuyo proceder es realmente ins√≥lito. Este doctor Moreno firma una solicitada de apoyo al senador Barrionuevo y luego interviene en el tema de las elecciones de Catamarca sin excusarse, cuando adem√°s lo deber√≠a haber hecho por razones de parentesco con el vicepresidente del Partido Justicialista de esa provincia. 
El tercer frente de esta estrategia del senador Barrionuevo es el comunicacional: o sea, salir con el tema de que se est√° proscribiendo al Partido Justicialista y, entonces, todo lo que pas√≥ se justifica porque hay una proscripci√≥n. Pero ocurre que ac√° no hay ninguna proscripci√≥n. El dictamen es clar√≠simo en este punto. El senador Barrionuevo desarrolla toda esta estrategia partiendo de la base de que es posible torcer las disposiciones de la Constituci√≥n de la provincia de Catamarca y hacerse una a su medida, sin requisito de residencia. 
¬°Y para qu√© hablar de todo este espect√°culo dantesco de urnas quemadas, destruidas, amenazas a votantes, quemas de cubiertas y alguna bomba Molotov por ah√≠! Ahora bien, si uno quiere resumir esto en dos l√≠neas puede decir que hab√≠a novecientas urnas. De esas novecientas urnas, trescientos treinta terminan destruidas o robadas y doscientos veinte con destrucci√≥n parcial. En consecuencia, el 60 por ciento de las urnas est√°n robadas, o tienen destrucci√≥n total o parcial. Esto es lo que pas√≥ en Catamarca. 
Ahora bien; tenemos la responsabilidad de tratar este dictamen de comisi√≥n que, me permito se√Īalar, est√° firmado por se√Īoras senadoras y se√Īores senadores de diferentes sectores pol√≠ticos, lo cual es positivo en el sentido de que esto habla de una coincidencia en un tema de car√°cter institucional, m√°s all√° del origen pol√≠tico de cada uno. 
El dictamen en mayor√≠a est√° firmado por integrantes de las bancadas justicialista, radical, del Frente Grande y de los partidos provinciales, todo lo cual demuestra que esta clase de temas deben ser tratados de esta manera, m√°s all√° del origen de la camiseta partidaria de cada uno. Adem√°s, eso no es lo que est√° en juego. Las que s√≠ est√°n en juego, en definitiva, son las instituciones de la Rep√ļblica, sobre todo en un momento muy particular y muy dif√≠cil, con una fuerte crisis de representatividad. 
M√°s all√° de los aparatos y del clientelismo al orden del d√≠a en un pa√≠s empobrecido, ac√° hay un gran divorcio entre la dirigencia y la sociedad. Un divorcio que nosotros debemos zanjar. Y, en nuestro caso, en nuestro car√°cter de senadores de la Naci√≥n, lo debemos hacer dando a la sociedad un mensaje muy claro. El mensaje de que el Senado que nosotros integramos, electo por primera vez en su historia por el voto popular, no es el viejo Senado; es un cuerpo distinto. 
Si uno quisiera poner un ejemplo paradigm√°tico, les dir√≠a que este no es el Senado de Cantarero, ex senador con el cual algunos colegas han compartido la banca. Yo tambi√©n tuve ocasi√≥n de compartir una banca con Cantarero: fue en la C√°mara de Diputados de mi provincia, en el momento en que aparecieron las cintas magnetof√≥nicas que conten√≠an las conversaciones telef√≥nicas entre el entonces diputado Cantarero, el presidente de la Corte de Justicia de mi provincia y un juez de la Corte en momentos en que all√≠ se manejaban juicios por sumas de dinero. ¬ŅSaben c√≥mo termin√≥ esa historia? Fue tambi√©n la historia de la corporaci√≥n pol√≠tica, con un bloque justicialista actuando corporativamente. 
Esa actitud fue la que permiti√≥ que alg√ļn d√≠a el contador Cantarero llegara a esta misma sala. Esa misma actitud fue la que hizo que quien fuera presidente de la Corte de Justicia hoy ocupe un prominente cargo en mi provincia y el otro juez de la Corte, el doctor Restom Abraham, apareciera un d√≠a asesinado en su domicilio. 
Esa es la Argentina que hay que dejar atr√°s, y eso corresponde a nuestra responsabilidad. 
Es un tiempo dif√≠cil, de profundos descreimientos y desesperanzas en la sociedad argentina. 
¬ŅQu√© mensaje les vamos a mandar a nuestros compatriotas? ¬ŅQu√© mensaje les vamos a dar a los j√≥venes? 
Dig√°moslo con franqueza: cu√°ntas veces, en el ejercicio de nuestra actividad pol√≠tica, hablamos con los j√≥venes. ¬°Cu√°nta indiferencia por la pol√≠tica! Por qu√© no decirlo: con cu√°nto desprecio miran la actividad pol√≠tica. 
Qu√© triste espect√°culo lo que vemos porque, en definitiva, en democracia, las cosas s√≥lo se cambian votando. Entonces, cu√°nto necesitamos de la participaci√≥n de todos y de la participaci√≥n de estos j√≥venes. 
Hoy la responsabilidad es nuestra; es nuestra responsabilidad mandarle un mensaje claro a la sociedad, a esos j√≥venes. Esta no es una cuesti√≥n de forma de ser, de que se act√ļe arriesgadamente, al l√≠mite, o de un exceso. No puede nunca ser un exceso evitar una elecci√≥n. Tampoco creo que sea un acto ind√≥mito no respetar la Constituci√≥n en un punto tan claro como este.
Creo, se√Īores senadores, que tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos en las v√≠speras y faltan algo m√°s de treinta d√≠as para las elecciones generales. Van a ser elecciones re√Īidas; vamos a tener votaciones parejas. La elecci√≥n se va a definir en una segunda vuelta electoral. El mensaje de que todos acatamos las reglas de juego debe ser claro, porque van a ser tiempos inciertos. Hay que definir tambi√©n los mecanismos de la segunda vuelta, que no est√°n claros. Cuidemos pues, entre todos, las instituciones de la Rep√ļblica y demostremos claramente que este primer Senado de la historia electo por el voto popular, por el voto de la gente, es un Senado distinto.

Sr. G√≥mez Diez. - Se√Īor presidente: present√© un proyecto de resoluci√≥n junto con los se√Īores senadorse Walter y Sapag, pidiendo la exclusi√≥n del senador Barrionuevo de este cuerpo, por considerar que se encuentra incurso en el art√≠culo 66 de la Constituci√≥n Nacional, que prev√© la separaci√≥n del cuerpo por causales de indignidad. 
El se√Īor senador Barrionuevo ha violado la Constituci√≥n de la Naci√≥n, la Constituci√≥n de la provincia de Catamarca y las leyes de la Rep√ļblica. 
El manifest√≥ con claridad que si no pod√≠a ser candidato en la provincia de Catamarca, nadie iba a poder votar. Y consum√≥ su amenaza. 
Se obstaculiz√≥ el comicio y se robaron e incendiaron urnas en un espect√°culo dantesco que enlut√≥ a la Rep√ļblica toda. 
Cuando decimos que viol√≥ la Constituci√≥n Nacional, se√Īalo con claridad que nuestra Carta Magna, en sus art√≠culos 5E y 122, establece que cada provincia se dicta su propia Constituci√≥n, y que el gobierno nacional garantiza que cada una de ellas se rija por sus propias instituciones. 
La Constituci√≥n de la provincia de Catamarca establece en el art√≠culo 131, inciso 5), que para ser candidato a gobernador se necesita una residencia inmediata de cuatro a√Īos en la provincia para los nativos de ella, y de diez a√Īos para los que no lo fueren.
Cabe preguntarnos si esta disposici√≥n constitucional es una rareza entre las provincias argentinas, o es una cl√°usula com√ļn a diversas Constituciones de nuestro Estado federal. 
Doce Constituciones provinciales establecen requisitos de residencia para los ciudadanos nativos de ella. Establecen estos requisitos las Constituciones de Salta, Catamarca, San Luis, C√≥rdoba, Chubut, Tierra del Fuego, Tucum√°n, La Rioja, La Pampa, San Juan, Santiago del Estero y Neuqu√©n. 
El requisito de la residencia es pues una cl√°usula habitual en el derecho p√ļblico provincial, y conlleva un ejercicio razonable de las facultades y de las autonom√≠as que tienen cada una de las provincias argentinas. 
Y est√° claro que en nuestro pa√≠s no existen Constituciones "a medida". Cada uno de nosotros debe acatar la Constituci√≥n de la Naci√≥n y la Constituci√≥n de cada provincia. 
Adem√°s, se han violado las leyes de la Rep√ļblica. Los actos que se han cometido claramente encuadran en el delito de sedici√≥n que est√° contemplado en el C√≥digo Penal de nuestra Rep√ļblica en los art√≠culos 229 y 230. 
En una circunstancia dif√≠cil de la vida de la Argentina, a nuestro juicio, el mensaje que debe partir del Senado tiene que ser claro y contundente. Si cada uno de los argentinos est√° obligado a respetar la Constituci√≥n y la ley, ¬°cu√°nto m√°s est√° obligado quien tiene el honor de ser senador de la Naci√≥n! 
Yo s√©, sin duda, que en una sociedad en crisis, donde hay una suerte de anomia instalada en muchos compatriotas, en reiteradas ocasiones se tiende a mirar a la Constituci√≥n y a la ley no como una regla de convivencia sino como un obst√°culo a sortear o a eludir. Pero la Argentina s√≥lo puede encarar su reconstrucci√≥n siendo un pa√≠s previsible, un pa√≠s con certidumbre, una Naci√≥n con reglas claras. Y la certidumbre y las reglas comienzan por la Constituci√≥n y siguen en el respeto a la ley. 
Reci√©n, cuando escuchaba a un senador preopinante, me preguntaba lo siguiente: ¬Ņes Catamarca una sociedad peculiar? ¬ŅEs Catamarca, entre las provincias argentinas, el reflejo de algo especial de caracter√≠sticas feudales? ¬ŅEs Catamarca Macondo? ¬ŅO hay muchos Macondos dentro de nuestra realidad? ¬ŅPor qu√© no preguntarnos si la decadencia en la cual est√° la Rep√ļblica no se ha trasladado tambi√©n al terreno de las instituciones? Esto necesita de una reflexi√≥n profunda por parte de todos, porque no son las antinomias del pasado, no son los viejos fantasmas. Tal vez -dir√≠a- si lo fueran ser√≠a mucho m√°s sencillo aventarlos. Creo que nos pasa, lamentablemente, algo m√°s. Y en esto no quiero volver a los viejos tiempos, sino a nuestra historia m√°s reciente, a nuestra propia historia, la que hemos visto sentados desde estas mismas bancas. No olvidemos que en diciembre de 2001, a pocos d√≠as de haber nosotros jurado, el ex presidente Fernando de la R√ļa renunciaba a su cargo. Sin duda podr√° haber opiniones diversas, podremos hacer distintas consideraciones acerca de la eficacia de su gesti√≥n de gobierno, podremos rememorar a aquellos ahorristas que hac√≠an sonar sus cacerolas, pero no nos olvidemos que ac√° hubo violencia, que salieron los violentos a la calle. El Congreso estuvo rodeado por la violencia. No olvidemos que las puertas de acceso a este Palacio fueron violentadas una madrugada, que se incendiaron muebles, que este edificio estuvo en riesgo. No lo olvidemos, porque es nuestra responsabilidad mantener las instituciones en pie. 
No olvidemos que ac√°, en estas bancas, faltan senadores. Por ejemplo, falta el senador por la minor√≠a nada menos que por la Capital Federal, porque las instituciones de la Rep√ļblica han sido incapaces en un a√Īo y medio de determinar qui√©n debe ocupar esa banca. 
No olvidemos que un gobernador de provincia recientemente electo en su cargo por el voto popular dur√≥ en el ejercicio de su funci√≥n veintitr√©s d√≠as y que este fin de semana ped√≠a protecci√≥n, a trav√©s de los medios de comunicaci√≥n social, porque teme por su seguridad. 
No olvidemos que la democracia se defiende todos los d√≠as; y que frente a todos estos sucesos todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar su calidad. 
No olvidemos que vivimos una fragmentaci√≥n in√©dita en la pol√≠tica argentina, que estallaron 60 a√Īos de bipartidismo, que fuerzas pol√≠ticas importantes de la Argentina no han podido ejercitar la democracia interna porque no se aceptan las reglas de juego de la democracia. Y, se√Īores senadores: ¬Ņsi no hay aceptaci√≥n de las reglas de juego de la democracia interna, se aceptar√°n las reglas de juego del pr√≥ximo comicio dentro de 50 d√≠as? Pueden ser elecciones re√Īidas las de la Rep√ļblica. Si no hay aceptaci√≥n de las reglas de juego, si no hay respeto de la Constituci√≥n y de la ley, sin duda que nos esperan d√≠as muy dif√≠ciles. 
Por eso, con absoluta honestidad, creo que no es tiempo de tibiezas. Quien tenga una actitud tibia terminar√° siendo c√≥mplice de la situaci√≥n que se ha vivido en Catamarca y que muchos queremos evitar en la Rep√ļblica. 
No olvidemos que millones de argentinos siguen diciendo "que se vayan todos". 
Por eso, se√Īor presidente, creo que es tiempo de entender el estado de √°nimo de la gente; es tiempo de cambiar; es tiempo de no esconder bajo la alfombra los problemas; es tiempo de actuar. Esa es nuestra responsabilidad. Que Dios nos ilumine en el ejercicio de esa responsabilidad, porque si no, sin duda, vamos a vivir d√≠as muy aciagos en la Rep√ļblica. 
Pero est√° claro: el ejercicio de la responsabilidad que nos corresponde en este tiempo dif√≠cil comienza mirando la realidad y escuchando a la gente; algo que ha perdido una gran parte de la dirigencia de la Argentina y que se debe recuperar por el bien de la Rep√ļblica.